El Gobierno de Uruguay rescinde el contrato de las patrulleras con Cardama por "incumplimientos contractuales graves" Infobae
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha anunciado que su Gobierno ha rescindido el contrato para la construcción de dos patrulleras firmado con el astillero vigués Cardama por "incumplimientos contractuales graves".
Así lo ha señalado este viernes el máximo mandatario uruguayo en una conferencia ante los medios de comunicación, donde ha dicho que su Ejecutivo iniciará acciones judiciales contra la empresa gallega por "daños y perjuicios".
Orsi ha expuesto su versión de lo ocurrido, explicando que el Gobierno uruguayo tuvo conocimiento de estos "incumplimientos" cuando se procedió a renovar la garantía de fiel cumplimiento necesaria. "Nos encontramos que esa garantía no existía o peor aún, era un documento falso", ha apostillado.
A partir de ahí, se comenzó una investigación, encontrando también irregularidades en otra de las garantías, la de reembolso.
Para el presidente, estas dos garantías eran "elementos sustanciales" para que el contrato entrase en vigor y, sin embargo, no eran válidas.
"Después de recorrer este camino y ofrecerla a la empresa la oportunidad de resolver y caminar juntos, llegado este momento decidimos iniciar cuatro acciones: la primera, rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves con la empresa Cardama e iniciar acciones por daños y perjuicios", ha dicho Orsi.
RESPONSABILIDADES
Además, el Gobierno de Uruguay realizará acciones para recuperar el patrimonio del Estado y para definir responsabilidades institucionales e individuales. Por último, tratará de adquirir las patrulleras oceánicas necesarias para su flota.
Y es que cabe recordar que este contrato suponía la construcción de dos patrulleras de vigilancia oceánicas tipo OPV ("offshore patrol vessel") por alrededor de 82 millones de euros. Fue el pasado mes de octubre cuando Uruguay anunció que rescindiría el contrato al hallar "fuertes indicios de fraude o estafa al Estado".
Esta semana el Gobierno sudamericano tenía que decidir si rescindir el contrato o, por el contrario, activar un nuevo pago a Cardama para que continuase con la fabricación de los buques. Finalmente, optó por la primera de las opciones.
Por su parte, fuentes de Cardama han lamentado la situación, indicando que se ha procedido de "manera muy incorrecta", por lo que estudiarán "los caminos a seguir".
"Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora, de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie. Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón", sentencian desde la empresa.
