Rafael López Aliaga afirma que el Estado no debe intervenir ante embarazos de menores víctimas de violación Infobae
Cada día, doce niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas en el Perú, la inmensa mayoría como resultado de abusos sexuales sistemáticos. Entre los años 2022 y 2024, se han registrado más de cuatro mil nacimientos en este rango de edad, según revela la UNFPA. Bajo este marco de vulnerabilidad extrema en nuestro país, se le consultó al candidato presidencial y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sobre cuál sería su política pública para atender esta realidad en un eventual gobierno.
En entrevista con TV Perú, el exalcalde de Lima sostuvo que el Estado no debe intervenir en las decisiones derivadas de estos casos. “La política de Renovación es respetar lo que es la creencia de la familia. El Estado no se mete en decisiones tan delicadas donde están en juego vidas humanas. Aquí lo que decida la familia es lo que se va a hacer”, afirmó.
Insistió en que “cada familia será responsable de lo que hace o no hace”, apelando a convicciones morales por encima de los protocolos de salud pública a los que deben responder nuestras autoridades en aras de velar por el bienestar de todos los peruanos.
Sin embargo, esta supuesta intención de no intervenir desde el Estado se contradice con sus propias propuestas de campaña, como la de otorgar un DNI para el concebido. Según López Aliaga, los niños son ciudadanos “desde el vientre de la madre”, una medida que buscaría personificar jurídicamente al feto desde la concepción, lo que implicaría una intervención directa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el seguimiento de cada embarazo en el país.
Un historial legislativo de su bancada
La postura de que el Estado “no tiene por qué intervenir” ante la situación de menores víctimas de violación contrasta con la intensa agenda sobre sexualidad e infancia que su partido ha impulsado en el Congreso. Los legisladores de Renovación Popular han sido los principales promotores de normativas que buscan, precisamente, que el Estado legisle sobre la vida privada y la formación de los menores.
Uno de los pilares de esta agenda fue la ley impulsada por Esdras Medina que otorga a las organizaciones de padres el poder de vetar y revisar contenidos de materiales educativos sobre educación sexual e historia. A esto se suma la ley aprobada por insistencia, promovida por Milagros Jáuregui, que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en textos escolares y documentos públicos. Ambas parlamentarias, han presentado también múltiples iniciativas para declarar de interés nacional la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI), y que finalmente logararon reemplazarla por un modelo de “educación sexual científica y biológica” que excluye conceptos de identidad de género y diversidad.
Siguiendo la temática de salud sexual, la bancada ha dirigido sus esfuerzos en la modificación de la guía técnica en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) para el aborto terapéutico Con ello, se redujo los supuestos de aplicación, siendo uno de los principales cambios la exclusión de la salud mental en casos de víctimas de violación como causal para acceder al procedimiento.
A la par, la estrategia legislativa de Renovación Popular ha buscado invisibilizar enfoques de derechos, que se rigen bajo principios internacionales, mediante la eliminación sistemática de la palabra “género” en toda política pública para ser sustituida por la “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.
