Reforma con trampa en nombre del bienestar Sol Yucatán

• La reforma que reduce la jornada a 40 horas permitiría retrasar el pago pleno de horas extra y no garantizar dos días de descanso.
• Esto podría profundizar la precariedad laboral, especialmente en estados como Yucatán, donde predominan los empleos mal pagados y la informalidad.
• El nuevo esquema podría beneficiar principalmente a los empresarios, al permitirles reorganizar turnos y cargas de trabajo sin garantizar mejoras reales en salario, descanso y condiciones para la clase trabajadora.
• El dictamen permitiría hasta 12 horas extras a la semana y retrasaría el pago triple a partir de la cuarta hora, lo que reduciría el ingreso real de los trabajadores y legalizar jornadas más largas con menor compensación.

Por Raquel Cristina González Gómez

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ha sido presentada por el gobierno federal como uno de los principales avances en materia de derechos laborales. Impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma propone una transición gradual del actual esquema de 48 horas hacia uno de 40, bajo el argumento de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras sin afectar salarios ni prestaciones.

No obstante, detrás del discurso oficial, la forma en que se plantea su implementación ha llamado la atención entre organizaciones laborales, que advierten que la reforma podría terminar beneficiando más al sector empresarial que a la clase trabajadora, particularmente en entidades con alta dependencia del comercio y salarios bajos, como Yucatán.

La discusión cobró mayor relevancia este martes, luego de que el Senado de la República aprobara por unanimidad en comisiones la reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, con una aplicación gradual. El dictamen fue turnado de inmediato a la Mesa Directiva y quedó en primera lectura, por lo que será votado por el pleno en la sesión de este miércoles.

Aunque legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano habían manifestado reservas, terminaron avalando la iniciativa presidencial en sus términos, salvo un ajuste de lenguaje incluyente. No obstante, advirtieron que la redacción actual podría generar afectaciones directas a los trabajadores, particularmente en el nuevo régimen de horas extras, y exigieron que la Ley Federal del Trabajo sea modificada de inmediato, sin esperar los 90 días que establece la reforma constitucional.

Durante la sesión en comisiones, senadores de distintos partidos coincidieron en que el esquema de horas extras contenido en la reforma podría desvirtuar el objetivo de justicia laboral. Legisladoras del PRI alertaron que al ampliarse de nueve a doce las horas extraordinarias permitidas, se modificaría el régimen fiscal de los trabajadores, ya que las horas exentas de gravámenes para quienes perciben salario mínimo quedarían sujetas al Impuesto sobre la Renta, además de impactar negativamente el reparto de utilidades.

Incluso legisladores del propio bloque oficialista reconocieron que los argumentos a favor de la reforma se debilitan al analizar el tratamiento de las horas extra, mientras que desde la oposición se insistió en que la iniciativa debió establecer de manera explícita dos días de descanso obligatorios, algo que la propuesta no garantiza.

De acuerdo con la iniciativa enviada al Senado en diciembre de 2025, la reducción de la jornada será gradual: 2026 funcionaría como año de transición; en 2027 se bajaría a 46 horas; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y hasta 2030 se alcanzarían las 40 horas semanales.

Entre sus disposiciones, la propuesta permite jornadas de hasta 12 horas diarias, incluyendo horas extras, y hasta 12 horas extraordinarias a la semana para personas adultas. Aunque se mantiene la prohibición de horas extras para menores de edad, no se garantiza de forma expresa el derecho a dos días de descanso, manteniéndose el esquema mínimo de un día por cada seis trabajados.

A ello se suma un cambio clave que ha pasado prácticamente desapercibido: el pago triple de horas extra ya no se aplicaría a partir de la tercera hora, como ocurre actualmente, sino hasta la cuarta y únicamente si se alcanza ese tope. En los hechos, este ajuste podría traducirse en una reducción del ingreso real de miles de trabajadores, en un país donde el salario ya es estructuralmente precario.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha sostenido que la iniciativa es resultado de un consenso con sindicatos y empresarios. Sin embargo, el Frente Nacional por las 40 Horas ha desmentido esta versión hoy diez de febrero y ha acusado a la dependencia de simular diálogo social.

La organización ha denunciado que no solo no existe acuerdo con la clase trabajadora, sino que incluso legisladores rechazaron sostener reuniones con sus representantes durante la discusión de la reforma. Para el Frente, la propuesta legaliza jornadas extensas, reduce el pago de horas extras y rompe con el principio de progresividad de los derechos laborales.

El debate adquiere especial relevancia en Yucatán. De acuerdo con datos del portal México ¿Cómo Vamos?, en el tercer trimestre de 2025 el 25.9% de la población del estado se encontraba en pobreza laboral, una cifra menor al promedio nacional de 34.3%, lo que coloca a la entidad en el lugar 11 a nivel nacional.

No obstante, este desempeño relativo se sostiene en una estructura económica dominada por sectores de bajos salarios y alta informalidad. Según cifras del Producto Interno Bruto Estatal 2024, el comercio al por menor representa el 15.1% de la actividad económica de Yucatán, seguido por el comercio al por mayor (14.4%) y las industrias manufactureras (11.7%).

Con la aprobación en comisiones, la reforma avanza con rapidez hacia su votación definitiva, pero también se acumulan las advertencias sobre sus efectos reales. En estados como Yucatán, donde el empleo se concentra en sectores de bajos salarios y alta fragilidad laboral, una reforma que legaliza jornadas de hasta 12 horas, posterga el pago pleno de horas extras y omite garantizar dos días de descanso amenaza con institucionalizar la precariedad. Así, una demanda histórica de la clase trabajadora corre el riesgo de convertirse en una victoria legislativa para el gobierno federal y en un retroceso silencioso para quienes viven de su trabajo.

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