Cerco a granjas porcinas Sol Yucatán
Redacción/Sol Yucatán
Mérida, Yucatán.— El gobierno estatal y la federación anunciaron el endurecimiento del control ambiental sobre las granjas porcinas en Yucatán, pero el nuevo convenio firmado entre la Semarnat, la Profepa y la Secretaría de Desarrollo Sustentable deja más preguntas que certezas sobre su verdadera eficacia.
El acuerdo establece una revisión conjunta de los dictámenes de impacto ambiental y un seguimiento permanente a las unidades de producción porcícola, un sector que ha sido duramente cuestionado por la contaminación de mantos acuíferos, la afectación a cenotes y los daños a comunidades mayas. Sin embargo, el convenio no implica cambios inmediatos en las reglas del juego ni sanciones automáticas para las granjas que ya operan con presuntas irregularidades.
Según lo anunciado, las decisiones sobre nuevos proyectos deberán basarse en dictámenes técnicos más completos y se creará un Comité Técnico de Seguimiento que sesionará cada tres meses hasta 2030. No obstante, especialistas y activistas han advertido que la falta histórica de inspecciones, clausuras y sanciones en Yucatán convierte estos mecanismos en simples instrumentos burocráticos sin impacto real.
En los últimos años, organizaciones civiles y pobladores han documentado la expansión acelerada de granjas industriales en zonas rurales, muchas veces con permisos fragmentados o sin considerar los impactos acumulativos. A pesar de ello, la supervisión oficial ha sido limitada y las sanciones escasas, lo que ha permitido la consolidación de un modelo industrial altamente cuestionado.
El convenio tampoco especifica recursos adicionales, personal de inspección o mecanismos de transparencia pública, elementos clave para garantizar que las revisiones no se queden en papel. La experiencia previa en materia ambiental en el estado ha mostrado que los acuerdos interinstitucionales suelen diluir responsabilidades entre dependencias y retrasar decisiones críticas.
Para las comunidades afectadas, el anuncio representa un gesto político, pero no una solución de fondo. Sin clausuras, sin reparación del daño y sin freno efectivo a la expansión de las granjas, el acuerdo corre el riesgo de convertirse en un instrumento de simulación ambiental.
La firma fue encabezada por autoridades federales y estatales, quienes aseguraron que el objetivo es proteger el agua, los ecosistemas y a las comunidades. Sin embargo, mientras no existan acciones concretas, sanciones ejemplares y transparencia en los dictámenes, el cerco contra las granjas porcinas podría quedarse en un discurso más que en una política pública efectiva.
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