Primer conteo biométrico en cárceles de Guatemala arroja una cifra de 23,837 privados de libertad Infobae
Por primera vez en su historia, Guatemala ha consolidado una base de datos única y centralizada sobre la población privada de libertad en todos los centros carcelarios del país, tras concluir el proceso de registro biométrico en el sistema GP360, según anunció el Ministerio de Gobernación.
Este avance constituye un paso determinante en la transformación y modernización de la gestión penitenciaria, al tiempo que fortalece los mecanismos de control, inteligencia y seguridad en el sistema carcelario conforme lo establece el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras.
En el cierre del proceso, el sistema GP360 incorporó la identificación y perfilamiento de 23,837 personas privadas de libertad; hombres y mujeres, de las cuales 2,545 fueron reconocidas como miembros activos de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
Este registro digital, iniciado en noviembre de 2025, implicó el enrolamiento y validación de datos que, de acuerdo con el director del Sistema Penitenciario (SP), Jorge López Dellachiessa, garantizan la total identificación de quienes permanecen en centros de detención: “Contamos con la identificación total de las personas privadas de libertad recluidas en los centros de detención”, afirmó Jorge López.
El proceso de sistematización incluyó la verificación biométrica de huellas dactilares mediante dispositivos MI-3, el cruce de la información con la base oficial del Registro Nacional de Personas (RENAP) y la toma fotográfica individual en cada penitenciaría. De este modo, las autoridades persiguieron asegurar la precisión y fiabilidad de la base de datos, además de identificar eventuales irregularidades y restablecer el control administrativo en los centros penitenciarios.
El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, subrayó la trascendencia de completar este registro, señalando que su culminación fortalece tanto la seguridad nacional como las estrategias de inteligencia penitenciaria, y cumple con el marco legal vigente.
En palabras precisas, Solórzano destacó: “Finalizar esta etapa del proceso de enrolamiento de la población privada de libertad es fundamental para la seguridad del país”.
La digitalización integra también la elaboración de documentos institucionales individuales, cuyo objetivo es garantizar la trazabilidad y actualización permanente de la información sobre los reclusos. Según manifestó el Ministerio de Gobernación en X, la creación de esta base de datos no solo responde a una exigencia normativa, sino que constituye la base para futuras estrategias de control y prevención de la criminalidad carcelaria.
Convenio de conectividad digital en la PNC
En un ámbito paralelo de modernización institucional, la Policía Nacional Civil (PNC) consolidó un nuevo convenio de conectividad digital con el objetivo de ampliar y fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones de sus comisarías y estaciones. El acuerdo, suscrito entre la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y el Ministerio de Gobernación, se inscribe dentro del Plan Nacional de Conectividad Digital impulsado por el Gobierno y busca reducir las brechas tecnológicas en entidades clave del Estado.
Durante la ceremonia, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, remarcó el carácter estratégico del convenio: “La conectividad no solo significa acceso a internet, sino mayor presencia institucional, capacidad operativa y una mejora integral en materia de seguridad pública”. El acto contó también con el respaldo del viceministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, William Cameros; el viceministro de Comunicaciones, José Raúl Solares, y la subsecretaria privada de la Presidencia, Julissa Cifuentes.
Al articular la identificación rigurosa de la totalidad de la población privada de libertad y la actualización tecnológica de la PNC, Guatemala refuerza su capacidad institucional y avanza hacia un modelo penal más seguro y eficiente, robusteciendo las herramientas estatales para la protección ciudadana y el control penitenciario.
