La Constitución, a más de un siglo Sol Yucatán

Octavio Campos Ortiz

México aportó al mundo la primera revolución social del siglo XX y una de las Constituciones más avanzadas que incluía no solo las prerrogativas individuales sino los derechos sociales. Los constituyentes de 1917 nos dieron un marco jurídico basado en una República representativa, democrática, laica y federal, con contrapesos al poder político y las bases para una legislación que protegiera al ciudadano de los abusos de la autoridad, como la Ley de Amparo. Sin embargo, a poco más de un siglo, la Carta Magna dejó de cumplir con su función garantista y los gobiernos de la autollamada 4T han hecho del constitucionalismo un instrumento para derogar el Estado de Derecho, acabar con la división de poderes y los organismos autónomos, además de erguirse en un gobierno autoritario mediante una presidencia omnímoda que anula la defensa del ciudadano ante los excesos del poder.

Todo comenzó un 5 de febrero en el Teatro de la República en Querétaro cuando un sátrapa se indignó ante una de sus pares –titular del Poder Judicial-, porque no le rindió pleitesía. Entonces, se urdió una venganza personal para acabar no solo con la independencia de un poder soberano, sino utilizar esa vendetta para la construcción de una presidencia imperial que ya contaba con un Congreso abyecto que convirtió las Cámaras en una oficialía de partes de las iniciativas del Ejecutivo a las que no se le quitaba ni una coma. La Reforma Judicial fue el mecanismo perverso mediante el cual se atentó contra verdaderos ministros, magistrados y jueces para destituirlos e imponer, en amañadas elecciones -aunque en el mundo no se usan los togados votados-, a administradores de la justicia a modo, sufragados mediante acordeón. Un atropello a los ciudadanos, hoy, en estado de indefensión y a merced de ignorantes e imberbes abogados. Consumada la extinción del Poder Judicial independiente, al amparo de improcedente simulación electoral, se allanó el camino al autoritarismo presidencial y con ello el retroceso en nuestra democracia al instaurar una República sin división de poderes.

El jurista italiano Luigi Ferrajoli en su texto “La Reforma Judicial Mexicana. Cómo se destruye el Estado de Derecho” enfatiza que la reforma es la negación del paradigma constitucional de las actuales democracias avanzadas, que consiste en un sistema de límites y vínculos al poder político, de ellos que más importantes son los derechos fundamentales y la separación de poderes…La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece que toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida, carece de Constitución. Agrega el constitucionalista que en México se transforma la democracia en una autocrítica electiva, análoga a la de la Turquía de Erdogan o la Hungría de Víctor Orban.

El discípulo de Norberto Bobbio precisa que si se quiere que el ejercicio de la función judicial sea capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos, en especial los constitucionalmente establecidos, no podrá depender de condicionamientos políticos contingentes, sino solo de la política expresa en la ley, sobre todo, en la Constitución… Solo la separación de poderes y la independencia de los jueces puede salvaguardar la autoridad de la ley frente a los arbitrios y abusos, discriminaciones y privilegios de los sujetos políticos. Para Ferrajoli, la reforma tiene un carácter fuertemente regresivo y antidemocrático de una concepción de la democracia que funda la legitimación de todos los poderes públicos en la omnipresencia de las mayorías salidas de las urnas. Esto evita la verdadera democracia, el constitucionalismo y anula el estado de Derecho. Nuestra Constitución, cientos de veces reformada a conveniencia de los gobernantes, en especial por las administraciones de la 4T, dejó de ser garante de los derechos individuales y sociales del mexicano. Del espíritu del constituyente solo queda el recuerdo.

Apostilla: A quien no lo calienta ni el sol en estos días es al presidente de la Junta de Asistencia Privada de la CDMX, Fernando Balzaretti. A punto de dejar el cargo en este órgano rector de todas las IAP, le estalló en las manos un escándalo de corrupción en la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck, institución que él mismo solía exhibir como ejemplo de buenas prácticas.

Habrá que ver si ahora sí el gobierno de Clara Brugada decide poner la lupa sobre los manejos de la JAP y, de paso, vigilar que se respete la voluntad fundacional de los mecenas. Porque si Balzaretti logra heredar el puesto a su candidata, no hay razones para el optimismo: al sector asistencial, que debería ser protegido, le esperan más sombras que certezas.

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