Crisis política, corrupción y abandono estatal golpean a comunidades kichwas del Alto Río Tigre Infobae
Desde la Amazonía peruana, en la frontera con Ecuador, las comunidades kichwas del Alto Río Tigre alzaron su voz. En un pronunciamiento público, denunciaron que la crisis política, el abandono estatal y la corrupción a nivel nacional y local están poniendo en riesgo su vida, su territorio y su futuro. La advertencia llega en un contexto de recortes sociales, obras paralizadas, contaminación ambiental sin remediación y el avance de actividades ilegales que afectan directamente a una de las zonas más vulnerables de Loreto.
Uno de los principales reclamos de la Organización de Pueblos Indígenas Kichwa Amazónicos Fronterizos del Perú-Ecuador (OPIKAFPE) apunta a la construcción del hospital de la comunidad 12 de Octubre, una obra clave para la atención de cientos de familias kichwas del Alto Río Tigre y zonas fronterizas. La organización indígena denunció la falta de transparencia y el mal manejo del presupuesto bajo responsabilidad de la Municipalidad Distrital del Tigre.
Ante esta situación, exigieron la intervención inmediata del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Salud (MINSA) para esclarecer el estado real del proyecto, paralizado pese a la urgencia sanitaria que enfrentan las comunidades amazónicas.
Proyecto de Salud Intercultural sin financiamiento confirmado
Las comunidades también demandaron respuestas concretas sobre el Proyecto Especial de Salud Intercultural 2027–2032, un compromiso asumido por el Estado en una reunión realizada el 7 de noviembre, pero que hasta la fecha no cuenta con financiamiento asegurado.
OPIKAFPE exigió al MEF, en coordinación con el MINSA y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que se garantice el presupuesto para este proyecto, considerado fundamental para cerrar las brechas de atención en territorios indígenas históricamente postergados.
Recorte de Beca 18
Otro punto central del pronunciamiento es el drástico recorte de las becas de Beca 18, que pasó de 30 mil a solo 2 mil vacantes, una medida que las comunidades consideran discriminatoria y perjudicial para los jóvenes indígenas, en especial aquellos que viven en zonas afectadas por la contaminación petrolera, como el Lote 192.
A este escenario se suma la crisis en el proceso de preselección de Beca 18 – 2026. El examen se rindió el 16 de noviembre de 2025 y los resultados debían publicarse el 22 de diciembre, pero hasta fines de enero de 2026 miles de postulantes siguen sin conocer su puntaje ni si avanzaron a la siguiente etapa.
La Contraloría General de la República, a través del Informe de Orientación de Oficio N.º 003-2026-OCI/0190-SOO, advirtió una “situación adversa” que compromete la transparencia y confiabilidad del concurso, debido al retraso en la publicación de resultados y a la falta de información clara sobre el número total de becas disponibles. Más de 90 mil jóvenes permanecen en incertidumbre, mientras el tiempo para acceder a la educación superior sigue corriendo.
Remediación ambiental
OPIKAFPE también exigió al MINEM el cumplimiento del Fondo de Remediación Ambiental, pendiente desde 2022 como parte de los acuerdos de consulta previa. Las comunidades responsabilizan al Estado por haber permitido, durante más de 50 años, la contaminación de sus territorios por empresas como OXY, Pluspetrol, Frontera y Altamesa.
Si bien en abril de 2025 el Ministerio de Energía y Minas anunció el inicio de labores de remediación en comunidades del Lote 192, con un presupuesto que bordea los S/ 390 millones, las comunidades kichwas del Alto Río Tigre advierten que los avances son insuficientes y no cubren todas las zonas impactadas. Según información oficial y de la plataforma Profonanpe, el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental aún requiere nuevas asignaciones presupuestales, lo que depende de decisiones del Congreso.
Mesa Multisectorial del Lote 192
En noviembre de 2025 se instaló en Iquitos la Mesa Técnica Multisectorial para el Desarrollo Sostenible y la Remediación del Lote 192, con participación de diversos ministerios, entidades del Estado y federaciones indígenas. En ese espacio se priorizaron proyectos de electrificación, salud, educación, agua y saneamiento, y se acordó retomar sesiones en febrero de 2026.
Sin embargo, OPIKAFPE denunció que no hay avances visibles, especialmente en el financiamiento de proyectos de electrificación para comunidades como Centro Arenal y San Juan de Bartra, servicios básicos largamente postergados pese a los compromisos asumidos.
Minería ilegal
Las comunidades kichwas también exigieron la intervención inmediata del Estado para erradicar la minería ilegal en el río Tigre. Esta actividad, advierten, no solo contamina el agua y los ecosistemas, sino que está asociada a delitos como la trata de personas y el fortalecimiento de economías ilegales.
El propio alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García Esquerre, reconocía en una entrevista a TV Perú que esta actividad ilícita está presente en todas las regiones del país y afecta gravemente a las comunidades indígenas amazónicas, especialmente en Loreto, donde la contaminación de ríos y la destrucción de bosques ponen en riesgo su seguridad y modo de vida.
Asimismo, en su pronunciamiento, OPIKAFPE cuestionó el rol de los congresistas, funcionarios del Estado y del alcalde del distrito del Tigre, a quienes acusan de no representar las demandas legítimas de la población del Alto Río Tigre y de promover decisiones que vulneran sus derechos.
“El abandono estatal y la falta de cumplimiento de los acuerdos profundizan nuestra situación de vulnerabilidad”, advirtieron las comunidades, que cerraron su pronunciamiento con un llamado a la defensa de la vida y el territorio: “¡Sumak kawsana ñukanchi llakta kichwa!”.
