Epstein, vientres de alquiler: el paraíso mexicano para los abusadores SDP Noticias

Algunos colegas dudan de la veracidad de los archivos que revelan las atrocidades de Epstein y las élites, aun cuando víctimas reales, de carne y hueso, han ofrecido sus testimonios, denuncias, súplicas o llamados desesperados mientras la mayoría, terminan en psiquiátricos, desaparecidas o misteriosamente implicadas en accidentes y suicidios.

Tal vez, la crueldad es tan dura para sus mentes que no pueden concebir que haya sucedido todo lo que sucedió. En medio de esta crisis de humanidad, quiero invitar a concebir un mundo donde los recién nacidos se ofertan y subastan desde la subrogación de vientres.

Una de las cosas más extremas de las revelaciones tiene que ver con la antropofagia, especialmente, de bebés. Para los que hemos incursionado en el veganismo, con o sin éxito, sabemos que es impactante ver lechones, las crías del cerdo, y conocer que su sistema cerebral se equipara a la conciencia de un pequeño de 3 años.

Es casi imposible de digerir que las élites, por más pequeñas, los coman de la misma manera y pensando en una distopía que podría no ser imposible, imagino a alguna “mente maestra” que haya identificado el gran negocio de captar mujeres para la producción de ese tipo de carne.

¿Se lo imaginan? Un empresario capaz de conseguir la ilegalidad de la ilegalidad, frente al que las drogas y sustancias prohibidas le quedan pequeñas. Qué va, alguien capaz de saciar los gustos más morbosos. Alguien capaz de conseguir fácilmente recién nacidos, inclusive, ofrecerlos con ciertas propiedades nutricionales. Así como existen filetes de vaca de libre pastoreo o cortes de jamón de bellota que guarda el sabor de cerdos alimentados exclusivamente de bellotas de encinas y alcornoques, hierbas silvestres, raíces, setas y pequeños brotes de la dehesa, que existan bebés de madres alimentadas exclusivamente con carne o con vegetales y que prometan bebés altamente proteicos. La esencia de todo esto es que en algún punto, para entretenimiento de los más ricos, desbordados del poder real, todos somos objeto y todo es rentable, comprable, consumible, utilizable, desechable.

El día de ayer, la Corte mexicana resolvió que, para garantizar el derecho a la identidad de niñas y niños, el acta de nacimiento puede expedirse mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, bajo supervisión judicial, siempre que exista acuerdo entre las partes y respeto a sus derechos. Para los que trafican bebés, esto es definitivamente una pérdida de tiempo… mejor sin identidad, por supuesto. Fuera de Babe, el puerquito valiente. ¿Cuando se ha visto que le pongan nombre a un alimento o entretenimiento?

Pero nuestro país está lleno de mujeres pobres y somos un paraíso para el abuso, que converge en el imperio de la impunidad y el abismo del Estado de Derecho. El criterio busca cerrar un vacío jurídico real: bebés que existían sin identidad legal. En ese punto, el fallo acierta. El problema aparece cuando esta solución de emergencia comienza a leerse —o a usarse— como una validación indirecta de la gestación por sustitución, una práctica que el feminismo abolicionista ha denunciado de manera consistente como una forma de explotación reproductiva.

Desde esta mirada crítica, el primer punto de tensión es estructural: no existe “gestación altruista” en contextos de desigualdad. La Corte confía en la figura del consentimiento libre, previo e informado, pero el feminismo ha advertido durante décadas que el consentimiento no puede analizarse de manera aislada de las condiciones materiales que lo producen. Cuando la mayoría de las personas gestantes pertenecen a sectores precarizados y quienes encargan el embarazo cuentan con mayor poder económico, jurídico y simbólico, el consentimiento deja de ser una garantía suficiente.

Este es uno de los ejes centrales de las protestas feministas contra los vientres de alquiler: no se trata de elecciones individuales, sino de sistemas de desigualdad. Por eso, colectivos feministas han insistido en que la gestación subrogada no es un “acuerdo entre partes”, sino una institución que mercantiliza la capacidad reproductiva de las mujeres, incluso cuando se disfraza de altruismo o solidaridad.

Un segundo problema del criterio es su desplazamiento del conflicto. El control judicial se concentra en verificar que no haya engaño o coerción formal, pero deja intacta la pregunta de fondo: ¿puede el Estado permitir que el cuerpo de una mujer sea el medio para cumplir un proyecto reproductivo ajeno? El feminismo abolicionista responde que no, porque ello implica tratar la gestación como un servicio escindible del cuerpo, algo incompatible con una concepción robusta de la dignidad humana. Pero así como se ofrecen bebés para la crianza, bien pueden ofrecerse para alimento o para entretenimiento sexual de unos cuantos enfermos.

Además, existe un riesgo claro de normalización progresiva. Aunque la Corte afirma que no regula ni promueve la gestación sustituta, el efecto práctico del criterio es generar un camino jurídico funcional para que la práctica continúe. Así ha ocurrido en otros países: primero se “protege a los niños”, luego se regulariza el procedimiento, y finalmente se consolida un mercado transnacional de vientres de alquiler que opera sobre las brechas de género, clase y nacionalidad. El asunto es que la realidad topa en la nariz de legisladores tibios que no se atreven a nombrar este fenómeno como trata de personas y explotación con fines reproductivos, menos a penalizarlo. Algunos servidores públicos, han extrapolado su situación individual hacia el sistema público, apoyando el alquiler de vientres tan sólo por la imposibilidad de alguno de sus seres queridos para procrear. Su lugar, como posibles clientes, les involucra al punto de no querer prohibir aquello que ya practican.

Las movilizaciones feministas han sido contundentes en este punto: no hay regulación posible de una práctica estructuralmente violenta. Regular no elimina la explotación; la administra. Y cuando el derecho se limita a gestionar daños sin cuestionar la raíz, termina legitimando aquello que dice controlar.

Nada de esto implica desconocer el derecho a la identidad de niñas y niños ya nacidos. Al contrario: el abolicionismo feminista ha sido claro en que las infancias no deben ser castigadas por decisiones adultas ni por omisiones legislativas. Pero proteger a las infancias no puede convertirse en la coartada para consolidar un modelo que convierte la reproducción en mercancía y a las mujeres en infraestructura biológica.

La Contradicción de Criterios 159/2025 es, en ese sentido, un primer paso, el parche a la muestra la incapacidad del Estado para legislar con valentía en materia de derechos reproductivos y la tendencia a resolver conflictos estructurales con decisiones judiciales. El reto pendiente no es perfeccionar la supervisión judicial de los vientres de alquiler, sino abolir una práctica que ningún control logra despojar de su carga de desigualdad y violencia de género.

La solución para obtener acta de nacimiento mediante jurisdicción voluntaria ahoga aún más a los tribunales, hace lento el acceso a la identidad por el tiempo que suelen tardar los juzgadores en deliberar, delega la validación de acuerdos de subrogación de vientres a los notarios públicos, como si no cargaran de por sí una lista de irregularidades en los casos de despojo y al mismo tiempo, hace de la voluntad un eufemismo pues para que pueda otorgarse el acta de nacimiento, todas las partes deben estar de acuerdo, incluyendo las madres gestantes, los padres de intención y cualquier parte relacionada pero aunque se diga que la resolución busca proteger de violencia de género quienes han parido, ejercer ese derecho está lleno de obstáculos.

El primer obstáculo para ejercer este tipo de nuevos derechos radica en las agencias de subrogación de vientres, que de forma ordinaria, obliga a las madres gestantes a firmar todo tipo de desistimiento legal o renuncia a ejercer acciones legales futuras y rechazo de derechos sobre sus bebés como condición para recibir los pagos por sus servicios. Así , las agencias suelen tener despachos jurídicos o equipos legales propios que acompañan a las familias a formalizar todos los trámites y entre ellos, asignan a un abogado que representará a las madres gestantes mediante poderes notariales.

Es decir que una madre gestante difícilmente podría manifestar su voluntad por sí misma o costearse una defensa legal y en caso de hacerlo, perdería automáticamente el pago o peor, podría ser demandada por cantidades imposibles, estaría sujeta al intríngulis jurídico de quien realmente representa su voluntad. Lo segundo es que esta resolución busca evitar que los bebés recién nacidos se queden sin acta de nacimiento por problemas administrativos para acreditar la filiación. Eso no implica que se contemple lo que podría pasar en un asunto donde la madre gestante se niegue a entregar a su bebé y busque la guarda y custodia. Por eso es que urge legislar.

Todas estas relaciones son atravesadas por la desigualdad, la asimetría de poder y la perversa lógica del capitalismo. Ayer, en medio del debate sobre las atrocidades cometidas en la isla de Epstein y su circulo, Efraín José Martínez Meneses sostenía que “la principal falla del capitalismo la demuestra el caso: gente tan rica que compra personas, gente tan pobre que tiene que venderse. Gente tan rica que está por encima de la ley, gente tan pobre que está por debajo de ella”. Las respuestas duras afirmaban que lejos de ser una falla, esta es la esencia del sistema.

Justamente la desigualdad y el libre o ultra libre mercado envuelve la dignidad humana y la persona dentro de un producto consumible para quien puede costearlo. Eso ya tendría que hacernos virar del rumbo del ultra libertarismo, renunciar a ser el paraíso de los abusos. Negarnos a que las niñas y mujeres en territorio mexicano sean objeto de producción y de consumo.