El Senado comienza a tramitar una ley del PP para sancionar a cargos y funcionarios que no respeten la bandera de España Infobae
El Pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles a la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el PP de "defensa y protección" de los símbolos nacionales --como la bandera y el himno de España, el escudo de la Casa Real y la imagen del Rey--, que incluye un régimen sancionador para funcionarios y cargos públicos con prohibiciones de nombramiento de hasta cuatro años.
Esta propuesta del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha salido adelante en el Pleno de este miércoles gracias a la mayoría absoluta que tienen los "populares" en el Senado. A partir de aquí, la proposición de ley pasará al Congreso, que decidirá si sigue adelante con la tramitación de la norma o finalmente la rechaza.
Durante el debate, la encargada de defender la propuesta ha sido la senadora del PP Marimar Blanco, que ha encontrado en Vox el único apoyo de los portavoces que han intervenido. En concreto, la formación de Santiago Abascal ha recibido la ley con buenos ojos, aunque cree que el planteamiento es "limitado y claramente insuficiente porque es una regulación de carácter exclusivamente administrativo".
En cualquier caso, los "populares" se quejan de que no existe una referencia concreta a la defensa y protección de las banderas, escudos e himnos de España, sus comunidades y entidades locales, más allá de la regulación del delito de ultraje que está en el Código Penal.
Por ello, sostienen que esta proposición de ley "viene a llenar ese vacío normativo", regulando las obligaciones de defensa y protección de los símbolos oficiales de España. La norma consta de once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, estructurándose en tres capítulos.
TAMBIÉN BANDERAS DE LAS CCAA Y LOS AYUNTAMIENTOS
A los efectos de la ley del PP, tienen consideración de símbolos oficiales: la bandera, el escudo y el himno de España; la bandera, el escudo y el himno de las comunidades autónomas; la bandera, el escudo, el estandarte y el emblema de las entidades locales; así como el escudo y estandarte de la Casa Real y la imagen del Rey.
El PP insiste en que estos símbolos serán exhibidos en sus ámbitos territoriales a excepción únicamente de la colocación ocasional de otros símbolos como relación de cortesía con otros Estados o comunidades con ocasión de visitas oficiales.
Como es una norma administrativa y teniendo en cuenta su ámbito personal de aplicación, la protección de los símbolos se "circunscribe" al espacio físico y los edificios y locales de titularidad de cada administración pública.
Las obligaciones de defensa y protección serán exigibles a los altos cargos, con un régimen sancionador con diferentes grados.
Las infracciones graves serán sancionadas con la no percepción de la indemnización por cese en el cargo, mientras que a las muy graves se le añade que los cargos públicos o autoridades no pueden ser nombrados como tal durante un período de cuatro años.
PARA EL OTRO LADO DE LA BANCADA ES INCONSTITUCIONAL
Por su parte, el PSOE y sus socios se han posicionado radicalmente en contra de esta proposición de ley que ha defendido este miércoles el PP, denunciando que es "inconstitucional" y alertando de un intento "recentralizador" en el que se "impone una unidad simbólica".
En concreto, los senadores de ERC, EH Bildu y PSOE que han intervenido han insistido en definir esta proposición de ley como "inconstitucional", esgrimiendo argumentos jurídicos para rechazar la propuesta del PP.
Mientras, el senador de Junts Francesc Xavier Ten ha denunciado el "totalitarismo" del PP con esta norma: "Lo que debería ser un principio de neutralidad institucional, queda convertido en una obligación de sumisión simbólica, incompatible con la libertad ideológica y el pluralismo político".
La senadora de Más Madrid, Carla Delgado, cree que la propuesta tiene "una intención política absolutamente regresiva que roza la censura", mientras que la portavoz del PNV en el Senado Estefanía Beltrán ha denunciado que el PP tiene un "intento recentralizador alrededor de una España única".
