A la espera del debate de la Ley de Glaciares, el Gobierno tendrá encuentros clave para lograr inversiones Infobae
Mientras aguarda el tratamiento en el Congreso de la nueva ley de Glaciares, el presidente Javier Milei ya tiene pensado hacer un nuevo viaje a los Estados Unidos para hablar frente a cientos de empresarios en busca de inversiones, igual que harán los principales referentes del Gobierno en otros eventos similares.
Tal como anticipó Infobae, el mandatario nacional tiene previsto disertar en el Council the las Americas, un foro de debate con muchísimo prestigio en norteamérica, que reúne a algunos de los más importantes directivos de compañías internacionales.
Será el próximo 10 de febrero, en la ciudad de Miami y en la previa de la Gala Prosperidad Hispana, a la que también fue invitado y que se realizará en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump.
Al menos 150 empresarios locales han adelantado su interés en escuchar a Milei, después de lo que fue su exposición sobre la economía moderna en el Foro de Davos hace algunas semanas.
“Dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres, estos últimos nos hacen mejores personas. Ya que gracias a los mercados dinámicamente eficientes podemos al mismo tiempo progresar económicamente, defender la propiedad privada, mantener la paz, alcanzar la armonía social y fortalecer aquellas virtudes sociales que son indispensables para una sociedad próspera”, sostuvo en aquella oportunidad.
En paralelo, el canciller, Pablo Quirno, llegó este martes a Washington para asistir a una cumbre sobre minerales críticos convocada por la administración de Trump, en el marco de la cual se reunirá con varios funcionarios republicanos.
Como primera actividad en la capital estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores visitó el Atlantic Council, donde mantuvo un encuentro a puertas cerradas con autoridades de este think tank y con directivos de diferentes empresas que manifestaron interés en invertir en la Argentina.
Este miércoles será el acto central, en el que estarán el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, además de representantes de los países invitados.
La convocatoria fue hecha también a las naciones del G7 (EEUU, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Canadá y Japón), a los que se sumaron, además de la comitiva proveniente de Buenos Aires, Corea del Sur, Australia, México, Nueva Zelanda.
El objetivo de la jornada es debatir sobre los minerales críticos, como son las tierras raras, el litio, el cobre y el níquel, que el gobierno norteamericano considera fundamentales para no perder lugar en medio de la pelea comercial con China.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá en un evento en Arabia Saudita sobre países en vías de desarrollo, donde coincidirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
El enviado argentino será uno de los oradores principales de la AlUla Conferencia sobre Mercados de las Economías Emergentes (ACEME, por sus siglas en inglés), que se realizará entre el 8 y 9 de febrero próximos.
El encuentron está dirigido a responsables de políticas, incluidos ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, así como a académicos, líderes del sector público y privado, instituciones internacionales y regionales, académicos y expertos en economías de mercados emergentes.
Una vez que finalice el evento, Sturzenegger viajará a Miami para acompañar a Milei en la cumbre del Council of the Americas, donde también podría estar Quirno, aunque todavia no se definió esto último.
Asimismo, el Presidente también estará en Nueva York a mediados de marzo para encabezar el “Argentina week”, una feria en la que se promoverán las posibilidades de negocio en el país.
El debate en el Congreso
Todos estos viajes en busca de inversiones se llevan a cabo mientras en el Senado está pendiente el tratamiento de la nueva ley de Glaciares, que beneficia las explotaciones mineras y es parte del temario para estas sesiones extraordinarias.
La iniciativa del Gobierno para modificar la actual normativa plantea transferir facultades clave a las provincias, otorgándoles mayor control sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en su territorio.
El proyecto establece limitar el alcance de la protección nacional sobre los glaciares y los ambientes periglaciares, focalizando la potestad en manos provinciales, bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.
Esta medida es respaldada principalmente por los distritos que componen la denominada Mesa de Litio (Catamarca, Jujuy y Salta), así como también los de la Mesa de Cobre (Mendoza y San Juan).
En una nota que enviaron a la Nación, estas jurisdicciones sostuvieron que “la Ley de Glaciares, en su redacción actual, ha provocado controversias sobre su alcance e interpretación, lo que termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible de nuestras Provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”.
El punto central del proyecto reside en la relectura del artículo 6 de la legislación sancionada en 2010, que hasta ahora prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en ambientes protegidos al considerarlos reservas de agua dulce.
La ley también define de manera precisa qué se considera “glaciar” y “ambiente periglaciar”: en el primer caso, es “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente... cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”, mientras que la segunda caracterización abarca áreas con suelos congelados que regulan los recursos hídricos.
En la nueva propuesta, el Gobierno sostiene que las restricciones actuales “han conspirado gravemente contra el pleno ejercicio de las legítimas prerrogativas provinciales referidas a la explotación racional de sus recursos naturales”.
Así, la iniciativa recoge —en el artículo 1— un nuevo criterio de interpretación: “La protección de los glaciares y del ambiente periglaciar deberá interpretarse de un modo compatible” con el texto constitucional, al mismo tiempo que otorga peso decisorio a las autoridades “que determine cada jurisdicción”.
El cambio sustancial radica en el procedimiento de autorización de actividades en estas zonas, ya que serían ahora las autoridades provinciales las encargadas de identificar, tras una evaluación de impacto ambiental, “qué actividades proyectadas implican una alteración relevante”, así como determinar “cuáles glaciares y qué ambiente periglaciar cumplen con alguna de las funciones hídricas previstas”.
