Milei se prepara para enviar al Congreso el acuerdo Mercosur-UE para iniciar el proceso de ratificación Infobae
Junto a la Reforma Laboral, el Gobierno Nacional mantiene en su lista de prioridades la sanción del acuerdo comercial celebrado entre el bloque del Mercosur y la Unión Europea (UE), actualmente detenido en la justicia europea, durante las sesiones extraordinarias que iniciaron el pasado lunes. Aún sin haber girado el proyecto al Congreso, en Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei esta próximo a firmarlo y su envío es inminente.
El pasado lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto remitió el proyecto al Poder Ejecutivo para completar los pasos legales necesarios antes de que el Legislativo avance en su tratamiento. Según supo Infobae, actualmente se encuentra en la Secretaría de Legal y Ténica que lidera María Ibarzabal Murphy, en proceso de revisión, para posteriormente ser rubricado por el mandatario.
Si bien la administración libertaria planeaba supervisar el documento con mayor margen de tiempo, fuentes oficiales admitieron ante este medio que la Unión Europea demoró la entrega de las copias certificadas del acuerdo que desembarcaron en la cartera a cargo de Pablo Quirno el sábado 31 de enero.
Con el visado del mandatario, el oficialismo se prepara para impulsar la búsqueda de respaldos en ambas cámaras para obtener su sanción y dar inicio al proceso de ratificación del entendimiento que elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reduce las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos.
Por eso, la reunión de mesa política que tendrá lugar este miércoles a las 12 en Casa Rosada, la cuarta de este 2026, el reducido equipo a cargo de la negociación legislativa terminará de ultimar las fechas del envío y la estrategia que se darán para conquistar su aprobación.
Hasta entonces la idea era que ingresara por la Cámara baja, que comanda Martín Menem, en compañía de algún otro proyecto como podría ser la Ley Penal Juvenil para sesionar a la par del Senado que tratará el miércoles 11 de febrero la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares. De esta forma, esperan optimizar los tiempos del ajustado calendario destinado a la prórroga legislativa. Sin embargo, hasta la concreción del intercambio es solo una idea que madura en varios despachos de funcionarios y legisladores involucrados.
Las divergencias que coexisten entre los interlocutores de la administración libertaria, que activan las negociaciones con los aliados, se sintetizan cuando se habla del acuerdo entre los bloques. Más de un integrante del reducido círculo que rodea al mandatario descarta el acompañamiento del número necesarios para su sanción. “Debiera salir. Trabajaron todos los gobiernos en el tema y lo concretamos después de 25 años, no debería haber ningún sector en contra", sostuvo ante este medio una fuente con acceso al despacho presidencial.
No obstante, el entendimiento comercial cosecha críticas en corazón del bloque de Unión por la Patria, en particular del diputado de Patria Grande Itai Hagman, quien advirtió que sus implicancias son perjudiciales para las próximas décadas. Además, planteó que la Argentina es uno de los paises “más perjudicados” ya que -considera- afecta el desarrollo de las industrias. “Sin el peronismo igual llegamos”, estimó una fuente legislativa este medio.
Lo cierto es que el oficialimo aspira a acelerar el envío para tratarlo durante el mes de febrero y así concretar su sanción legislativa, lo que a su vez le permitiría al Gobierno que el tratado entre en vigor. Algo similar aspira el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que de espaldas a las trabas del Parlamento Europeo, envió el proyecto al Congreso en las últimas horas en el inicio de las sesiones legislativas de 2026.
El acuerdo se firmó el 17 de enero en una ceremonia en Asunción que contó con la presencia del libertario y del resto de los jefes de Estado del bloque regional, a excepción del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Para su puesta en vigencia, se necesita la ratificación de al menos un país del Mercosur y de la UE, donde el tratado enfrenta objeciones judiciales.
En paralelo, el Parlamento Europeo no puede ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, aunque la Comisión Europea podría consolidar su implementación provisional sin esperar a la Eurocámara. A esto último apuestan en el ecosistema libertario y apuntan sus cañones a Bruselas. “Con la ratificación de un socio Mercosur, Bruselas, independientemente del Parlamento Europeo, tiene la potestad de aplicarlo provisionalmente”, argumentó un funcionario ante Infobae.
