Persisten retos en la aplicación de la ley contra la violencia vicaria en Baja California El Imparcial
Tijuana, BC.-Persisten retos en la aplicación de la ley contra la violencia vicaria en Baja California y hace falta voluntad por parte de las autoridades para aplicarla y garantizar protección efectiva a madres e infancias en el estado, señaló Samantha Sesma cofundadora del colectivo CESODI.
Explicó que la violencia vicaria se reconoce como un tipo de violencia de género ejercida por hombres hacia mujeres con el fin de causar daño a madres utilizando a hijos, hijas u otras personas allegadas como instrumento de control.
Al colectivo dijo que se han acercado más de 150 madres en el estado, para recibir asesoría y acompañamiento legal y sumando casos de otros estados la cifra asciende a entre 200 y 300 mujeres.
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Vinculación de agresores
El colectivo ha facilitado capacitaciones con expertos para avanzar en la vinculación de agresores y lograr sentencias, pero señaló que el principal obstáculo sigue siendo la voluntad de las autoridades para reconocer y clasificar correctamente los delitos como violencia vicaria, destacó.
Samantha Sesma comentó que muchas denuncias terminan reclasificadas como sustracción o retención de menores, lo que impide que se haga efectiva la protección legal que la ley contempla, generando diferencias sustanciales en la atención a las víctimas.
Enfatizó que la violencia vicaria no es un fenómeno nuevo, sino que ha estado normalizada en la sociedad, en Baja California por ser un estado fronterizo, existen casos de sustracción internacional de menores hacia Estados Unidos, lo que agrava la problemática.
Las víctimas también enfrentan hostigamiento en redes sociales y comentarios agresivos de personas que apoyan a los agresores, lo que refirió como una necesidad de intervención institucional más efectiva.
Destacó el caso reciente en Coahuila, donde una madre fue vinculada a proceso por violencia vicaria, situación que evidencia a nivel nacional que persisten fallas en la aplicación de la ley y la necesidad de garantizar protección real a madres e infancias frente a agresores.
Sesma reiteró que la aplicación efectiva de la Ley Vicaria requiere no sólo capacitación, sino también disposición de jueces y autoridades para reconocer el delito.
