Titulares del ISSSTE, PEMEX, INAH y del Bienestar tendrán que comparecer en el Senado por no aceptar recomendaciones de la CNDH Infobae
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitió al Senado de la República seis solicitudes para que los titulares de distintas dependencias de gobierno federal comparezcan ante la Cámara Alta.
El propósito de estas comparecencias es que los funcionarios expliquen las razones por las cuales sus instituciones han rechazado aceptar recomendaciones emitidas por la CNDH, documentos en los que el organismo autónomo señala violaciones a derechos humanos y sugiere medidas correctivas.
Durante la sesión ordinaria de este martes 3 de febrero, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Mariela Gutiérrez Escalante, dio a conocer las solicitudes de la CNDH.
¿Qué le recomendó la CNDH al ISSSTE?
En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quien está encabezado por Martí Batres Guadarra, al que se le solicitaron tres comparecencias separadas, derivadas de la negativa de aceptar las Recomendaciones 180/2023, 241/2023 y 208/2024.
¿De qué tratan estas sugerencias?
La CNDH emitió la Recomendación No. 180/2023 al ISSSTE por discriminar a padres trabajadores al imponerles requisitos más estrictos para acceder a licencias de cuidados, vulnerando derechos de igualdad y protección a la infancia.
El organismo independiente exigió modificar las normas internas, establecer lineamientos claros, capacitar al personal y designar a un alto funcionario responsable para garantizar la equidad y la corresponsabilidad parental.
Mientras que en la Recomendación 241/2023 se le solicitaba al Instituto otorgar la pensión por viudez a una persona afectada, reconociendo sus derechos y realizando el pago retroactivo.
Además, exigió capacitar al personal en derechos humanos, inscribir a la víctima en el Registro Nacional de Víctimas y designar un enlace institucional para garantizar la reparación integral y el cumplimiento de la recomendación.
Sugerencias para Pemex, INAH y Secretaría del Bienestar
Por su parte, se pidió citar a los titulares de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Victor Rodrigo Padilla e Israel Benitez López, encargado de PEMEX Logística, quienes no aceptaron la Recomendación 169/2023.
En dicha sugerencia señala que una serie de explosiones por fuga de gas LP en una toma clandestina de ductos de PEMEX en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, provocó la muerte de cinco personas, múltiples heridos, afectaciones graves en cerca de 70 viviendas y la evacuación de unas dos mil personas.
La CNDH atribuyó la causa a la sustracción ilícita de gas y señaló la responsabilidad de PEMEX y PEMEX Logística por no prevenir construcciones irregulares y no adoptar medidas para evitar riesgos ya identificados en la zona.
De igual modo, se requirió la presencia del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vásquez, tras rechazar la Recomendación 253/2024, donde la CNDH sugirió reparar el daño a la persona afectada por despido discriminatorio, restituirle sus derechos laborales y pagos correspondientes, iniciar procedimientos para sancionar a los servidores públicos responsables y ofrecer atención psicológica especializada.
La CNDH recomienda a la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, solicitó inscribir a la víctima en el Registro Nacional de Víctimas y proceder a la reparación integral del daño, incluyendo compensación conforme a la Ley General de Víctimas.
Solicita garantizar un ambiente laboral libre de violencia, otorgar atención psicológica continua y especializada, así como tomar medidas eficaces para evitar la repetición de actos de discriminación y acoso, remitiendo constancias de cumplimiento a la CNDH una vez ejecutadas las acciones recomendadas.
Las recomendaciones que originaron estas solicitudes se vinculan principalmente con violaciones a los derechos humanos en el ámbito laboral.
De acuerdo con la CNDH, las dependencias mencionadas habrían incurrido en prácticas que afectan los derechos de los trabajadores o usuarios, motivo por el cual el organismo autónomo instó a corregir dichas conductas.
