Terrorismo sin castigo: la estrategia del narco para incendiar ciudades y salir libres Milenio

Aquel 11 de agosto del año 2022, el teléfono sonó en la estación de policía de Ciudad Juárez.
Ese día estaban de guardia los agentes municipales Verónica Cabello, Óscar Montelongo y Ernesto Esparza.
Pasaban las 17:00 horas cuando una persona, al otro lado del aparato, gritó: “¡Se está quemando!”.
Según el denunciante, un camión de pasajeros de alguna maquila había sido incendiado con bombas molotov en la colonia Riveras del Bravo etapa VIII, en Ciudad Juárez.
Inmediatamente, los policías se trasladaron hasta el lugar y encontraron al chofer del camión quemado y a una multitud de gente que había detenido a los presuntos responsables.
Ese día, el chofer contó que su jornada empezó alrededor de las 16:00 horas, una vez que terminó su turno y se estacionó con el camión de trabajo número 502 fuera de su casa.
Cuando estaba ya cerca de la puerta, repentinamente escuchó un estruendo: tres hombres estaban lanzando bombas molotov a su camión.
Los explosivos habían sido improvisados con botellas de cerveza y un bote de gasolina.
Los esfuerzos fueron en vano para apagar el incendioEl chofer entró a su casa y sacó un extintor, pero cuando regresó al camión este ya era, prácticamente, pedazos de fierro de los que salía un denso humo negro.
Su padre, un hombre muy mayor, fue quien ese día arriesgó su vida para tratar de apagar el incendio.
El denunciante siguió con su relato: ni bien él y su padre seguían con los extinguidores en la mano, cuando los tres hombres que incendiaron el camión regresaron.
Uno de ellos lanzó otra bomba hecha con una botella de cloro y un trapo en llamas.
Esa persona portaba una camiseta gris.
Fue tanta la rabia del chofer y su padre que dejaron a un lado los extintores y empezaron a seguir a los atacantes por toda la avenida.
Al darse cuenta, los vecinos del lugar se sumaron a la persecución y apenas unas cuadras adelante lograron detenerlos.
Lograron capturar a un hombre identificado como José Antonio ‘N’, a otro más y a un menor de edad.
Los documentos judiciales consultados por MILENIO muestran el modus operandi para “calentar las plazas”: los narcotraficantes siembran caos, los acusan de terrorismo y los cargos se caen o se atoran en los juzgados por falta de pruebas.
Al menos 40 casos como éste han ocurrido en los últimos 25 años.
Jueves negro en Juárez: actos tipificados como terrorismo Según la primera declaración de José Antonio, ese día un hombre llamado Carlos Adrián Gómez Juárez —que trabajaba para la pandilla Los Mexicles— le dijo que su jefe Juan Carlos V.
, conocido como El Seky, necesitaba que hiciera un trabajo.
“¿Te quieres aventar un jale (sic)? Hay que quemar un camión”, le diría.
Este no sería el único hecho delictivo que aterrorizó a los chihuahuenses ese 11 de agosto del año 2022, que sería bautizado como “el jueves negro”.
Después del incendio de ese camión, vino otro.
Más tarde organizaciones delictivas llamarían a varios medios de comunicación para advertir que ocurrirían más ataques.
Y cumplieron: fueron arrojadas bombas molotov contra gasolineras, contra comercios que quedaron en llamas, vehículos ardiendo en cruceros estratégicos, balaceras en varios puntos simultáneos.
Al interior del penal de la localidad estalló un motín.
A las 22:00 horas, la ciudad estaba paralizada.
Las universidades cancelaron clases al día siguiente.
Los ataques de aquel 11 de agosto en Ciudad Juárez fueron atribuidos a pandillas vinculadas al Cártel de Juárez, específicamente a Los Mexicles y a La Empresa.
Durante la violenta jornada murieron 11 personas.
José Antonio y El Seky serían unos de los pocos acusados por el delito de terrorismo, previsto y sancionado en México en el numeral 139, fracción l del Código Penal Federal.
En otras palabras, ese par estuvo involucrado en la realización intencional de actos violentos usando una lista muy amplia de medios –desde sustancias tóxicas y material radioactivo hasta explosivos– dirigidos contra bienes o servicios públicos o privados, o contra la integridad y la vida de personas, y que produzcan alarma, temor o terror en la población.
Pero todo se derrumbó…Una revisión de MILENIO de los archivos del Consejo de la Judicatura Federal reveló que, en 25 años, al menos 40 personas han enfrentado en algún momento de su proceso judicial cargos por terrorismo.
Ya sea porque fueron acusados de delincuencia organizada en su hipótesis de cometer terrorismo o el delito de terrorismo previsto y sancionado por el artículo 139 fracción primera del Código Penal Federal en la modalidad de producir alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional.
En algunos casos la acusación se cayó debido a que el Ministerio Público Federal no logró sustentarla.
Esa es la principal piedra en el zapato de los ministerios públicos.
A nivel federal ha habido 15 casos en los cuales fueron acusadas 34 personas, mientras que en a escala estatal se dieron cuatro ocasiones en las que fueron acusadas seis personas.
A estas se les encontró relacionadas con ataques relacionados con bombas e incendios que causaron pánico entre la población.
La tendencia marca que los jueces han desechado cerca de la mitad de las acusaciones por falta de pruebas.
Desde el lado de la federación se reporta que al menos en siete casos se reportó que el Ministerio Público no logró sustentar la acusación como en los incendios y disturbios en el poblado costero sinaloense de Jesús María, de lo que se conoció como el Culiacanazo 2.
0, cuando en enero de 2023 se detuvo a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
Otros juicios siguen atorados en los juzgados.
Primeros casos en la época de CalderónUna de las primeras ocasiones en las que se registró una acusación por terrorismo fue en 2010.
Orlando Langarica García, Édgar Alejandro Araiza Vargas, Jaime Alonso Mora Gutiérrez y Juan Luis Vargas Guzmán fueron señalados de detonar una granada de fragmentación en un bar en Puerto Vallarta.
El expediente relata que el 25 de agosto Juan Manuel Peña Montaño, comandante de guardia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, recibió la noticia de que en el barrio El Pitillal, en un negocio de micheladas llamado Pinkcheladas, había sido detonado un explosivo.
Un mesero del lugar recuerda que ese día había unos 100 jóvenes, quienes bailaban y cantaban con la rocola del lugar, cuando de repente explotó algo a sus espaldas.
Todo se fue a negros y cuando el trabajador volvió en sí tampoco alcanzaba a distinguir nada claro, pues el lugar estaba repleto de un humo.
“Me asusté y corrí hacia los baños”, declaró.
La versión del bartender del lugar era que en esa ocasión había un grupo grande de personas, pues un equipo de futbol festejaba en el bar.
Pasadas las 23:00 horas sobrevino la explosión que lo nublo todo.
La granada había caído cerca de la mesa tres, donde estaban los deportistas.
Un trabajador de la barra contaría que algunas de las peores escenas del suceso: “Ayudé a sacar a las personas que estaban lesionadas, algunas con las piernas destrozadas, no supe qué fue lo que explotó”, relató a las autoridades.
Otra sobreviviente dijo que de pronto sintió un “flechazo” y escuchó un fuerte sonido que la aturdió, algo la aventó y cayó al suelo junto con una amiga a la que trató de auxiliar porque le hacía falta un pedazo del pie izquierdo.
Lo que había explotado era una granada de fragmentación de uso militar, modelo M67.
Veinte personas fueron heridas y cuatro sufrieron amputaciones.
Se dijo que uno de los jóvenes del equipo de futbol la traía y que el artefacto explotó por accidente.
Las cuatro personas mencionadas líneas arriba fueron acusadas de terrorismo, pero en 2011 un tribunal en Jalisco sostuvo que, por la “insuficiencia” de las indagatorias del Ministerio Público se anuló el auto de formal prisión contra tres de los acusados.
Entre 2012 y 2015 se registraron al menos cinco casos más en los que la palabra terrorismo fue usada.
Sería en ese periodo cuando se abrirían más investigaciones por esa razón, como en junio del 2012, cuando un coche bomba se hizo explotar frente al edificio municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Según los peritos, los explosivos fueron colocados en una camioneta Ford Ranger pickup gris, con placas de circulación ew-03-530 de transporte privado de Tamaulipas.
La explosión del artefacto fue activada a distancia mediante un sistema de comunicación inalámbrica.
Dos personas murieron y hubo siete heridos con quemaduras severas.
En este caso se acusó de terrorismo a un hombre, y aunque la sentencia afirma expresamente que “quedaron probados” los delitos materia del proceso, las constancias eran “insuficientes para acreditar la plena responsabilidad penal” porque no se demostró “plenamente la autoría o participación” del acusado.
En otro caso de 2013 una persona más sería acusada de terrorismo: Gonzalo Molina, líder de la Policía Comunitaria en Tixtla, Guerrero, pasó cinco años en el penal de Chilpancingo acusado de privación de la libertad, robo y terrorismo.
Sin embargo, el que fuera cabeza de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, fue absuelto en 2019 del cargo que le imputaron.
Jalisco, epicentro de violencia y de acusaciones La mañana del día del Código Rojo en Jalisco, el primero de mayo del año 2015, los policías municipales Tiburcio Paredes Rodríguez y Antonio Robles Gallegos recibieron la alerta: narcobloqueos simultáneos en todo el estado.
Vehículos quemados, bancos atacados, comercios en llamas.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaba mandando un mensaje.
Dos agentes patrullaban en sus motocicletas por la carretera libre a Zapotlanejo cuando, alrededor de las 11:40 horas, se detuvieron en un semáforo en rojo.
La gente en la esquina les gritaba desesperada, señalando hacia el estacionamiento de Bodega Aurrerá.
Al acercarse detectaron a cuatro hombres que lanzaban bombas incendiarias a tres vehículos estacionados.
Las llamas se levantaron de inmediato.
Los atacantes corrieron, se dividieron en dos motocicletas y arrancaron a toda velocidad por la carretera.
Los agentes Paredes y Robles los persiguieron.
Una de las motos giró por la calle El Canal, la otra siguió de frente entre el tráfico.
Los policías tomaron una decisión: ir tras los que doblaron, que estaban más cerca.
La persecución duró varios minutos por las calles de la colonia Los Puestos.
Los sicarios en la moto intentaban perderlos entre las calles, pero Paredes y Robles los seguían a menos de 10 metros, con sirenas y luces encendidas.
En el cruce de Independencia y Aldama les cerraron el paso.
El conductor se tropezó con su propia moto y cayó de rodillas.
El copiloto saltó y corrió.
Robles sometió al que cayó, mientras que Paredes persiguió al que huía media cuadra más adelante.
Lo alcanzó y lo derribó tras una breve lucha.
Ambos terminaron esposados en el pavimento.
Se identificaron como Jesús y Carlos, de 18 y 21 años.
Confesaron de inmediato: habían quemado los tres carros en el estacionamiento.
Mientras tanto, en Bodega Aurrerá, los vehículos seguían ardiendo, un Seat Ibiza gris, un Chevy Monza azul y un Nissan Tsuru.
Los dueños miraban las llamas con impotencia.
Ese día Jalisco ardió en decenas de puntos simultáneos.
El par de policías detuvo sólo a dos de los responsables, los otros dos escaparon entre el tráfico.
Hasta el momento, por ese caso, al menos cinco personas han sido acusadas de terrorismo, pero las investigaciones continúan.
RM