Estaciones de servicio le ponen condiciones al Gobierno Petro para vender la gasolina más barata y evitar cierres de empresas Infobae
El gremio nacional “Somos Uno”, que representa a las 6.400 estaciones de servicio de Colombia, expresó su posición frente a la directriz del Gobierno nacional, que ordena una reducción en el precio de la gasolina corriente a partir del 1 de febrero de 2026.
La medida, establecida mediante una circular de cumplimiento obligatorio del Ministerio de Minas y Energía, impacta a todas las estaciones de servicio —incluyendo grandes cadenas y pequeñas y medianas empresas— en todo el país. La reducción obedece a una disminución cercana a $600 en el componente “ingreso al productor”, cifra que se ve compensada de manera parcial por incrementos en otros conceptos, como el impuesto al carbono, el impuesto nacional y el margen de comercialización minorista.
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El resultado neto es una rebaja aproximada de $500 por galón en el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. La circular ministerial ordena a todos los distribuidores minoristas de combustibles líquidos derivados del petróleo reflejar de forma inmediata la reducción en tableros visibles, surtidores, sistemas de facturación electrónica, reportes al Sicom, material publicitario y canales digitales en cada estación del país. No se permitirá el mantenimiento de precios previos, la aplicación de valores intermedios o el uso de esquemas que oculten o fraccionen la reducción dispuesta.
La exigencia de cumplimiento estricto alcanza a las principales ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira, Manizales, Ibagué, Pasto y Cúcuta, de acuerdo con los valores oficiales locales.
Operativos nacionales inmediatos
Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía anunció el desarrollo de operativos nacionales inmediatos y permanentes de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de la norma. En caso de incumplimiento, las estaciones podrán ser bloqueadas de manera inmediata en el sistema Sicom, lo que impediría la compra, recepción y comercialización de combustibles. Además, se iniciarán procesos administrativos sancionatorios que pueden derivar en multas, suspensión o cancelación de la autorización como distribuidor minorista.
Los casos de incumplimiento serán remitidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, que actuará en caso de posible afectación a los derechos de los consumidores. Cuando haya indicios de delito o falta grave, las denuncias serán elevadas a las autoridades penales y disciplinarias. Las infracciones reiteradas pueden llevar a la cancelación definitiva del permiso de operación.
Frente a las exigencias, “Somos Uno”, cuyo vocero es David Jiménez Mejía, presentó una serie de aclaraciones y demandas para una aplicación justa y operativamente viable de la reducción de precio. El gremio señala que la modalidad de “compra en firme” en las plantas mayoristas significa que cada despacho de combustible representa una venta irrevocable a precio fijo, por lo que el distribuidor minorista debe agotar el inventario existente antes de adquirir nuevo producto a la tarifa actualizada.
Según el mismo, obligar a aplicar la reducción de inmediato sin considerar los inventarios adquiridos de manera previa a valores más altos expone a las estaciones a riesgos económicos serios. Mientras no puedan rotar el inventario y abastecerse con el nuevo precio, trasladar la baja a los consumidores implicaría vender a pérdida, lo que puede afectar con mayor severidad a pequeñas y medianas estaciones de servicio.
La organización también plantea que los lineamientos oficiales deben contemplar la realidad operativa de la cadena de distribución. Expone que cualquier ajuste en el precio debe considerar los tiempos de rotación de inventario y evitar forzar ventas por debajo del costo de adquisición.
Exigencias de las estaciones de servicio
El conjunto de exigencias de “Somos Uno” para la implementación de la reducción del precio incluye:
- Reconocimiento formal a la modalidad de “compra en firme” en las plantas mayoristas, ya que determina el ritmo del ajuste de precios en las estaciones de servicio.
- Consideración de los tiempos reales de circulación del inventario antes de trasladar la baja al consumidor final, para evitar pérdidas económicas originadas por ventas por debajo del costo.
- Garantía de que ningún distribuidor minorista sea obligado a vender a pérdida, con especial atención a la protección de pequeñas y medianas empresas del sector.
- Elaboración de lineamientos oficiales que reflejen fielmente el funcionamiento operativo de la cadena de distribución de combustibles.
- Necesidad de coordinación institucional eficaz tanto en la aplicación normativa como en la comunicación transparente dirigida a los usuarios.
- Protección simultánea de la sostenibilidad sectorial y de los consumidores finales.
- Procesos de inspección y sanción basados en criterios estrictamente técnicos, y no únicamente sancionatorios o punitivos.
De igual manera, advirtió que ignorar las consideraciones pondría en peligro la estabilidad financiera del sector y podría conducir a ventas a pérdida y al cierre de establecimientos en varias regiones del país.
Criterios técnicos y claridad operativa
En el pronunciamiento, “Somos Uno” reafirmó su voluntad de respetar la regulación vigente y de colaborar con las autoridades para garantizar que la reducción del precio de la gasolina se aplique bajo criterios técnicos y con claridad operativa.
La organización se mostró abierta a participar en los procesos de inspección y en el diálogo institucional con el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de contribuir a que la medida beneficie a usuarios y al sector, con la promoción de transparencia, la sostenibilidad y la protección de todos los involucrados.
