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Venezuela y la ruptura de Westfalia

Carlos Delgadillo Macías

He leído con atención los textos del doctor Juan Manuel Negrete publicados en su columna de Partidero, sobre el fin del Estado-nación. Él habla de la Paz de Westfalia como un hito en la conformación del Estado moderno y, en particular, de lo que denomina el “modelo latino”. Como sus textos tenían la finalidad de otorgar un marco de comprensión para lo sucedido en Venezuela, con la captura o secuestro de Nicolás Maduro, supuse que la reflexión discurriría sobre cómo con esa intervención se habían roto los cimientos de aquel proceso del siglo XVII.

Sin embargo, parece que su interés está más en el contraste entre el “modelo latino” y lo que identifica como “modelo sajón”. Por eso, me he atrevido a desarrollar por mi cuenta lo otro, esto es, cómo la agresión norteamericana de principios de enero de este 2026 transparenta que la Paz de Westfalia y sus principios han sido trastocados. No es algo nuevo, por supuesto, pero no está de más recordarlo.

Los tratados y sus principios

En 1648 se firmaron dos tratados en las ciudades de Münster y Osnabrück, ubicadas en la región de Westfalia (hoy Alemania). Estos documentos formalizaron el fin de dos guerras, la de los Treinta Años (1618 – 1648), en el Sacro Imperio Romano Germánico, y la de los Ochenta Años, entre España y los Países Bajos.

El esquema vigente hasta ese momento consagraba la preeminencia del Papa y el Emperador sobre los Estados europeos. Había una autoridad universal sobre reyes, príncipes, duques y demás autoridades locales. La Paz de Westfalia significó el principio del fin de aquella preeminencia, hasta entonces incuestionable.

Se estableció el nuevo principio, Rex est imperator in regno suo (“el rey es el emperador en su reino”), es decir, en cada demarcación el rey sería la máxima autoridad, sin que el Papa mismo o un Emperador pudiese gobernar despóticamente sobre los reinos. Esto consolidó también el principio, acordado antes, de Cuius regio, eius religio (“de quien es la región, es la religión”), que otorgó a los reyes y príncipes la potestad de determinar sus políticas internas, como las religiosas. Ya no sería el Vaticano el que mandatara sobre qué religión tendría que seguirse o no en cada territorio.

En particular, puede citarse el Artículo VIII del Tratado de Osnabrück (original en latín): “Para prevenir en el futuro cualquier diferencia en asuntos políticos… todos y cada uno de los Electores, Príncipes y Estados del Imperio Romano, son así establecidos y confirmados en sus antiguos Derechos, Prerrogativas, Libertades… y en la posesión de soberanía territorial (Landeshoheit) libre y perpetua…”. También se dotó a los Estados de la capacidad de entablar alianzas: “…tienen el derecho perpetuo de hacer alianzas entre ellos y con extranjeros para su preservación y seguridad…”.

Las causas eran profundas y son bien conocidas. La Guerra de los Treinta Años había devastado los pequeños Estados alemanes, por las guerras de religión. Se hizo necesario establecer un principio que impidiera que un Estado invadiera a otro bajo el pretexto de defender a una minoría religiosa. A la par, con la soberanía territorial otorgada a cada uno de esos Estados, se fragmentó la autoridad del Sacro Imperio, controlado por los Habsburgo. Y se avanzó también en la laicidad del Estado, pues, como ya se dijo, el Papa no tendría ya legitimidad para tomar decisiones sobre la religión de los Estados. De hecho, el Papa Inocencio X condenó los tratados de Westfalia con una bula (Zelo Domus Dei).

La no intervención y su excepción

Puede considerarse que el principio de soberanía territorial de Westfalia es la base del principio de no intervención que tuvo una primera formulación en el siglo XVIII, en el Derecho de Gentes del filósofo suizo Emer de Vattel, y que se consagró en los artículos 2.4 y 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas. Dice ahí:

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas (artículo 2, párrafo 4).

Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII (artículo 2, párrafo 7).

En negritas resalto la excepción, que remite al Capítulo VII, ahí se determina que el Consejo de Seguridad de la ONU puede autorizar una intervención económica, como sanciones, o incluso militar, si concluye que la situación en algún país constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, como una guerra civil o un genocidio. Es decir, se deja abierta la posibilidad de intervenir en un Estado si su situación interna es demasiado grave.

Durante la Cumbre Mundial 2005, celebrada en Nueva York del 14 al 16 de septiembre, se aprobó en la ONU un principio basado en esa excepción que significó un cambio radical. Se le conoce como Responsabilidad de Proteger (R2P). Según el texto, si un Estado no puede o no tiene la voluntad de proteger a su propia población de cuatro crímenes (genocidio, de guerra, limpieza étnica y lesa humanidad), los Estados de la ONU no tienen sólo la posibilidad sino la obligación de actuar.

En concreto se trata del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (Resolución A/RES/60/1 de la Asamblea General), en los párrafos 138 y 139:

Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión… Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia (extracto del párrafo 138).

La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados… para ayudar a proteger a las poblaciones…

En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva… por conducto del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, caso por caso y en cooperación con las organizaciones regionales pertinentes, cuando los medios pacíficos resulten inadecuados y las autoridades nacionales no protejan manifiestamente a su población de [los cuatro crímenes mencionados] (extracto del párrafo 139).

Es decir, la ONU define que intentará agotar los medios pacíficos, pero puede autorizar los medios militares también para evitar esos cuatro crímenes en algún Estado.

Libia y la ruptura

El primer caso histórico en el que se empleó este documento como base para una intervención es el de Libia en 2011 y en concreto contra Muamar el Gadafi.

Como parte de la llamada “Primavera Árabe”, estallaron en Libia revueltas que evolucionaron a una rebelión armada contra el gobierno central de Trípoli. Los rebeldes, atrincherados en Bengasi, estaban en serios predicamentos por no contar con aviación ni armamento antiaéreo. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido impulsaron una resolución en el Consejo de Seguridad para crear una “zona de exclusión aérea” en Libia, para evitar lo que interpretaron como una masacre de civiles. China y Rusia, los otros dos miembros del Consejo, no vetaron la resolución. El resultado fue no sólo la creación de la “zona de exclusión aérea” sino el derrocamiento de Gadafi, su asesinato y el caos tribal que, aún hoy, sigue vigente.

El documento de 2005 y la resolución de 2011 para el caso de Libia, a partir de la excepción al principio de no intervención del párrafo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas, se convirtieron en la herramienta para romper aquel viejo principio de soberanía territorial que había puesto fin a dos guerras largas y devastadoras en la Europa de hace tres siglos y medio.

Citando el caso de Libia, Vladimir Putin, el presidente ruso, decidió en 2015 intervenir en Siria para sostener el régimen de Bashar al Asad, quien también enfrentó una rebelión armada y finalmente fue derrocado en mayo de 2024.

En Venezuela, Washington no recurrió a la estrategia de Libia. Optó, en cambio, por formalizar a Maduro como un delincuente, miembro de un cartel, y la denominación de los carteles como “organizaciones terroristas”. Pudo entonces denominar como “captura” la intervención de facto que realizó el 3 de enero de este 2026. Un camino similar está siguiendo en Irán, con la formalización de la Guardia Revolucionaria de ese país también como “organización terrorista”.

La ruptura del principio de soberanía afincado en la Paz de Westfalia, culminada en 2011 con la intervención occidental en Libia, nos ha dejado un mundo más inseguro, donde las grandes potencias ya no tienen mucho cuidado en intervenir ahí donde les parezca conveniente, sin cuidarse ya mucho de lo que opine la ONU o lo que se asiente en sus documentos.