El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes reorganiza a los sacerdotes de Managua mientras se agrava la tensión con la dictadura Infobae
El cardenal Leopoldo José Brenes anunció este domingo el traslado de 23 sacerdotes en la Arquidiócesis de Managua, una reorganización forzada por la expulsión de religiosos que ha dejado múltiples parroquias sin titulares en Nicaragua. La medida se produce en medio de la escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica, que ha convertido al país centroamericano en uno de los escenarios más graves de persecución religiosa del continente.
Brenes explicó en un comunicado que las nuevas asignaciones pastorales responden al “bien espiritual y la debida atención pastoral de las comunidades parroquiales” de la capital nicaragüense. Entre los movimientos destaca la designación del sacerdote Kevin Mayorga, recientemente ordenado, para ocupar la parroquia Nuestro Señor de Esquipulas, que quedó vacante tras el destierro del padre Héctor Treminio en enero de 2024.
La reorganización incluye parroquias cuyos titulares fueron obligados al exilio por presión gubernamental, como la parroquia Nuestra Señora de las Américas, antes dirigida por el padre Fernando Téllez Báez, quien abandonó Nicaragua en diciembre de 2023 ante amenazas policiales. Brenes también nombró un nuevo director del Seminario Mayor La Purísima: el sacerdote Hanz Bendixen, que ejercía como párroco de la iglesia San Ignacio de Loyola.
El alcance de la persecución religiosa en Nicaragua se refleja en cifras contundentes. Según el informe “Fe bajo fuego” de la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos han sido desterrados del país desde 2018, incluidos cuatro obispos, cerca de 140 sacerdotes, más de 90 religiosas, una decena de seminaristas y tres diáconos. Entre los expulsados figuran el presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Enrique Herrera, y los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora.
La relación entre la dictadura de Ortega-Murillo y el Vaticano ha alcanzado niveles de ruptura sin precedentes. En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó como “dictadura grosera” al régimen nicaragüense, apenas un mes después de que Álvarez fuera condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por “traición a la patria”. El obispo de Matagalpa fue posteriormente desterrado a Roma en enero de 2024, tras permanecer más de 500 días en prisión, la mayoría en régimen de aislamiento.
Ortega respondió a las críticas vaticanas con medidas de represalia directas. Disolvió y expropió a la Compañía de Jesús, orden religiosa a la que pertenecía el papa Francisco, y ha calificado reiteradamente a la Iglesia católica como “mafia” y antidemocrática. En marzo de 2022, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag fue expulsado del país, punto de inflexión que marcó el deterioro definitivo de las relaciones diplomáticas entre Managua y la Santa Sede.
La persecución no se limita a expulsiones. La investigadora Martha Patricia Molina ha documentado 1.030 ataques contra católicos entre abril de 2018 y enero de 2025, que incluyen agresiones físicas, profanaciones, confiscaciones de propiedades eclesiásticas y la prohibición de más de 18.800 procesiones religiosas. En enero pasado, el régimen confiscó el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga de la Diócesis de Matagalpa, desalojando a 30 seminaristas, y se apropió del Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja.
La dictadura también ha cerrado 5.609 asociaciones sin fines de lucro, de las cuales 1.294 eran de carácter religioso, según el informe de Nicaragua Nunca Más. Al menos 54 medios de comunicación, 22 de ellos religiosos, han sido clausurados por el Instituto de Telecomunicaciones estatal.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció en julio de 2024 que la dictadura mantiene ataques “sistemáticos” contra la Iglesia católica y ha cometido crímenes de lesa humanidad, entre ellos deportación forzosa, encarcelación arbitraria, tortura y persecución por motivos religiosos. Los expertos consideran que estos ataques obedecen a que el régimen percibe a la Iglesia como amenaza directa a su control totalitario sobre la sociedad nicaragüense.
Mientras tanto, los sacerdotes que permanecen en Nicaragua enfrentan restricciones severas: vigilancia policial constante, prohibición de referirse en homilías a temas como derechos humanos o democracia, revisión de teléfonos celulares y obligación de presentar informes semanales sobre sus actividades a las autoridades, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
