Se cumple un año de la reforma constitucional que otorgó un poder total a Ortega y Murillo Infobae
San José, 30 ene (EFE).- Este viernes se cumple un año de la aprobación en segunda y definitiva legislatura de una reforma a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a los esposos y ahora copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes, a juicio de expertos, buscan instaurar una "dinastía familiar".
"Hace un año se concretó la destrucción total del Estado, dando paso a una dinastía familiar con apariencia de constitucionalidad", declaró a EFE el abogado nicaragüense Salvador Marenco, especialista en derecho constitucional.
Esas enmiendas "son, de hecho, una nueva Constitución, una alejada de cualquier pacto social o de cualquier fundación de un Estado garante de Derecho", valoró el letrado, que también es activista de la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que opera desde Costa Rica.
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.
La enmienda amplía de cinco a seis años el periodo presidencial, establece la figura de "copresidenta", que el Ejecutivo "coordine" los demás "órganos" del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
A juicio de Marenco, esas reformas fueron diseñadas "para garantizar el continuismo por parte de la dictadura", y declarar "traidor a la patria" a todo aquel que emita una opinión contraria al Gobierno sandinista.
"Está diseñada para amedrentar, para intimidar. Es una Constitución que, en vez de reflejar derechos, refleja amenazas", sostuvo.
Sobre el control absoluto del poder, dijo que la misma "viene a darle apariencia de legalidad a lo que se venía ejerciendo: en Nicaragua no existían ya poderes del Estado. La Constitución lo refuerza llamándolo ahora órganos de Estado que están sometidos a la voluntad de la pareja codictatorial".
Por su lado, el también abogado nicaragüense exiliado Juan Diego Barberena dijo a EFE que el principal efecto que ha tenido esa reforma "es que el orden constitucional se ha desmembrado".
"Es decir, se ha roto la estructura básica de la Constitución Política", que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses y se ha perdido la capacidad de limitar el poder político, puntualizó.
Barberena explicó que con estos cambios "se ha configurado un régimen político de carácter totalitario, de tal manera que si antes este régimen político existía en los hechos, hoy existe de Derecho".
"A partir de ahí, este régimen político de carácter totalitario no tiene ningún límite a su forma de detentación del poder, porque los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses han sido restringidos en su contenido y esencia", advirtió.
Así consideró que con esas enmiendas no "hay una plena vigencia del Estado de Derecho", porque "la ley dejó de sujetar al poder y el poder ahora sujeta a la ley".
En ese sentido, observó que la Presidencia de la República, que dirigen Ortega y Murillo, "concentra, administra y dirige el órgano legislativo, el judicial y el electoral. ¿Esto qué significa? Es el poder total", lo que, a su juicio, "es otra consecuencia del colapso del Estado de Derecho" en Nicaragua.
En resumen, apuntó que las reformas persiguen instaurar "la sucesión dinástica", bajo el principio de la "ausencia del Estado de Derecho y la ausencia del límite del poder político" concentrado en un matrimonio.
Los legisladores, a petición de Ortega, reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.
También incluyó como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. EFE
