EU, en protesta histórica: la filtración de memorándum letal y los abusos sistemáticos de ICE Milenio

Las manifestaciones convocadas para este viernes 30 de enero son descritas por los organizadores como una “escalada dirigida” para exigir justicia y rendición de cuentas ante los asesinatos cometidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
El paro del 23 de enero,al que dio seguimiento MILENIO para esta investigación, tuvo foco central en el estado de Minnesota, pero se replicó en todo el país con decenas de miles de participantes pese a las temperaturas bajo cero.
Aquel primer suceso fue llamado ICE Fuera de Minnesota: Día de la Verdad y la Libertad, e incluyó boicot económico, suspensión laboral, ausencia en las escuelas y marchas pacíficas contra redadas en aeropuertos y barrios.
Fue una reacción a las detenciones masivas –calculadas entre 40 mil y 73 mil personas desde 2025–, muertes en custodia y la ejecución de ciudadanos estadunidenses.
Exigió, además, la salida inmediata de ICE del estado y justicia para víctimas.
Esta segunda huelga del viernes 30, si bien es convocada desde Minneapolis-Saint Paul, pretende extenderse nacionalmente con un “apagón masivo”: no ir trabajar, tampoco a clases ni hacer compras (salvo cosas esenciales) para presionar económicamente.
Organizaciones civiles y estudiantiles buscan visibilizar el “terrorismo” de ICE contra comunidades inmigrantes.
Esta será la segunda huelga general en Estados Unidos en 80 años.
La resistencia ante la persecución de inmigrantes de la administración Trump sigue creciendo.
La indignación por las muertes a balazos de Renee Good, el 7 de enero, y de Alex Pretti, el 24, en Minneapolis, se ha agudizado por la respuesta gubernamental de dar una versión que contradice lo que muestran las videograbaciones de los hechos, así como de criminalizar a las víctimas, culpándolas de los hechos y llamándolas “terroristas domésticos”, además de blindar a los responsables impidiendo que la policía local investigue los casos.
Un memorándum encendió más el rechazoMILENIO pudo conocer que estos asesinatos son parte de una relajación en los procedimientos que se remonta a un memorándum secreto de la dirección del ICE emitido en mayo de 2025, el cual instruye explícitamente a los agentes migratorios para que utilicen órdenes administrativas como base legal suficiente para ingresar por la fuerza a residencias privadas, eliminando el requisito histórico de una orden judicial.
Si este último debe ser emitido por un juez, las primeras las redacta la propia agencia migratoria.
Luego del hallazgo de ese documento, el Congreso de Estados Unidos pidió explicaciones a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem:“Esta nueva política se basa en una interpretación legal secreta y contraviene directamente la ley de la Cuarta Enmienda y la práctica de la agencia.
Proporciona una lista de los litigios actuales contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias integrantes por violaciones de la Cuarta Enmienda”.
Los convocantes a la huelga general señalan que en la madrugada del 1 de enero un oficial migratorio mató en Los Ángeles a Keith Porter, un hombre que celebraba el año nuevo dando tiros al aire sin amenazar a nadie.
El agente federal, que como sus compañeros fue justificado en su proceder por sus superiores, no tiene autoridad para aplicar la ley local ni mucho menos, dijo el abogado de la familia, para imponer “una sentencia de muerte”.
Las nuevas prácticas ilegales del ICE están siendo validadas y normalizadas por las autoridades aunque sean anticonstitucionales y contradigan las normas que el organismo mantiene en su sitio web, señalan los protestantes.
Otro aspecto que pretenden evidenciar los reclamos es que, aunque Trump aseguró que su campaña antimigratoria se enfocaría en extranjeros con antecedentes criminales, la persecución ha sido general, incluso contra migrantes que han cumplido la ley y tienen procesos de regularización en trámite, y hasta ciudadanos estadunidenses de nacimiento, como los tres fallecidos.
Validación gubernamental de abusos y prácticas ilegales Las movilizaciones y la huelga de actividades surgieron desde que Minnesota sufrió lo peor de la ofensiva lanzada por Trump hace un año.
Y en este enero, por ejemplo, el 18 de enero, hombres encapuchados y armados rompieron la puerta de la casa de un hombre mayor, apuntaron pistolas contra su familia, lo esposaron sin permitir que se vistiera y lo sacaron al exterior nevado antes de verificar que era ciudadano.
O el día 13, una estadunidense con autismo, que conducía un carro rumbo a una cita médica, fue rodeada por varios hombres enmascarados que gritaban órdenes que ella no podía entender, la sacaron a golpes y empujones, a pesar de que ella repetía que estaba incapacitada, y la arrojaron al suelo mojado.
A numerosos casos como estos se suman los asesinatos referidos.
Y distintas autoridades, desde el director del ICE hasta el presidente Donald Trump, calificaron las acciones de los oficiales como correctas y proporcionadas.
En el caso de Renee Good, el vicepresidente J.
D.
Vance declaró:“Si un agente del orden federal participa en una acción policial federal, eso es un asunto federal.
Ese tipo está protegido por inmunidad absoluta”.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, añadió que Good era una “terrorista doméstica”.
Misma acusación sin base que hizo después contra el hombre que mataron, Alex Pretti, a quien además, Donald Trump llamó “pistolero” y “criminal”.
La convocatoria a la huelga general del 30 de enero se alimenta en parte por la justificación y normalización de prácticas que no eran comunes ni son permitidas por los manuales de actuación del ICE.
El 22 de enero, sin embargo, a través del sitio Whistleblower Aid, fue filtrado un documento que indica que los procedimientos del servicio de inmigración están siendo modificados sin informarlo al público, de manera oculta.
Se trata de un memorando firmado por el director interino del ICE, Todd Lyons, con fecha del 12 de mayo de 2025, que instruye explícitamente a los agentes de la oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) para que utilicen órdenes administrativas de remoción, que pueden ser emitidas por oficiales del mismo ICE, como base legal suficiente para ingresar por la fuerza a residencias privadas, eliminando el requisito histórico de una orden judicial.
La nueva política del ICE generó una rebelión al interior de la agencia migratoria e incluso demandas legales.
“Nuestros clientes tienen conocimiento de varios empleados del DHS que enfrentaron represalias por expresar sus preocupaciones o desacuerdos con el cambio de política del memorándum del 12 de mayo, lo que probablemente constituya prácticas prohibidas para el personal.
Un cliente sabe de un instructor gubernamental experimentado, encargado de enseñar esta nueva doctrina, que optó por renunciar antes de verse obligado a enseñar lo que entendía como ilegal”, señalan los abogados de un grupo de denunciantes.
La evidencia no importaEl mismo 22 de enero, agentes del ICE bajaron del coche a un menor de edad al que acababan de traer de su centro preescolar, Liam Conejo Ramos, y lo usaron para engañar al padre y sacarlo de su hogar.
Originarios de Ecuador, al llegar a Estados Unidos iniciaron un proceso para obtener asilo, por lo que, declaró su abogado Marc Prokosch, “estos no son inmigrantes irregulares, vinieron y están siguiendo la ruta apegada a la ley”.
Otro adulto que estaba en el lugar rogó que los oficiales dejaran al pequeño con él.
En lugar de acceder, enviaron a ambos a un centro de detención en Texas, a mil 600 kilómetros, lejos de la madre.
Funcionarios del Distrito Escolar, que dijeron que era el cuarto de sus alumnos detenidoen los últimos días, señalaron que los oficiales “usaron a un niño de cinco años como cebo”.
En un tuit, el Departamento de Seguridad Nacional contó otra historia: el niño fue abandonado, los agentes “hicieron múltiples intentos para que la madre tomara la custodia de su hijo” e “incluso le aseguraron que no la arrestarían” pero “ella se negó a aceptar la custodia del niño”.
El vicepresidente, J.
D.
Vance, completó el argumento: “Bueno, ¿qué se supone que debían hacer? ¿Debían dejar que un niño de cinco años se congele?”En este caso, no hay video que demuestre lo que realmente pasó.
Pero incluso cuando sí lo hay, la reacción de las autoridades es contradecir lo que muestra la evidencia.
Como con el asesinato de Renee Nicole Good, se ve que ningún agente está en peligro.
Ross dispara un tiro a través del parabrisas y dos desde un costado, no fue golpeado ni herido.
Además, cuando un médico intentó acercarse a ayudar a la víctima, se lo impidió.
De cualquier forma, el presidente Trump dijo que Good había atropellado a Ross y publicó en su red social que “cuesta creer que esté vivo, pero ahora se está recuperando en el hospital”.
Sin embargo, el agente no fue al hospital, permaneció en la zona y fue grabado caminando con tranquilidad.
Una nota de TheNew York Times señaló que su “análisis de las imágenes desde tres ángulos de cámara mostró que la conductora se alejaba de un agente federal, no se dirigía hacia él, cuando abrió fuego”.
Pero “el Sr.
Trump se mantuvo firme en su postura, incluso cuando señalamos las inconsistencias en su relato y la falta de claridad en los videos que circulaban en redes sociales.
Le preguntamos si, en su opinión, disparar contra un vehículo de esa manera era aceptable.
"Se comportó fatal", dijo el Sr.
Trump.
"Y luego lo atropelló.
No intentó atropellarlo.
Lo atropelló"”.
O como cuando atacaron a balazos a Alex Pretti, tres semanas después: el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, lo calificó de “asesino en potencia”; por su parte, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, afirmó que se presentó para “masacrar” a los agentes federales.
A pesar de que, como su familia señala, los videos muestran que aparentemente traía una pistola en el cinturon, como era su derecho porque contaba con el permiso requerido, pero jamás la sacó ni la tuvo en la mano; mientras que siete agentes sí lo golpearon y le dispararon después de haber sido desarmado.
“Nos preocupa la seguridad… de nuestros agentes” Las políticas del ICE publicadas en su sitio web oficial y en manuales operativos como los de Operaciones de Cumplimiento y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) establecen límites claros para evitar violaciones constitucionales.
Su protocolo enfatiza la identificación y arresto de personas sujetas a órdenes finales de deportación, lo que no aplica en el caso del niño Liam Conejo Ramos y su padre.
Prohíben entradas forzadas a casa sin una orden judicial emitida por un juez; si no la hay, se enfatiza el “golpear la puerta y anunciar” (knock and announce) la presencia de los agentes, así como la obtención de consentimiento voluntario.
A falta del requerimiento, las órdenes administrativas sólo son válidas para arrestos en espacios públicos; y se insiste en el uso de fuerza solo cuando es necesario y razonable.
Además, las intervenciones en “áreas protegidas” (escuelas, iglesias, hospitales) requerían de aprobación previa hasta que la directiva sobre este tema, que databa de 2021, fue reemplazada el 20 de enero de 2025 –el día en Trump asumió la presidencia– por otra que dice que no es necesario establecer reglas e instruye a los agentes a “usar el sentido común”.
Aunque la normativa de ERO continúa vigente, la percepción es que la sistemática justificación que dan las autoridades cada vez que es violada, junto a la ausencia de sanciones a los responsables, en la práctica es irrelevante para los agentes, lo que de esta forma deja a ciudadanos y extranjeros sin protección ante el ICE.
Además de que el memorando que ordena entrar a la fuerza en hogares aunque no se tenga orden judicial, fue firmado por el director del ICE hace ocho meses –mismo que no había sido revelado hasta su filtración–.
Esta situación genera sospechas de que las reglas están siendo eliminadas a espaldas de la ciudadanía.
Para la administración Trump, por si había duda, no hay problema en haber mantenido confidencial una instrucción que contradecía la política pública del ICE ni en la práctica misma.
Porque “todas las personas a las que el departamento notifica con una orden administrativa ya han tenido el debido proceso y una orden final de deportación”; además de que “los agentes que emitieron dichas órdenes también encontraron causa probable para el arresto de la persona”, dijo la vocera de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin .
No obstante, el gobierno federal quiso bajar un poco la tensión anunciando que los dos agentes que dispararon contra Alex Pretti estaban en licencia administrativa por tres días, así como el reemplazo de Gregory Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza que apoya el despliegue del ICE en Minnesota, por Tom Homan, el llamado zar de la frontera.
Trump describió al nuevo responsable como “un hombre duro pero justo” y que el jueves 29 de enero, en sus primeras declaraciones, no mencionó a sus compatriotas asesinados, culpó a quienes denuncian la operación migratoria (“Dije en marzo que si no cesaba la retórica, habría un derramamiento de sangre.
Ojalá no tuviera razón”), y minimizó la responsabilidad de los suyos:“Ninguna agencia es perfecta”.
MD