Ya fue radicado el escrito de acusación contra Carlos Ramón González por presunto lavado de activos: el exdirector de la DNI apareció en audiencia virtual Infobae
La audiencia de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), comenzó este jueves 29 de enero a las 8:00 a. m., bajo modalidad virtual.
En el proceso, que incluyó la radicación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se formalizaron cargos por su presunta participación en un esquema de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), situándolo como figura clave en el presunto desvío de fondos públicos destinados a responder a emergencias.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La diligencia es dirigida por la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, con González conectado desde Nicaragua, país al que se trasladó tras la explosión del caso en donde se mantiene resguardado pese a las solicitudes de extradición por parte de Colombia.
La fiscal María Cristina Patiño expuso los argumentos de la acusación, mientras que el abogado Iván Cancino asumió la defensa del exdirector de la DNI. La conexión remota respondió a la condición de González, quien permanece fuera del país tras los primeros señalamientos en su contra.
González, descrito como uno de los colaboradores más cercanos al presidente Gustavo Petro, tenía su oficina junto a la del mandatario en la Casa de Nariño. Desde esa posición, y según la investigación, habría dado instrucciones para autorizar pagos irregulares y gestionar contratos señalados por la fiscalía como ilegales.
Se le imputan los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. De acuerdo con la acusación, González habría facilitado la aprobación de proyectos del Ejecutivo en el Congreso a través del pago de sobornos a funcionarios legislativos, lo que implica a los parlamentarios Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, actualmente detenidos por su implicación en estos hechos.
El expediente elaborado por la fiscal Patiño, de 60 páginas, detalla que González habría dispuesto pagos ilegales superiores a COP 60.000 millones, cifra que habría disminuido posteriormente a cerca de COP 4.000 millones. Tanto la ruta del dinero como la identificación de los beneficiados son aspectos centrales en la investigación de la fiscalía.
La Ungrd, la Contraloría General de la República y las comunidades indígenas wayúu de La Guajira fueron acreditadas como víctimas directas en la audiencia. Presentaron sus argumentos para ser reconocidas como afectadas por el presunto desvío de recursos relacionados con la gestión del riesgo de desastres.
Por su parte, el abogado Cancino cuestionó la solidez de las pruebas y la validez de la acreditación como víctimas en este proceso. El defensor señaló que es indispensable que las acusaciones se apoyen en fundamentos probatorios firmes y no únicamente en declaraciones.
