Aumentan las denuncias por violencia sexual digital contra menores: las víctimas tienen de media 13 años y son mayoritariamente niñas Infobae
Los menores cada vez empiezan antes a acceder a los entornos digitales. Las redes sociales, los videojuegos con acceso a internet u otras plataformas digitales han pasado a conformar una parte muy importante de la vida cotidiana de los niños: de hecho, casi el 58 % de los menores de 11 años se relacionan a través de la red de manera habitual.
Estos nuevos espacios de socialización, ocio y aprendizaje, sin embargo, también abren la puerta a nuevas formas de violencia sobre las que todavía el mundo está en vías de establecer mecanismos adecuados de protección, como el online grooming. Este delito consiste en el contacto de un adulto con un niño o adolescente a través de internet con el objetivo de involucrarles en actividades de carácter sexual mediante el engaño, la manipulación o el establecimiento de una falsa relación de confianza. La finalidad puede ser la obtención de imágenes o vídeos de contenido sexual, la realización de actos sexuales en el entorno digital o la preparación de encuentros fuera de la red.
Según los datos del Ministerio del Interior, recogidos recientemente por Save The Children en su nuevo análisis Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital, en 2024 las denuncias por delitos sexuales digitales contra menores aumentaron un 13 % con respecto a 2022: de 954 a 1.078.
“El aumento de denuncias es una señal de que el problema empieza a visibilizarse, pero también confirma que la violencia sexual es una lacra que se extiende en distintos ámbitos del entorno digital. Internet continúa siendo un espacio inseguro para los niños y niñas”, señala Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children.
El riesgo de revictimización por repetir el testimonio
Para llevar a cabo el informe, la organización ha analizado 23 sentencias correspondientes a 28 casos de online grooming ocurridos en el periodo de 2023-2024 en España. Esto, sin embargo, según indican, es solo “la punta del iceberg”: en una encuesta de Save The Children realizada a 1.008 jóvenes de nuestro país, el 97 % afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno digital cuando eran menores de edad; además, el 33 % indicó que había tenido contacto con un adulto con fines sexuales en el entorno digital.
El informe revela que la edad media de las víctimas es de 13 años y son más las chicas quienes lo sufren (60,7 %). Además, el perfil mayoritario del agresor es el de un hombre sin antecedentes penales; el 41,7 % de los casos analizados se correspondía con una persona conocida, el 25 % un familiar y el 33,3 % alguien desconocido.
Save The Children pone especialmente el foco en los procedimientos judiciales, tanto en la duración (más del 60 % de los casos durante 3 o más años; un 14 % superan los 5) como en el número de veces que las víctimas deben declarar, incrementando el riesgo de revictimización (el 65 % lo hace más de dos veces antes del juicio).
“Obligar a un niño o niña a repetir su caso una y otra vez supone revivir el daño. En el artículo 499 ter de ley de Enjuiciamiento Criminal ya establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida para los menores de 14 años, una protección que debería ampliarla a los mayores de esa edad. El sistema debe estar preparado para escuchar una sola vez y hacerlo bien”, afirma Perazzo.
Una asignatura pendiente en materia de protección de la infancia
Save The Children señala en el informe que, pese a la necesidad de una justicia especializada para atender a niños y adolescentes víctimas —recogida en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia (LOPIVI)—, todavía existen carencias en estos procesos.
Así, reclaman, entre otros, ampliar el número de secciones especializadas en violencia contra la infancia, fiscalías especializadas que participen en todos los procesos donde haya infancia víctima, equipos técnicos especializados que auxilien a jueces y magistrados, formación obligatoria para todos los operadores jurídicos y uso sistemático de la prueba preconstituida para evitar repetir el testimonio. Además, reclaman asegurar las competencias para garantizar que estos casos contra las niñas recaigan en las secciones especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia, incorporando la perspectiva de género.
Desde Save The Children también se apuesta por extender el modelo Barnahus (’casa de los niños’ en islandés) a todos los territorios y casos de violencia sexual digital, que permite una respuesta integral, especializada e institucional centrada en los derechos de la infancia y en promover su interés superior, reduciendo la victimización secundaria.
