Petro estalló contra Álvaro Uribe por criticar apertura de nuevos puestos en Colpensiones: “Usted hizo una masacre laboral con su ley 50” Infobae
El Gobierno nacional autorizó la creación de 800 nuevos cargos en Colpensiones mediante el Decreto 0076 del 27 de enero de 2026, apenas dos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
La decisión responde, según el propio decreto publicado en el Diario Oficial, a la necesidad de impulsar la formalización del empleo público, un objetivo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Los nuevos empleos, de carácter permanente, buscan cubrir áreas comerciales, administrativas y operativas en la Administradora Colombiana de Pensiones, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo.
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La aprobación de estos cargos fue revelada por Daniel Briceño, actual candidato a la Cámara por Bogotá por el Centro Democrático, que criticó públicamente la medida: “Jaime Dussan y Petro acaban de crear 800 nuevos puestos en Colpensiones antes de la entrada de la ley de garantías”. Briceño añadió: “Mientras buscan saquear los ahorros de los colombianos en los fondos privados de pensión, avanzan en burocracia y politiquería. Empleo militante”.
A las denuncias de Briceño se sumó Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, que en sus redes sociales sostuvo que la decisión de abrir 800 empleos en Colpensiones es una estrategia de la actual administración con el fin de ayudar, según él, a Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico, a ganar las elecciones de 2026.
“Más burocracia de Petro, todo para ayudar a Cepeda para que gane su imperio de violencia”, escribió el aspirante al Senado en su cuenta de X.
En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo que Uribe Vélez no tiene derecho a cuestionar la decisión del Gobierno nacional sobre Colpensiones, puesto que está reivindicando la pérdida de empleo a causa de la Ley 50 que expidió el líder político del Centro Democrático.
Incluso, señaló que la medida que impulsó el exmandatario puso en riesgo la estabilidad de miles de colombianos que tuvieron que conformarse con contratos poco convenientes.
“Señor expresidente Uribe, usted hizo una masacre laboral con su ley 50 y otras reformas laborales. Entre esas masacres, pasar de la estabilidad laboral al contrato espúreo y sobre explotador (sic)”, escribió en X.
En el mensaje, Petro también tildó de mentiroso a Uribe Vélez, señalando que la resolución no impulsa la burocracia, sino que los nuevos puestos son vacantes liberadas por contratistas ligados a la derecha.
“Usted en su mensaje miente. Los cargos que cree que se crearon; no se crearon, simplemente eran los contratistas que usted dejó y ahora tienen estabilidad laboral como empleados (sic)”, expuso el mandatario.
Modificaciones del decreto y otros casos de burocracia similares a Colpensiones
El decreto expedido por el Gobierno Petro modifica el artículo segundo del Decreto 310 de 2017 —norma principal que regulaba la planta de personal en Colpensiones— precisando que el cambio se produce justamente antes de que la Ley de Garantías comience a restringir la suscripción de nuevos contratos y designaciones, para impedir el uso de recursos oficiales con fines proselitistas. El Ministerio del Trabajo, del cual depende Colpensiones, sostuvo que la ampliación responde a necesidades estructurales y no electorales.
Paralelamente, en otros organismos estatales trascendieron movimientos similares en la configuración del personal. En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se reportó la salida de al menos 30 funcionarios, aunque la entidad aclaró posteriormente que la desvinculación solo alcanzó a 12 empleados, que fueron declarados insubsistentes pese a contar con años de experiencia en un escenario institucional próximo a la Jefatura del Estado.
Otra situación se presenta en la Cancillería, donde sindicatos señalaron un recambio de “número significativo” de trabajadores en consulados, misiones diplomáticas y otras dependencias. Entre los desvinculados se cuentan al menos dos funcionarios con trayectorias de entre 18 y 30 años en la carrera diplomática, dados de baja en los días previos a la entrada en vigor de la ley regulatoria.
