Alarma por el gas en Colombia: el déficit sería casi del 40% en 2026 y del 58% en 2027, según Andesco Infobae
El debate sobre el futuro del gas natural en Colombia volvió a encenderse, pero esta vez con cifras más alarmantes. Un nuevo ejercicio técnico advirtió que el desbalance entre la oferta y la demanda del energético será mucho mayor de lo que se pensaba hace apenas unos meses, justo cuando el país se acerca a un punto crítico en su autosuficiencia energética.
El estudio fue presentado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), con base en un análisis elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), dirigido por Tomás González. De acuerdo con sus conclusiones, el déficit de gas para 2026 ya no rondaría el 23%, como se había calculado inicialmente, sino que podría superar el 39%. El panorama para el año siguiente resulta aún más delicado, si no se adoptan correctivos, el faltante podría escalar hasta el 58% en 2027.
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“Hay probabilidad de que la situación crítica del abastecimiento de gas natural en Colombia se consolide a partir de los años 2026 y 2027”, señaló de forma explícita el documento del Cree. Para Andesco, esta proyección contradice el mensaje del Gobierno, que insistió en que las alertas del sector responden a una estrategia de “asustaduría” por parte de las empresas.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, aseguró que los datos no responden a especulaciones, sino a tendencias verificables en producción, consumo y reservas. Aunque reconoció avances institucionales recientes, como la entrada en pleno funcionamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), tras más de tres años de dificultades, advirtió que las decisiones tomadas en el pasado ya están pasando factura.
En ese sentido, recordó un estudio conjunto de Promigas y Fedesarrollo que cuantifica el costo de no haber continuado con la exploración de nuevos yacimientos, 114 billones de pesos para el país. A ello se suma otro factor que, según el sector, agrava la situación y es la pérdida de soberanía energética. Sánchez señaló que importar gas no solo resulta más costoso, sino que rompe con una tradición histórica de estabilidad en el suministro de este servicio en Colombia.
Uno de los puntos que más inquieta a los expertos es la brecha entre los anuncios oficiales y la viabilidad real de algunas alternativas. El presidente de Andesco cuestionó, por ejemplo, la expectativa de traer gas desde Venezuela en un plazo cercano y a menor costo. En el sector energético persiste el escepticismo frente a ese escenario, incluso si el vecino país logra una recuperación política y económica. La razón es clara y es que, la infraestructura necesaria para transportar el gas hacia Colombia requeriría inversiones millonarias y tiempos prolongados, en un contexto marcado por una profunda crisis fiscal.
Frente a este panorama, volvió a aparecer una discusión sensible, el fracking. Aunque el actual Gobierno manifestó su oposición a esta técnica de extracción, tanto Sánchez como González coincidieron en que su uso podría aliviar de forma significativa la presión sobre las reservas. Recordaron que la fracturación hidráulica ya se emplea en proyectos costa afuera y que, aplicada con mayor decisión, permitiría revertir la caída en los niveles de autosuficiencia.
Las cifras dan cuenta del deterioro. Mientras en 2011 Colombia contaba con 13,9 años de reservas de gas, para 2024 esa cifra se redujo a apenas 5,9 años. “Se multiplicaría entre dos y cuatro veces la posibilidad de aumentar el gas”, afirmó González. Y agregó una metáfora que resumió el problema actual: “El problema de no llenar el tanque a tiempo, acumular reservas, nos tiene en la estrechez de gas actual. Las importaciones son la llanta de repuesto y las estamos gastando”.
Más allá de las cifras, el sector advirtió que la incertidumbre regulatoria también juega en contra. Sánchez alertó sobre los constantes cambios en las reglas de juego y citó como ejemplo una norma incluida en el marco de la emergencia económica, que impone a las hidroeléctricas un costo adicional del 12% mediante un nuevo impuesto y limita su capacidad para trasladar más de la mitad de ese incremento a las tarifas finales.
