Inpec confirmó que un gran porcentaje de inhibidores de señal usados para extorsionar ciudadanos desde centros penitenciarios fueron bloqueados Infobae
La crisis de seguridad provocada por la inoperancia de los inhibidores de señal en las cárceles de Colombia ha escalado, según lo expuso el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Gutiérrez.
En entrevista con Noticias RCN, se refirió a la oleada de extorsiones y delitos que se gestan desde los recintos penitenciarios, el coronel remarcó la urgencia de medidas técnicas y articuladas entre entidades del Estado y operadores privados.
“Tenemos una cantidad de inhibidores o bloqueadores de señal que están instalados, pero hay más de diez que están fuera de servicio”, explicó Daniel Gutiérrez, refiriéndose a un problema que lleva más de una década sin solución estructural.
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Señaló que apenas ahora, por instrucción del ministro de Justicia, se ha activado a la Uspec y a los operadores móviles para poner en marcha pruebas piloto de bloqueo no solo en Cómbita —donde surgieron recientes denuncias desde el gobierno de El Salvador— sino en otras cárceles priorizadas como Dorada, Valledupar e Ibagué.
El diagnóstico es alarmante: “Actualmente tenemos dieciséis establecimientos de orden nacional que tienen bloqueadores instalados, de los cuales seis están activos, pero no están generando porque esos seis activos quedaron en el tiempo (...) La tecnología era de hace doce, quince años”, afirmó. Agregó que el avance tecnológico de las redes móviles hace que los inhibidores antiguos GSM resulten obsoletos frente a sistemas actuales como 4G y 5G, mientras el resto permanecen inservibles. “Otros diez se encuentran fuera de servicio”, ratificó el director del Inpec.
Según él, los planes requieren ampliar la cobertura y, sobre todo, hacer el bloqueo más focalizado para evitar afectaciones a la ciudadanía de zonas aledañas, como ocurrió en Cómbita, donde el Estado tuvo que asumir más de $50 mil millones en multas al interrumpir la señal a habitantes cercanos.
La inversión para fortalecer la seguridad de los guardianes también fue tema central en el diálogo. “Ayer se hizo una muy buena inversión por parte del Gobierno Nacional, de la USPEC, entregando más de seis mil restricciones, más de dos mil máscaras tácticas, alrededor de cuatrocientas ochenta armas, dos mil excusas antimotines”, detalló Gutiérrez. Además, confirmó que se exploran opciones para adquirir chalecos y camisas balísticas, así como vehículos blindados, mientras se diseñan protocolos de protección basados en análisis de riesgo y denuncias formales.
El flagelo de la corrupción interna y el vínculo con los recientes atentados contra funcionarios también fue abordado. “Para el año 2025 tenemos mil ciento cincuenta procesos disciplinarios, de los cuales progresamos cuatrocientos cuatro por corrupción y de esos se han hecho una serie de decisiones, es decir, seiscientas sanciones, setenta y nueve por corrupción”, precisó Gutiérrez a Noticias RCN.
Añadió: “Tenemos más o menos mil doscientas cuarenta y siete personas investigadas al interior del Inpec”. La colaboración con la Fiscalía Anticorrupción ha permitido, en sus palabras, realizar operativos que el año pasado sumaron “más o menos veinticinco mil operativos en todo el país con el decomiso de treinta y cinco mil celulares”.
Las acciones actuales, según el director del Inpec, buscan tanto controlar la tecnología como depurar la institución, en busca de un control penitenciario efectivo y un entorno más seguro para funcionarios y población civil.
La crisis en las cárceles de Colombia muestra la necesidad de actualizar la tecnología de bloqueo de señales, fortalecer la protección del personal penitenciario y avanzar en la depuración interna para enfrentar la corrupción y los delitos que se organizan desde los centros de reclusión. La coordinación entre entidades estatales y operadores privados es clave para lograr un control efectivo y reducir el impacto de estas problemáticas en la sociedad.
