Más de 150 juristas critican que la sentencia contra García Ortiz se apoya en "conjeturas basadas en hechos indirectos" Infobae
Más de 150 juristas han firmado un manifiesto en contra de la condena que el Tribunal Supremo (TS) impuso al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El exmagistrado Baltasar Garzón y la magistrada jubilada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y más de 140 juristas critican que la condena a García Ortiz se apoya en "conjeturas basadas en hechos indirectos"
Los firmantes han criticado que "el propio tribunal admite que no está acreditado" que fuera García Ortiz quien filtrara los datos a los medios de comunicación.
Además, denuncian que "la construcción de la prueba indiciaria elaborada por el Tribunal Supremo es deficiente, al no aceptar la clara alternativa existente favorable al fiscal general".
Y han indicado que en un proceso penal "no bastan las sospechas, ni las imaginaciones", sino que "es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple".
En este sentido, según los juristas, "la sentencia prescinde del valor" de los testimonios de los periodistas que negaron "categóricamente" que García Ortiz fuera su fuente. Este hecho "invalida" el secreto profesional, "una garantía constitucional esencial para el buen ejercicio del periodismo", según el manifiesto.
LOS INDICIOS "NO SUPERAN EL UMBRAL DE LA MERA SOSPECHA"
Respecto a otros indicios que señaló el tribunal que condenó al ex fiscal general --como el borrado de su móvil o una llamada con un periodista--, "no superan el umbral de la mera sospecha y admiten explicaciones normales y lícitas", han razonado los juristas.
"Convertir tales hechos en pruebas de culpabilidad supone, en la práctica, invertir la carga de la prueba y exigir al acusado que demuestre su inocencia, lo que resulta incompatible con la presunción de inocencia. Principio constitucional que diferencia a los Estados democráticos de los que no lo son", resume el manifiesto.
Y apunta a que "la nota de prensa" emitida por el Ministerio Público sobre González Amador "perseguía desmentir una acusación falsa, grave e incluso delictiva sobre el funcionamiento de la Fiscalía". Por tanto, continúan los juristas, "existía un interés público evidente en informar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones".
Para ellos, sancionar penalmente esa actuación "supondría atar de pies y manos a la Fiscalía General del Estado frente a bulos, mentiras y acusaciones falsas".
En opinión de los firmantes, "no quedó probada la filtración del correo y la nota de prensa no constituye delito de revelación de secretos", por lo que se ha "conculcado gravemente" su presunción de inocencia, motivo por el cual, "en este caso, la condena no debió producirse".
