¿Qué debatimos en nombre de la libertad en educación? Infobae

Terminó un año en el que el desfinanciamiento del sistema educativo -una caída del 50% desde que gobierna Javier Milei- se consolidó en el Presupuesto. Comienza otro en el que, consumado el desguace de recursos, la discusión buscará adoptar un carácter simbólico y de sentido: el presidente pretende sancionar la Ley de Libertad Educativa que lejos de resolver alguna de las deudas que tiene nuestro sistema para con los niños y las niñas, promueve el corrimiento del Estado como rector y garante de la educación.

La educación pública es un “mecanismo de lavado de cerebros”, afirmó Milei en su única visita como presidente de la Nación a una institución educativa -donde él cursó sus estudios-, en la que no se privó de burlarse de un niño que sufrió un desmayo. Existen escenas que funcionan como buenos recursos pedagógicos y nos ayudan a comprender.

Fernando Nogales Lozano es una de las referencias actuales de la escuela austríaca en materia educativa. En su libro La educación desde la perspectiva de la Escuela Austríaca, señala que “la extensión de la educación pública y sus crecientes consecuencias negativas ha levantado de nuevo todas las alarmas, en un intento por reconducir las políticas educativas a aquellas situaciones anteriores de educación independiente de las que nunca debió haber salido”. Es necesario, “dar un paso al frente de carácter libertario” y poder así dar por tierra con las “estructuras educativas de carácter colectivista”. Con ese fin, “no cabe otra solución que, primero desenmascarar la falsedad del binomio educación y pública y, segundo, separar totalmente al Estado de la educación”. El “paso al frente” al que se refiere Nogales Lozano es que la educación vuelva al lugar del que nunca debió haberse ido: el ámbito familiar. ¿Y con qué idea asocia el anarcocapitalismo al vínculo entre madre y padre e hijas/os? Con la propiedad, claro.

El axioma fundamental de la teoría libertaria es que todas y cada una de las personas deben ser propietarias de sí mismas y nadie tiene derecho a interferir en esa autoposesión. Esta definición sin embargo encuentra un obstáculo en las/os niños entendidos como “adultos en potencia”. Al no poder ser totalmente propietarios de sí mismos, la propiedad de las/os niños recae entonces en las/os padres y fundamentalmente en la madre como propietaria natural y legítima. Dice Murray Rothbard en La ética de la Libertad, “cuando nace el hijo, la madre se convierte en su ‘propietaria por fideicomiso’. Sus obligaciones legales se reducen a no maltratarlo, ya que el niño es potencialmente propietario de sí mismo. Por lo demás, mientras mora en la casa paterna, se encuentra necesariamente sujeto a la jurisdicción de sus padres, ya que vive en y de las propiedades de éstos. Los padres tienen, por supuesto, el derecho a dictar normas para el uso de su casa a todas las personas (adultas o no) que viven en ella”.

Este corte tajante entre propietario de sí y propiedad de su madre y padre se encuentra también presente en otro libro de Rothbard, El igualitarismo como rebelión contra la naturaleza, donde define que el niño adquirirá plenitud de sus derechos de autopropiedad una vez que deje de morar en la casa paterna ya que “nadie tiene más libertad que la que tiene el dueño de una propiedad”.

Así como hay imágenes que nos ayudan a comprender ideas, recurrir a estos autores nos facilitan la lectura de la Ley de Libertad Educativa que el Ejecutivo dio a conocer mediante el Consejo de Mayo. No pretendo hacer un análisis exhaustivo del borrador de la ley, instancia que será necesaria al calor del debate legislativo. Sí en cambio referirme a lo que considero el corazón de la propuesta que representa una nueva arremetida de la mentada batalla cultural del presidente.

El punto fundamental de la propuesta es la determinación del rol del Estado como “subsidiario”. La educación deja de ser un bien público -garantizado por el Estado- y el énfasis se centra en la familia “como agente natural y primario de la educación de sus hijos”. Es entonces la “sociedad civil” donde se organiza y desarrolla la educación y se promueve la escolarización en el hogar -homeschooling-. Reconoce, en paralelo a la educación formal, “servicios de educación abierta, sistemáticos o asistemáticos”, permitiendo que “toda persona humana o jurídica puede organizar, ofrecer o recibir enseñanza fuera de la educación formal” y el rol del Estado nacional y las jurisdicciones “sin intervenir en su orientación ni sus métodos” será de acreditar según mecanismos de validación que establezcan. El reconocimiento de esta oferta por fuera y en competencia con las instituciones educativas formales habilita la proliferación de ofertas educativas sin ningún tipo de regulación. Además instituye un “Consejo Escolar de Padres” con capacidad de intervenir en asuntos estratégicos y de control institucional en las escuelas, de nombrar y de remover a su director.

Surge entonces la pregunta de si el problema que las familias argentinas le adjudican a la educación es un problema de “falta de libertad”. ¿La demanda es más participación en las decisiones de las instituciones educativas? ¿La insatisfacción innegable de grandes sectores de nuestra sociedad con la educación está ligada a la coacción que ejerce el Estado y la imposibilidad de educar a los niños y a las niñas en sus casas? Que por cierto ya está permitido y regulado. El anarcocapitalismo choca de frente con la necesidad de las familias argentinas, cada vez con menos tiempo, cada vez con más trabajos. Así como en épocas de pandemia -incluso cuestionando políticas de cuidado en términos sanitarios- las familias reclamaban por la presencia de la escuela, hoy no pretenden que el Estado desista del ejercicio de su responsabilidad en materia educativa.

La ley en cuestión deroga además la Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006. Dicha ley estableció a la educación y al conocimiento como un bien público garantizados por los estados provinciales, nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Ordenó el sistema en niveles y modalidades, estableció la obligatoriedad del nivel secundario. Dispuso derechos y obligaciones de los docentes. Habilitó la carrera de directivo. Fijó pautas para el financiamiento. Fue una ley que se propuso metas: ampliación de la jornada escolar, acceso a un segundo idioma, incorporación de tecnología en educación. A veinte años de la sanción de esta ley -cuyo debate recorrió escuelas y que fue aprobada con una amplia mayoría en el Congreso-, bueno sería un análisis serio de aquellas metas que se lograron cumplir y aquellas que aún representan una deuda.

Los cambios demográficos que estamos atravesando son una oportunidad para construir respuestas a los problemas que tiene nuestra educación. La educación obligatoria deberá adecuarse a una población que será hasta un 40% menor a la que conocimos hasta hace poco. Dicha condición puede permitirnos revisar el formato escolar, promover nuevos roles en las escuelas, incrementar la oferta de escuelas bilingües, fortalecer aprendizajes fundamentales, asegurar el acceso al arte y al deporte. Garantizar el acceso a la cultura ampliada y también resolver problemas del orden práctico, como maestras itinerantes que puedan cubrir suplencias cortas para que no se pierdan días de clase. Proponernos también nuevas metas como alcanzar un 30% de títulos de educación técnico profesional como cualquier país industrializado, por ejemplo. También puede suceder que esta condición pase inadvertida y se pierda en los debates que en nombre de la libertad, buscan justificar el desentendimiento del estado.

Los que celebran este simulado equilibrio fiscal no deben olvidar que más importante aún es el equilibrio social, que está en la cuerda floja desde hace ya tiempo y que tiene que contar con la escuela como el lugar por excelencia de construcción de lo común, donde el respeto por el otro y el amor por el conocimiento permitan recrear y reconstruir un horizonte de igualdad.