CRT explica cómo detectan y frenan venta de chips telefónicos en el mercado negro Editorial Aristegui Noticias

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que la venta de chips telefónicos en el mercado negro y la existencia de millones de líneas anónimas en el país representan un factor clave en la comisión de delitos como extorsión, fraude y secuestro virtual.

Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta del organismo, señaló que esta práctica permitió durante años la activación de líneas sin identificación del usuario, lo que hoy dificulta la investigación de delitos cometidos por vía telefónica.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Solano explicó que, previo a la nueva regulación, los chips podían adquirirse “en cualquier lugar, a cualquier persona”, incluso en grandes cantidades, sin que existiera un mecanismo para asociarlos a un titular.

Podías comprar 10, 100, los que quisieras, y no había forma de identificar de dónde provenían las llamadas.

De acuerdo con su declaración, cifras de la CRT refieren que en México existen actualmente 158 millones de líneas telefónicas activas, de las cuales 134 millones —equivalentes a 85%— son líneas anónimas.

Mencionó que solo 24 millones están plenamente identificadas, principalmente aquellas correspondientes a planes de pospago, donde la vinculación del número con una persona ya era un requisito contractual.

Este escenario, dijo Solano, ha sido aprovechado por redes delictivas, ya que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, en 2024 se registraron 7.4 millones de extorsiones, de las cuales alrededor de 90% se realizaron vía telefónica.

Hoy la autoridad no tiene forma de saber quién hizo esa llamada.

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Ante este contexto, el pasado 9 de enero inició el registro obligatorio de líneas telefónicas, previsto en el marco legal vigente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aprobado en 2025.

Registro contra la extorsión 

La medida obliga a que todas las líneas móviles estén asociadas a una persona física mediante su nombre y CURP.

Solano detalló que la regulación contempla dos vías; la primera corresponde a los nuevos chips que se comercialicen a partir del 9 de enero, los cuales ya no pueden venderse con servicio activo.

La única forma en que esos chips se puedan activar es que se asocien a una persona.

La segunda vía aplica a las líneas que ya estaban en operación antes de la entrada en vigor de la medida, incluidas aquellas que fueron distribuidas previamente y que aún pueden encontrarse preactivadas en puntos de venta y deberán vincularse a más tardar el 30 de junio de 2026.

A partir del 1 de julio, las líneas que no hayan sido registradas serán deshabilitadas para llamadas y servicios regulares, aunque permanecerán activas para emergencias, atención ciudadana, contacto con el operador y recepción de alertas, como el sistema de alertamiento sísmico.

El servicio podrá reactivarse en cualquier momento una vez concluido el registro, recalcó la comisionada.

Asimismo, dijo que el proceso de vinculación puede realizarse de manera presencial en los centros de atención de las compañías telefónicas o de forma remota, a través de las plataformas digitales de los operadores y en ambos casos, el registro requiere únicamente nombre, CURP y número telefónico.

En el caso del registro remoto, se utiliza un mecanismo de validación de identidad conocido como “prueba de vida”, que permite confirmar que la persona que realiza el trámite es real y coincide con la identificación presentada.

Este sistema, explicó Solano, es el mismo que utilizan instituciones bancarias y otros servicios regulados.

La comisionada subrayó que el registro no incluye datos biométricos ni información sensible, y que su único objetivo es identificar al titular de la línea.

No se requieren huellas, iris, ni ningún dato de ese tipo. Solo los datos mínimos indispensables.

Solano dijo que existen diferencias con intentos anteriores de registro, como el RENAUT o el PANAUT, al señalar que el nuevo esquema no crea un padrón nacional centralizado.

“No existe una base de datos única en manos del gobierno; la información queda resguardada por cada empresa telefónica, como ya ocurre con las líneas de pospago desde hace más de una década”, explicó.

¿Telcel exhibió datos sensibles? 

Además, Solano abordó cómo el caso reciente de Telcel, donde se reportó que, durante varias horas, información visible en la plataforma de registro generó preocupación sobre posibles vulneraciones de datos personales.

Indicó que, tras revisar el caso con la empresa, se identificó un error de diseño en un entorno de prueba utilizado por el desarrollador de la plataforma.

Fue una mala práctica de desarrollo, pero no hubo extracción de bases de datos ni exposición masiva de información de usuarios.

Sin embargo, la comisionada confirmó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno inició un procedimiento de revisión para determinar si existieron responsabilidades administrativas.

La comisionada recalcó que la CRT mantiene coordinación permanente con las empresas de telecomunicaciones, la Policía de Ciberseguridad y plataformas digitales para detectar y desactivar páginas falsas, supuestas ventas de chips pre registrados y desinformación relacionada con el registro.

Frente a las críticas que advierten riesgos de vigilancia o espionaje, Solano la negó la situación y dijo que, la autoridad solo puede acceder tras obtener un mandamiento judicial escrito. 

“El gobierno no tiene acceso directo a esta información. La única forma en que una autoridad puede solicitar datos es mediante un mandamiento por escrito, fundado y motivado, dentro de una investigación formal”, apuntó.

Finalmente, sostuvo que la medida busca reducir el anonimato que hoy facilita delitos telefónicos y limitar el mercado negro de chips, al tiempo que citó experiencias internacionales donde la identificación de líneas permitió detenciones y reducciones en delitos de extorsión.