El caso de Sor María: madres engañadas, bebés robados, una monja investigada y una causa judicial interrumpida por una muerte Infobae

Bajo el hábito azul de las Hijas de la Caridad, Sor María Gómez Valbuena proyectaba la imagen de una mujer frágil, dócil y dedicada al servicio religioso y humanitario. Muchos la recuerdan caminando por los pasillos de maternidades madrileñas con un rosario en la mano y un gesto sereno que inspiraba confianza. Pero detrás de esa calma se ocultaba algo que, décadas más tarde, revelaría uno de los capítulos más oscuros de la historia contemporánea de España.

Su nombre comenzó a ser repetido y a cobrar relevancia cuando las nuevas leyes españolas y las asociaciones civiles permitieron reabrir denuncias antiguas. Madres que afirmaban haber perdido a sus hijos en maternidades donde la religiosa tenía un poder inusual comenzaron a hablar. No estaban equivocadas. Con el tiempo, su firma apareció vinculada a cientos de adopciones irregulares, declaraciones de fallecimientos sin cuerpo y expedientes diseñados para borrar huellas. No era solo una mujer acusada: era la cara visible de un engranaje que sobrevivió a dictaduras, transiciones democráticas y silencios institucionales.

La Justicia estaba a punto de sentarla en el banquillo. Por primera vez, una figura de la Iglesia española iba a responder por el robo sistemático de bebés. Pero el 22 de enero de 2013, antes de que comenzara el juicio, Sor María murió. Con ella se cerró la única causa en la que se había logrado imputarla formalmente, y con su muerte, una parte de la verdad se fue para siempre.

Los años de poder en la maternidad

María Gómez Valbuena nació el 8 de abril de 1925 en un pequeño pueblo leonés y muy joven ingresó a la vida religiosa, en los años en que la Iglesia española adquiría un poder extraordinario sobre la vida civil y sanitaria. Luego de finalizada la Guerra Civil en 1939 y durante todo el franquismo (1939-1975), muchas maternidades, centros de menores y hospitales quedaron bajo gestión directa o indirecta de congregaciones religiosas. Fue precisamente en ese contexto donde Sor María encontró terreno fértil para construir una influencia que iba a perdurar durante décadas.

En la Casa de la Maternidad y, más tarde, en la Clínica Santa Cristina, la religiosa fue escalando de un simple rol asistencial a tener poder casi absoluto sobre los procesos de acogida, adopción y trámites administrativos vinculados a madres en situación de vulnerabilidad. Las médicas, enfermeras y demás trabajadoras que compartieron esos años con ella llegaron a describirla como “una figura omnipresente”. Decían que estaba en los pasillos, en los partos, en las oficinas donde se firmaban documentos y en las salas donde las madres esperaban noticias de sus bebés.

Entre los años 1970 y 1984, era un mundo en sí mismo. Las madres solteras llegaban en busca de ayuda en una España donde serlo aún implicaba vergüenza social, desprotección económica y el riesgo de perder la custodia de otros hijos. Muchas ingresaban confiadas al ver a la monja que, según los folletos de la época, ofrecía “asistencia en dificultades”. Pero para varias de ellas, esa asistencia se transformaría en pesadilla.

La combinación entre su rol religioso y el vacío institucional generó un terreno perfecto para que la palabra de Sor María fuera ley. No era médica, no era directora, no tenía cargo jerárquico formal. Y sin embargo, tenía acceso a los registros, a los bebés recién nacidos y a las decisiones sobre quién podía verlos y quién no.

Pilar, la hija que nunca murió

Entre todas las denuncias que surgieron décadas más tarde, hubo una que lo cambió todo. María Luisa Torres, madre separada y en una situación vulnerable a comienzos de los años ochenta, acudió a Sor María buscando apoyo. La religiosa la recibió con comprensión, con promesas de ayuda y una aparente preocupación maternal por su situación. En ese diálogo de confianza comenzó a gestarse la tragedia.

Cuando María Luisa tuvo a su hija, la monja le dijo que había nacido muerta. No le mostró el cuerpo. No le entregó acta de defunción ni ningún documento que lo certificara. Pero, cómo no iba a creerle. Hubo solo una frase seca entre religiosa y administrativa: “Ha fallecido”. Y así le quedó resonando a María Luisa durante casi treinta años, en los que no tuvo más respuestas ni otras pruebas que la palabra de la monja. Pero, con el tiempo, tuvo un presentimiento y la idea de que “algo” no encajaba...

Sobre la presunta muerte de su hija se inició el primer caso judicial contra Sor María. Décadas después, gracias a su insistencia, a la ayuda de asociaciones de víctimas y a la aparición de nuevas herramientas de identificación genética, logró encontrar a su hija viva. Su pálpito de madre no falló. Y fue ese reencuentro el que destapó la falsa imagen y los delitos de apropiación de bebés que Sor María había sostenido desde 1982: Pilar había sido entregada en adopción a otra familia, con documentación falsa y con la desesperación de su madre, que la creyó muerta.

Fue la primera vez que la Justicia española reunió pruebas suficientes para imputar a la religiosa por detención ilegal —es decir, privar ilícitamente de libertad a una persona, en este caso, al retener y entregar a una recién nacida sin autorización ni consentimiento de la madre— y falsificar documentos públicos. Sor María se presentó ante el juez, pero se negó a contestar preguntas. El silencio, que durante décadas había sido su método de control, ahora se transformaba en su defensa.

El caso Torres se convirtió en símbolo. No solo por la verdad que reveló, sino porque dejó al descubierto un patrón que aparecía en cientos de testimonios: madres vulnerables, bebés retirados de forma repentina, certificados contradictorios, entierros sin cuerpo y una cadena de funcionarios, médicos y religiosas que actuaban como piezas de un engranaje opaco.

Voces que rompieron décadas de impunidad

Cuando se reabrió la primera causa, otros relatos comenzaron a emerger. Otras mujeres que habían guardado silencio por vergüenza o por miedo se animaron a contar lo que había ocurrido décadas antes. Familias adoptivas que nunca habían dudado de la procedencia de sus hijos se encontraron de golpe con la sospecha de haber sido beneficiarias involuntarias de un delito.

Los expedientes que empezaron a revisarse mostraban irregularidades que desbordaban el caso de Sor María. Había documentación desaparecida, certificados contradictorios, neonatos declarados muertos sin que constaran necropsias ni registros hospitalarios. En algunos casos, madres que habían pedido ver el cuerpo de sus bebés fallecidos recibían como respuesta evasivas o entierros inmediatos, sin participación familiar.

La trama, según investigadores y asociaciones, funcionó durante el franquismo como un mecanismo ideológico —para “rescatar” a hijos de madres consideradas moralmente inadecuadas— y luego, ya en democracia, como un negocio sustentado en la ausencia de controles estatales. Aunque comenzaron a apilarse miles de denuncias en los tribunales españoles, pocas lograron avanzar y transformarse en causas. ¿Los motivos? Falta de documentación probatoria o, simplemente, el paso del tiempo.

Pero en esa red extensa, el nombre de Sor María aparecía una y otra vez. No en todas, pero sí en una cantidad que llamaba la atención de los jueces. Su firma estaba en numerosos expedientes de adopción de la década del ochenta, y muchas madres la señalaban como la persona que había intervenido directa o indirectamente en la separación de sus hijos.

Sor María Gómez Valbuena dejó sus funciones en la Clínica Santa Cristina en 1984 debido a problemas de salud y, a partir de entonces, se recluyó en su congregación.

Para comienzos de la década del 2000, especialmente a partir de 2008, cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias y las investigaciones judiciales, su estado físico ya era notablemente frágil, en contraste con la magnitud de las acusaciones que pesaban sobre ella. En ese momento, los medios empezaron a cubrir masivamente el tema y se crearon plataformas como “SOS Bebés Robados”. También en ese tiempo, fundamentalmente a partir de 2011 y 2012, España empezó a revisar públicamente la historia de los bebés robados y a llevar los primeros casos ante la Justicia.

La muerte que cerró la causa pero no la herida

El juicio contra Sor María estaba a punto de comenzar cuando, el 22 de enero de 2013, la religiosa murió a los 87 años. Con su fallecimiento, la causa en la que había sido imputada se archivó automáticamente. Para muchas familias, fue una noticia devastadora: la única figura que había llegado a ser investigada judicialmente por la sustracción de bebés nunca enfrentó una sentencia.

Su muerte, sin embargo, no apagó la búsqueda de justicia. Por el contrario, reforzó la determinación de asociaciones y víctimas de continuar investigando y de exigir que se reabrieran expedientes. Si bien Sor María no pudo ser juzgada, su figura quedó como símbolo de un sistema que operó durante décadas bajo la legitimidad de la Iglesia, el Estado y parte de la sociedad.

Actualmente, la historia de los bebés robados sigue siendo una herida abierta en España. Hijos y madres continúan buscando sus identidades y reconstruyendo genealogías borradas. Cada reencuentro logrado confirma que detrás de los archivos extraviados y de las muertes inventadas había vidas enteras suspendidas, y que muchas preguntas siguen sin respuesta.

El impacto del caso de la monja trascendió las investigaciones judiciales y periodísticas, llegando también a la ficción y el cine documental. Su figura y el entramado de los bebés robados inspiraron películas, libros y, especialmente, la serie televisiva Niños robados, que recogió testimonios de víctimas y reconstruyó historias reales de desapariciones, búsquedas e identidades perdidas. La serie, emitida en España en 2013, puso rostro y voz a quienes sufrieron el despojo y contribuyó a mantener viva la memoria porque la muerte de Sor María cerró un capítulo jurídico, pero no la historia.