Ministerio de Defensa rechazó la autenticidad de la orden que probaría el uso de Pegasus para espiar a Andrés Idárraga Infobae
Sigue la polémica por la denuncia del ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, sobre el presunto uso del software Pegasus por parte del Ministerio de Defensa para espiarlo.
A pesar de que se registró un encuentro entre los ministros de las carteras mencionadas, y que Pedro Sánchez, líder de la cartera de Defensa, se pronunció públicamente para asegurar que Idárraga fue informado con datos erróneos, el también secretario de Transparencia de la Presidencia se ha mantenido firme en sus acusaciones.
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Al respecto, Infobae Colombia conoció la orden de operación o misión de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia que Idárraga presentó como prueba principal para sustentar su denuncia.
En el documento se indica que la tarea de los uniformados era “identificar posibles manejos activos y retirados de las Fuerzas Militares frente al mal manejo de información reservada y posible daño a la imagen de altos oficiales”.
En la orden también se regulaba el tiempo del presunto espionaje, que se llevaría a cabo entre el 11 y el 20 de noviembre, haciendo que los encargados de cumplir con la misión tuvieran que presentar un informe sobre sus labores un día después.
Además, en caso de que hubieran necesitado efectuar acciones adicionales, tendrían que haber pedido una autorización de un superior.
Desde el Ministerio de Defensa aseguran que el documento es falso
Fuentes de Infobae Colombia afirman que la orden presentada como prueba no cumple con las características que tiene una misión de trabajo en el Ministerio de Defensa. Entre los argumentos para asegurar que el documento no es real, la fuente indicó que, como parte del Modelo Estándar de Control Interno, las inspecciones generales de las respectivas fuerzas hicieron las verificaciones del caso, confirmando que no hubo ningún registro del software Pegasus.
De la misma forma, que la misión de trabajo presentada tiene un formato que no corresponde al que se tiene como estándar en la retención documental, puesto que las reales tienen un consecutivo asignado automáticamente por un sistema y la relacionada en el presunto documento no existe y no corresponde a la nomenclatura utilizada.
A nivel estructural del documento, reafirman que el lenguaje utilizado (expresiones, palabras, redacción) no corresponde a lo autorizado por la norma y doctrina institucional, incluyendo que todos los campos en un documento de este tipo deben ser diligenciados sin omitir información ni utilizar expresiones como “no aplica”, lo que se observa en el documento.
Respecto a la normatividad jurídica de las órdenes de trabajo, argumentaron que las leyes y decretos se actualizan constantemente y en el documento presentado por el ministro de Justicia no existen soportes del uso de gastos reservados para el uso de vehículos para ninguna actividad, ni están relacionados con ninguna misión de trabajo.
Presuntamente, desde que se emitió la denuncia, al interior del Ministerio de Defensa se llevó a cabo una revisión del parque automotor del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), que habría dejado en evidencia que en las unidades militares no se encuentra algún vehículo con las características o placas relacionadas en el presunto documento publicado.
A pesar de que no se ha comprobado que el sargento Erley Ramírez, señalado en el escándalo, ejecutara alguna actividad ilegal, desde que se conoció lo expuesto por el ministro Idárraga se abrió una indagación preliminar para tener toda la trazabilidad legal, con la que la cartera de la defensa buscará demostrar que no se realizó ninguna acción ilegal.
A pesar de que esta situación representa una nueva fractura al interior del Gobierno nacional, hasta el momento el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado al respecto.
