Petro acusa a la oposición de buscar “invasión y muertos” tras críticas de Salud Hernández-Mora por pagos a abogados por Lista Clinton: “Apátridas” Infobae
El escenario político colombiano se encuentra tensionado luego de que el presidente Gustavo Petro y su Gobierno fueran señalados por presunto uso indebido de recursos públicos en un contrato millonario para su defensa jurídica y la de la primera dama, Verónica Alcocer.
La polémica se desató tras la denuncia de la periodista Salud Hernández-Mora, que cuestionó la contratación de abogados extranjeros por un valor aproximado de 10.000 millones de pesos (unos 2,6 millones de dólares) para asesorías relacionadas con la inclusión de la pareja presidencial en la llamada “Lista Clinton”.
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“Petro firmó contrato con abogados gringos para pagarles ¡10 mil millones! para asesoría para él y Verónica por la Lista Clinton. En solo 4 meses: de enero a abril. Este gobierno es abusivo y corrupto”, afirmó Hernández-Mora, en un mensaje que generó un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.
La periodista vinculó directamente al presidente con un posible manejo irregular de fondos del Presupuesto General de la Nación, situando el tema en el centro de la discusión política y mediática.
La respuesta del mandatario fue inmediata y cargada de confrontación. Gustavo Petro acusó a sectores de la oposición de buscar presiones internacionales en su contra, llegando incluso a sugerir planes extremos.
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff, querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, afirmó el presidente. Con esto, Petro trasladó el debate del ámbito fiscal al político, contextualizando la denuncia como parte de un intento de desestabilización del Ejecutivo.
La controversia llegó rápidamente a instancias institucionales. La Procuraduría General de la Nación notificó la apertura de una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), luego de la denuncia disciplinaria presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda.
La congresista celebró la decisión del ente de control y reiteró la necesidad de diferenciar los asuntos personales del mandatario del manejo de los recursos públicos: “Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa. Los recursos públicos son recursos sagrados y se tienen que respetar”, aseguró Miranda, que fue la primera en presentar la denuncia ante autoridades estadounidenses.
El contrato en cuestión, identificado como No. 001 de 2026, fue suscrito el 9 de enero y tiene vigencia hasta el 30 de abril del mismo año.
La modalidad elegida fue la contratación directa con la firma Amadeus Consultancy Limited, cuyo objeto es prestar “asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales”.
La Procuraduría enfatizó que no se exigieron garantías de cumplimiento, un hecho que incrementa el riesgo fiscal y patrimonial para el Estado y debilita los mecanismos de protección del patrimonio público.
La polémica ha abierto un frente de debate en el Congreso y en la opinión pública sobre los límites del uso de recursos del Estado en asuntos personales del presidente y su familia. Para la oposición, el contrato representa un ejemplo de mal manejo de fondos estatales y de una práctica que podría sentar precedentes peligrosos en la gestión de la Presidencia.
Por su parte, el Ejecutivo ha insistido en que la contratación responde a necesidades legales derivadas de presiones internacionales, con el fin de proteger la integridad de Colombia y de sus gobernantes frente a posibles sanciones o demandas.
A lo largo de la semana, la Procuraduría solicitó al Dapre pruebas y antecedentes adicionales sobre el proceso contractual, incluyendo estudios previos, copias de los documentos y justificaciones legales que respaldaran la contratación directa.
Estas diligencias buscan esclarecer si la operación se ajustó a la normatividad vigente y determinar la existencia de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos de alta cuantía.
