Disposiciones del Estado impactaran sostenibilidad y seguridad de refugios

CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Presupuesto insuficiente, sin calendario, precarización del personal y obligaciones que traslada el Estado a las organizaciones de la sociedad civil son algunos de los impactos encontrados en el análisis hecho a los Lineamientos de Operación del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas y la Guía Operativa del Componente C: Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.

Así lo da a conocer la Red Nacional de Refugios (RNR), organismo de la sociedad civil que analizó de forma detallada ambos documentos por lo que están preocupadas por los impactos que estas disposiciones tendrán en la sostenibilidad, la seguridad y la calidad de la atención que brindan los refugios en todo el país, tras la publicación de los documentos en días pasados.

En un pronunciamiento publicado ese lunes explican que el Presupuesto es insuficiente y regresivo para el ejercicio fiscal de este año, al cual se le asignaron 515 millones 33 mil 86.90 pesos destinados al Componente C: Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos. Aunque este monto representa un aumento nominal respecto a 2025, el crecimiento real —descontando inflación— es de apenas alrededor del dos por ciento.

Aunado a que a estos recursos pueden acceder no solo refugios y centros de atención externa, sino también Casas de Emergencia y Casas de Transición. En la práctica, esto implica una disminución del presupuesto destinado a cada Refugio, una mayor dispersión de los recursos y una reducción en la capacidad para ofrecer una atención integral.

Si bien reconocemos como un avance la inclusión de Casas de Emergencia y Casas de Transición para mujeres sobrevivientes de violencia y, en su caso, para sus hijos e hijas—, nos preocupa que esta expansión no venga acompañada de un aumento proporcional en el presupuesto, lo que disminuye el recurso disponible.

Por otro lado, la RNR señala que, aunque los Lineamientos 2026 especifican el monto destinado exclusivamente a los Refugios, hasta la fecha no se han establecido plazos públicos para la convocatoria, evaluación ni ministración de estos recursos.

La falta de un calendario claro genera una grave incertidumbre operativa para los espacios que brindan protección inmediata a mujeres en situación de alto riesgo, como es la continuidad de los programas y la vida de las mujeres. Cabe destacar que, durante más de cuatro años consecutivos, el presupuesto destinado a los Refugios ha llegado con retrasos, comprometiendo la operatividad de estos espacios vitales que previenen feminicidios y restituyen derechos.

Otro aspecto que preocupa a la RNR es la precarización del personal y debilitamiento de la seguridad, ya que la guía operativa contempla: la reducción de honorarios del personal especializado, y la disminución del presupuesto destinado a la seguridad de los espacios, elementos indispensables para proteger la vida y la integridad de mujeres, niñas, niños y del propio personas, por lo que son inadmisibles.

Por otro lado, sostienen que son preocupantes las obligaciones impuestas a las instancias ejecutoras, primero, se exige presentar, a más tardar el 15 de enero de 2026, el Acta de Cierre del Proyecto 2025, cuando este proceso depende exclusivamente de la Secretaría de las Mujeres y al 12 de enero, no se han emitido resultados ni retroalimentaciones a los refugios sobre los informes finales 2025 entregados el 8 de enero.

Se obliga a los refugios a acreditar contar con recursos propios suficientes para garantizar su operación total —incluyendo atención, alojamiento, alimentación, vestido, calzado y plantilla mínima— y a manifestar que los recursos federales son únicamente un subsidio, trasladando de manera explícita la responsabilidad financiera del Estado a las organizaciones, condicionando el acceso a recursos públicos a la autosuficiencia económica previa, lo cual resulta incompatible con una política pública de protección de derechos.

La RNR, señala en el pronunciamiento que las disposiciones arriba señaladas contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, así como el principio de progresividad en el ejercicio de los derechos humanos. Citan lo establecido en ese sentido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará que obliga al Estado a garantizar, financiar y sostener los mecanismos especializados de protección para mujeres víctimas de violencia, incluidos los refugios.

En ese sentido exponen que desde una perspectiva feminista y con más de 25 años defendiendo el derecho a una vida libre de violencia, afirmamos que las disposiciones contempladas para este año representan un retroceso, se priorizan procesos administrativos burocráticos por encima de la calidad y pertinencia de la atención y servicios dirigidos a mujeres, niñas y niños, lo que pone en riesgo la eficacia de la protección que estos espacios deben garantizar.

Demandas de la RNR

Por ello la Red Nacional de Refugios demanda fechas públicas, claras y vinculantes para la convocatoria, evaluación y ministración de los recursos correspondientes al año 2026, que permitan la adecuada planificación y operación de los refugios.

La asignación de recursos suficientes, oportunos y focalizados que aseguren la sostenibilidad y la calidad integral de la atención para mujeres, niñas y niños en situación de violencia.

La garantía de no reducción de honorarios ni de recursos destinados a la seguridad, asegurando condiciones dignas, especializadas y seguras para el personal y las personas atendidas.

Eliminar las exigencias que trasladan la responsabilidad del Estado a las organizaciones civiles, respetando plenamente el principio de progresividad en los derechos humanos y reconociendo el papel irremplazable del Estado en esta materia.

Y, finalmente, establecer mesas de trabajo a través de un diálogo horizontal, efectivo y con capacidad real de incidencia entre las autoridades y las organizaciones que sostenemos esta política pública fundamental.
AM.MX/fm

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