El caso Banco Master sacude a Brasil y amenaza con convertirse en un factor clave de la campaña presidencial Infobae

El caso del Banco Master se ha vuelto paradigmático en Brasil, hasta el punto de que podría tener un impacto incluso en la campaña electoral que comenzará en los próximos meses de cara a las presidenciales de octubre. El banco fue liquidado por el Banco Central el pasado 18 de noviembre, tras constatarse las “graves violaciones” de las normas bancarias. La entidad no contaba con fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones con inversores y depositantes, pero sobre todo la Policía Federal (PF) descubrió irregularidades y fraudes, entre ellos la existencia de créditos inexistentes por unos 12,2 mil millones de reales (2,27 mil millones de dólares). Su propietario, Daniel Vorcaro, fue arrestado el pasado 17 de noviembre mientras intentaba huir a Dubái, según la PF. El jueves, una segunda fase de la operación Compliance Zero condujo al arresto del cuñado de Vorcaro, Fabiano Zettel, quien también estaba huyendo hacia Dubái.

Las consecuencias de este caso son muy importantes para Brasil, tanto por la forma en que se ha gestionado hasta ahora como porque ha destapado una auténtica caja de Pandora en las instituciones del gigante latinoamericano. Como escribe Mario Sabino en el portal de noticias Metrópoles, el Banco Master “desató una guerra con, de un lado, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y, del otro, las cúpulas de la Policía Federal y del Banco Central”. La guerra estalló a raíz de una serie de anomalías que, una tras otra, alimentaron la polémica y generaron indignación en la prensa brasileña. La primera es que el caso terminó en el STF y no en un tribunal de primera instancia, como dicta la práctica habitual. Además, el juez instructor es José Antonio Dias Toffoli, a quien ahora se le reprocha un conflicto de intereses. Según el diario O Estado de São Paulo, Fabiano Zettel, arrestado por la Policía Federal el jueves y cuñado de Daniel Vorcaro, es propietario de un fondo que invirtió millones en un resort de la familia Toffoli, posteriormente vendido a un abogado de los hermanos Joesley y Wesley Batista, cuya empresa J&F vio suspendida por Toffoli la multa de 103 mil millones de reales (19,18 mil millones de dólares) prevista en el acuerdo de la operación anticorrupción Lava Jato. JBS, la mayor industria de procesamiento de carne en el mundo de propiedad de J&F, afirmó en un comunicado que el bufete de este abogado “defendió a la empresa en causas judiciales en el estado de Goiás. Ni la compañía ni sus accionistas tienen relación alguna con las empresas mencionadas ni con otras actividades del abogado”.

La situación es tan compleja que en estos días la oposición quiere instaurar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar el caso, mientras que la senadora Damares Alves, del partido Republicanos, también ha solicitado el impeachment del juez Toffoli. Entre otras anomalías que lo han tenido como protagonista, destaca el hecho de que el juez, en los últimos días, haya limitado el acceso de la Policía Federal al material incautado en la segunda fase de la operación Compliance Zero, acusando al cuerpo de “inercia”. Posteriormente, Toffoli dio marcha atrás, autorizando el acceso, pero decidiendo cuáles investigadores podían examinar el material. Además, redujo de seis a dos días el plazo para que los policías interrogaran a los acusados. Finalmente, prorrogó por 60 días la investigación contra Vorcaro a solicitud de la Policía Federal.

También generó polémica en las últimas semanas el careo solicitado por Toffoli entre el director de Fiscalización del Banco Central, Ailton de Aquino, y el acusado Vorcaro. Asediado por las críticas, Toffoli dio luego un paso atrás, pero aun así colocó al Banco Central en la incómoda posición de tener que defender su autonomía, amenazada desde varios frentes. El pasado 2 de enero, el flamante presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Vital do Rêgo Filho, ordenó una inspección en el Banco Central para verificar los documentos relativos a la liquidación del Banco Master. Según el TCU, el Banco Central no habría proporcionado toda la documentación solicitada, planteando la hipótesis de que la liquidación hubiera sido precipitada. La reacción de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) fue inmediata, defendiendo con firmeza la autonomía del Banco Central. Ante las críticas, el TCU dio luego marcha atrás, transformando la inspección en una simple solicitud de información. Además, contra el Banco Central, como reveló la periodista Malu Gaspar, se activaron también las llamadas milicias digitales, es decir, más de cuarenta influencers pagados para atacarlo junto con los investigadores del caso Master. “Los temores entre los técnicos del Banco Central, en realidad, son que la gestión del caso deje de ser técnica y se vuelva política. Por este motivo, Toffoli debería apartarse, ya que las investigaciones podrían acabar involucrando a miembros de su propia familia”, escribe Álvaro Gribel en O Estado de São Paulo. También el diario Folha de São Paulo, en un contundente editorial, pidió al juez que se apartara del caso. “El ministro Dias Toffoli ha perdido todas las condiciones necesarias para arbitrar con imparcialidad y diligencia técnica el clamoroso escándalo del Banco Master y, por este motivo, debería apartarse”, se lee en el texto.

En el caso también se ha visto implicado el juez del proceso contra el ex presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, ya que su esposa, la abogada Viviane Barci, tenía un contrato millonario con el Banco Master. Según el portal Metrópoles, su bufete no figura en la defensa de Vorcaro. “Durante la vigencia del contrato del despacho de su esposa con el banco, Moraes habría ejercido presiones sobre el Banco Central para que Master pudiera ser vendido al banco BRB (el Banco de Brasília, estatal, nda). Alexandre de Moraes negó enérgicamente haber hecho tales presiones, y ahí se detuvo. El ministro ni siquiera se dignó a dar explicación alguna sobre el contrato. Al parecer, Moraes no ve ningún problema en que la esposa de un ministro de la Corte Suprema reciba una fortuna digna de un premio de lotería de un banco profundamente involucrado en procesos judiciales, sin realizar nada compatible que sea visible a simple vista”, escribe Metrópoles. El juez abrió ayer una investigación bajo secreto de sumario para determinar si hubo una filtración de informaciones financieras sobre él y su esposa por parte de la Agencia Tributaria y del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), la unidad de inteligencia financiera del Gobierno Federal que actúa principalmente en la prevención y lucha contra el lavado de dinero.

A hacer el caso aún más complejo contribuye el posible papel del crimen organizado. El jueves, el Banco Central brasileño liquidó CBSF-DTVM, ex Reag, una gestora de fondos de inversión acusada de haber participado en el esquema que inflaba artificialmente los activos del caso Master mediante el uso de fondos de inversión. La ex Reag está siendo investigada en el marco de la operación Carbonio Oculto contra el principal grupo criminal brasileño, el PCC (Primeiro Comando de la Capital). “Que la Corte no se encierre en un corporativismo autorreferencial para defender lo indefendible. La democracia no corre ningún riesgo, salvo el de barrer la corrupción bajo la alfombra. La sociedad tiene derecho a una información plena y exige que se responsabilice a quienes delinquieron en este enorme escándalo, sean quienes sean”, escribe Folha de São Paulo.

Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los inversores. Tienen derecho al reembolso —que, sin embargo, aún no se ha efectuado— 1,6 millones de inversores del Banco Master, con pagos que totalizan 41 mil millones de reales (7,64 mil millones de dólares), equivalentes a un tercio de los recursos del Fondo Garantidor de Créditos (FGC), que ascienden a 120 mil millones de reales (22,35 mil millones de dólares). Los clientes que invirtieron en títulos cubiertos por el FGC serán reembolsados por sus inversiones en el banco solo hasta el límite de 250.000 reales (46.562 dólares) por persona o empresa. El FGC es un fondo financiado por los propios bancos que protege a los ahorradores en caso de quiebra o liquidación de una entidad financiera. El caso Master lo ha drenado, abriendo interrogantes cruciales sobre la necesidad de prevenir fraudes de esta magnitud. El caso Master también ha provocado pérdidas multimillonarias en fondos de pensiones municipales y estatales que habían invertido en bonos del banco. El Ministerio de Previsión Social ha establecido que estados y municipios deberán hacerse cargo de estas pérdidas. Si los fondos no son suficientes para pagar pensiones y prestaciones de los empleados públicos, los municipios y gobiernos estatales deberán complementar los importes. Una obligación que impactará enormemente en el gasto municipal y en su agenda de inversiones para la comunidad. Mientras tanto, los bancos de tamaño medio están asistiendo a una fuga de clientes hacia bancos más grandes en busca de mayor seguridad, modificando así rápida y no exenta de problemas el panorama bancario del país.

Todo dependerá, en cualquier caso, de la decisión del STF. Si la liquidación del Banco Master fuera anulada, el impacto a nivel internacional sería severo, con inversores extranjeros alejándose y el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitiendo una alerta sobre Brasil. Ya el pasado diciembre, técnicos del FMI y del Banco Mundial habían dejado claro que estaban monitoreando atentamente los riesgos de inestabilidad del país surgidos con el caso Master. “Las repercusiones podrían desalentar a los inversores internacionales, provocando una falta de liquidez para las operaciones de crédito en todos los segmentos”, declaró al portal Gazeta do Povo Elber Laranja, fundador de la empresa de ingeniería crediticia Titanium. Para el país sería una situación realmente difícil y también para los candidatos a la presidencia, que se encontrarían con una bomba a punto de estallar en sus manos incluso antes de las elecciones.