Cárcel para Yoon: los 8 procesos contra el exlíder surcoreano que declaró la ley marcial Infobae
Ruy A.Valdés
Seúl, 16 ene (EFE).- El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol recibió este viernes una condena de cinco años de prisión por obstrucción a la justicia, el primer veredicto de una lista de ocho procesos judiciales en su contra, la mitad de ellos relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, episodio por el que podría llegar a ser condenado a pena de muerte.
El fallo, dictado por el Tribunal del Distrito Central de Seúl y retransmitido en directo, marca el primer desenlace judicial del entramado de causas abiertas contra Yoon tras su destitución en abril de 2025, pero no resuelve los procesos más graves, que siguen pendientes y mantendrán al exmandatario en el centro de la vida política y judicial del país durante los próximos meses.
Yoon se encuentra en prisión preventiva de forma ininterrumpida desde el pasado julio. Se desconoce cuándo pasará a cumplir efectivamente la condena de este viernes en medio de afirmaciones de que su equipo legal apelará el fallo.
El tribunal condenó a Yoon por obstruir su arresto tras la ley marcial mediante el uso del Servicio de Seguridad Presidencial, vulnerar el derecho de deliberación de ministros del Gabinete al excluirlos de una reunión clave previa a su imposición y por falsificación de documentos públicos vinculados a su proclamación.
La Fiscalía había solicitado 10 años de prisión, pero el tribunal impuso una pena menor de cinco años, absolviéndolo de uno de los cargos relacionados con la supuesta difusión de información falsa a la prensa extranjera.
El proceso más grave y el núcleo del caso judicial contra Yoon es su juicio por cargos de insurrección al haber impuesto ilegalmente la ley marcial. El Tribunal Constitucional calificó de inconstitucional el estado de emergencia decretado por Yoon en el fallo de destitución presidencial en abril.
La fiscalía especial solicitó el martes la pena de muerte para el exmandatario por liderar una rebelión, mientras el fallo del tribunal será emitido el 19 de febrero. Corea del Sur se considera una nación abolicionista de facto, al no ejecutar a ningún condenado a la pena capital desde 1997, por lo que se interpreta que la sentencia tendría una carga más bien simbólica y no sería aplicada.
El expresidente también enfrenta un proceso por cargos de abuso de poder y otros delitos en relación con el supuesto envío de drones hacia Corea del Norte para esparcir propaganda anti-Pionyang. La fiscalía señala que el entonces mandatario ordenó la operación para provocar una reacción del país vecino y justificar la imposición de su ley marcial.
Pionyang acusó a Seúl ante la ONU en febrero pasado de enviar en octubre de 2024 drones para esparcir propaganda sobre su capital. La Administración Yoon llegó a afirmar que los panfletos fueron enviados por activistas, mientras Corea del Norte respondió encendiendo sus altavoces propagandísticos fronterizos y enviando globos con desechos al Sur.
Por último, se encuentra enjuiciado por cargos de dar un falso testimonio en el caso contra el ex primer ministro, Han Duck-soo, por asistir al exmandatario en la insurrección. Han recibirá una sentencia el próximo miércoles.
Sumado a los casos vinculados con la imposición del estado de emergencia, Yoon se encuentra acusado de abuso de poder e interferencia en una investigación oficial sobre el fallecimiento de un infante de marina en 2023, y otro de instigación a la fuga del entonces ministro de Defensa Lee Jong-seop en relación con la pesquisa de la muerte del soldado.
El exmandatario afronta un juicio por cargos de financiación política irregular por encuestas electorales recibidas sin coste entre 2021 y 2022 a través de un intermediario asociado con la esposa de Yoon, Kim Keon-hee, que también se encuentra en prisión afrontando múltiples cargos, incluida una causa por manipulación de acciones y soborno cuyo fallo será emitido el 28 de enero.
Finalmente, Yoon tiene otro proceso por difusión de información falsa durante la campaña presidencial, aunque la fecha de inicio no ha sido determinada. EFE
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