Gruma, Bimbo y Coca-Cola FEMSA: el futuro de las empresas mexicanas en Venezuela tras la era de Maduro Expansión

Venezuela entra en una nueva fase política que podría impactar a las empresas mexicanas de gran consumo que operan en el país. Grupo Bimbo y Coca-Cola FEMSA (KOF) se mantienen sin reportar resultados financieros o inversiones relevantes, como parte de un esquema de exposición mínima, mientras que otras compañías, como Gruma , cerraron su operativa. Las empresas mexicanas han resistido varias crisis en Venezuela, desde devaluaciones, controles cambiarios e inflaciones exorbitantes, hasta el proceso de expropiaciones que el gobierno de Hugo Chávez intensificó en la década de los 2000. Ese entorno llevó a que algunas compañías salieran del país, mientras que otras optaron por mantener operaciones bajo un fuerte control gubernamental. Con la intervención de Estados Unidos que, a decir del presidente Donald Trump, implicaría la administración del país, el posible regreso de multinacionales y empresas extranjeras a Venezuela se ha colocado nuevamente sobre la mesa, sobre todo por el papel que ahora se espera que tengan las compañías petroleras.

Sin embargo, el retorno de las corporaciones extranjeras no solo estaría condicionado a la salida de Nicolás Maduro, sino a la implementación de ajustes que otorguen certidumbre jurídica, minimicen el riesgo para los inversionistas y consoliden el Estado de Derecho, un proceso que podría tomar años. Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente, comenta que las empresas se tomarán su tiempo para analizar si extienden operaciones o regresan —o no— a Venezuela. “La experiencia allá no ha sido particularmente buena”, dice. “Es muy pronto para pensar que vamos a ver algo en este frente y, en todo caso, es de esperarse que sean procesos de varios años en lo que se estabiliza políticamente el país”, añade. Grupo Bimbo y Coca-Cola FEMSA (KOF) han resistido los embates de las políticas venezolanas. Ambas compañías lograron sortear la ola de expropiaciones; sin embargo, enfrentan la estandarización de precios y costos, el alza en las materias primas, la hiperinflación y la devaluación del bolívar. Grupo Bimbo inició operaciones en Venezuela en 1993, mercado en el que comercializa marcas como Marinela, Bimbo, Artesano y Holsum. A lo largo de las décadas, los retos en el país han estado relacionados con las devaluaciones de los años noventa, pero la crisis se endureció a partir de 2016, con la intensificación de las políticas de nacionalización. La empresa se vio presionada por la escasez de harina de trigo, el vertiginoso incremento en los precios de insumos como la manteca y el azúcar, la restricción de divisas para pagar importaciones y las inspecciones periódicas a sus plantas por parte de funcionarios del gobierno para controlar los niveles de producción y los precios de venta al público. Bimbo opera en Venezuela a través de la firma OLA, encargada de procesar y distribuir sus productos. Esta filial integra sus operaciones en la región de Latinoamérica, que generó ventas por 10,707 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, un avance de 4.9%, según los últimos datos disponibles. En tanto, Coca-Cola FEMSA opera en Venezuela a través de una inversión en Coca-Cola FEMSA de Venezuela. Desde el 31 de diciembre de 2017, el país se reporta como una inversión en acciones, es decir, como una operación no consolidada. Humberto Calzada, economista en jefe para Rankia Latam, comenta que la incertidumbre respecto a Venezuela se mantiene entre los inversionistas, ante las expectativas sobre cómo podría darse una transición política. “Los inversionistas están esperando ver cómo se da la transición gubernamental en Venezuela. Si hay un cambio en el que la oposición comience a tomar fuerza o el régimen actual muestre apertura con un ajuste en su política económica, podríamos ver, poco a poco, el regreso de inversionistas extranjeros”, señala. El especialista reitera que, para incentivar la inversión empresarial, primero debe garantizarse el Estado de Derecho, además de que no se descarta la posibilidad de una nueva crisis política. “Eso no se va a dar rápido. Creo que será un proceso paulatino, pero los inversionistas están a la espera de cambios estructurales que den mayor certidumbre, lo que podría ser positivo desde el punto de vista de los mercados globales”, añade. Gruma, productora y distribuidora de harina de maíz y tortillas, recibió el primer golpe en 2010, cuando Hugo Chávez decretó la expropiación de Molinos Nacionales (Monaca), su principal filial en Venezuela, así como de Derivados de Maíz Seleccionado (Demaseca). La empresa dejó de consolidar las operaciones de sus plantas en Venezuela en sus informes financieros en 2013, luego de que el gobierno tomara el control de sus activos. Para entonces, el entorno económico ya era complejo: altos niveles de inflación, devaluación del bolívar y un persistente desabasto de alimentos, lo que llevó al régimen a reforzar los controles sobre la producción. Con el endurecimiento de las políticas nacionalistas y la erosión de la economía local, en diciembre de 2015 Gruma canceló su inversión en Venezuela, lo que derivó en un cargo de 4,362 millones de pesos en sus resultados del cuarto trimestre de ese año. “Dada la fuerte depreciación del bolívar y la situación macroeconómica de Venezuela, Gruma ha decidido dar de baja el valor en libros de las inversiones netas indirectas en Monaca y Demaseca, así como las cuentas por cobrar que ciertas subsidiarias de Gruma tienen con Monaca”, señaló la empresa en su estado financiero del último trimestre de 2015. Gruma llevó el caso a arbitraje internacional y, en 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial determinó que Venezuela debía pagar 484 millones de dólares a la empresa mexicana por daños y perjuicios. “Es posible que las empresas que fueron expropiadas analicen las vías para recuperar activos, bajo el supuesto de que no recibieron un pago justo. Especular cuánto podrían recuperar y si eso se traduciría efectivamente en una ganancia es muy aventurado, pero las áreas jurídicas están obligadas a estudiar esa posibilidad, ya sea para dar por perdido el proceso o para eventualmente evaluar un regreso a Venezuela”, concluye Hermosillo.