INE propone mover la elección judicial a septiembre y sancionar a autoridades que frenen la fiscalización de campañas El Imparcial
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) entregará este lunes a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral un paquete de más de 200 propuestas para modificar el sistema electoral mexicano.
Entre ellas las más destacadas son: recorrer la elección judicial a septiembre y establecer obligaciones y sanciones para las autoridades que obstaculicen la fiscalización y el rastreo de financiamiento ilícito en campañas, incluso si se trata de instancias federales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con información publicada por Milenio, que tuvo acceso al documento y consultó a integrantes del Consejo General del INE, estas propuestas buscan atender problemas operativos, legales y de equidad detectados tras los procesos electorales recientes y ante la complejidad que representará la segunda elección judicial prevista para 2027. La fuente de esta información es el propio Consejo General del INE y consejerías electorales consultadas por MILENIO.
¿Qué propuestas sí lograron consenso dentro del INE?
Tras la votación de 314 propuestas, el Consejo General acordó integrar al documento institucional 240 planteamientos que obtuvieron al menos seis votos, lo que en la lógica del órgano electoral constituye una decisión oficial.
De ese total, poco más de 100 propuestas alcanzaron mayoría calificada de ocho votos, mientras que otro centenar obtuvo mayoría simple de seis votos. Sin embargo, solo una propuesta logró unanimidad: el cambio de fecha de la elección judicial.
La votación fue de 10 votos, debido a que la consejera Claudia Zavala anunció previamente que no participaría, al no estar de acuerdo con el procedimiento seguido para integrar las propuestas.
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Elección judicial en septiembre: la razón del cambio de fecha
El Consejo General del INE coincidió en que realizar la elección judicial de 2027 de manera concurrente con la elección federal intermedia y los comicios locales de 17 entidades representa un riesgo operativo y logístico.
En ese proceso se renovarán:
- Más de 800 cargos del Poder Judicial.
- La Cámara de Diputados.
- Gubernaturas, congresos locales y cientos de ayuntamientos.
Ante este escenario, el INE propone recorrer la jornada electoral judicial a mediados de septiembre, una vez concluido el proceso federal intermedio.
El razonamiento es que en octubre inician problemas climatológicos en varias regiones del país, mientras que septiembre permitiría:
- Concluir los cómputos e impugnaciones.
- Contar con una nueva Legislatura ya en funciones.
- Evitar saturación de tareas para las autoridades electorales.
Fiscalización de campañas: el otro eje central de la propuesta
Otro de los planteamientos prioritarios del INE es fortalecer la fiscalización del financiamiento político, un proceso que, según el órgano electoral, ha sido obstaculizado en los últimos años por la negativa de diversas autoridades a entregar información clave.
El Instituto propone que el secreto ministerial no sea aplicable durante los procesos de fiscalización electoral, ya que actualmente impide rastrear recursos de origen ilícito.
Una consejería resume el problema con esta frase:
En 30 años el INE ha pasado por el secreto bancario, fiduciario y ahora penal o ministerial”.
¿Qué autoridades serían obligadas a colaborar con el INE?
La propuesta incluye a instancias como:
- El Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- La Fiscalía General de la República (FGR).
El INE señala que incluso la FGR ha incumplido sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al negarse a compartir información sobre investigaciones que coinciden con procesos de fiscalización administrativa.
Aunque el Consejo General reconoce que no tiene facultades para sancionar directamente a estas autoridades, propone que la reforma electoral establezca consecuencias claras cuando no se cumpla con la obligación legal de colaborar, dado que la fiscalización de campañas es una responsabilidad del Estado mexicano.
Tecnología, activos virtuales y redes sociales bajo la lupa
El documento también plantea reforzar la fiscalización con tecnología, especialmente para verificar el origen, destino, monto y aplicación de los recursos utilizados en campañas.
Entre los puntos nuevos está:
- Incluir en la legislación electoral el tema de activos virtuales, que actualmente carecen de regulación específica.
- Obligar a plataformas digitales como Facebook o X a contar con oficinas en México.
- Otorgar al INE facultades para fiscalizar propaganda y gasto en redes sociales.
El argumento es que las plataformas se han convertido en espacios centrales de propaganda política, pero al tener oficinas en el extranjero, la información requerida suele llegar tarde o no llega.
Las propuestas que no lograron consenso, pero se enviarán como anexo
Además del documento principal, el INE acordó entregar un anexo con cerca de 100 propuestas que no alcanzaron los votos necesarios, detallando qué consejero o consejera las impulsó.
Entre estas destacan varias que buscaban permitir al INE intervenir en procesos internos de los partidos, para evitar violaciones a la equidad, como ocurrió con el fenómeno de las llamadas “corcholatas”.
Algunos planteamientos incluían:
- “El reconocimiento expreso de la facultad del INE para invalidar actos partidistas que contravengan derechos fundamentales o principios constitucionales”.
- Establecer controles que equilibren la autonomía partidista y los derechos de la militancia.
- Incluir criterios obligatorios sobre paridad de género y prevención de violencia política de género en procesos internos.
Estas propuestas no alcanzaron consenso institucional, pero serán remitidas para su valoración.
¿Cómo se entregará el documento a la Comisión Presidencial?
Las consejerías explicaron que, por acuerdo con la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, no se enviará un documento técnico de evaluación como el elaborado por la Secretaría Ejecutiva en noviembre, el cual acumuló casi 400 observaciones.
Ese ejercicio fue descartado y calificado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei como un “saque inacabado”.
En su lugar, se entregará:
- El listado de propuestas aprobadas, con sus razonamientos.
- El anexo de propuestas sin consenso, con autoría identificada.
El objetivo, según el INE, es aportar insumos claros para una reforma electoral que atienda los retos actuales del sistema de elecciones en México.
