Entre la soberanía, la hipocresía y el miedo El Financiero

Recientemente, y en el contexto de lo sucedido con el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro, el debate se ha llenado de opiniones encontradas, conclusiones apresuradas y posturas que, en la mayoría de los casos, carecen de reflexión jurídica y política.

Para algunos, la actuación del presidente Donald Trump (suponiendo sin conceder que esté motivado por una intención genuina) ha derivado en una violación muy delicada al derecho internacional y a los límites que supone la soberanía de los Estados. En cambio, para otros, la postura ha sido relativa: que, frente a grandes males, grandes remedios. Es así que la detención de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, que ha destruido y sometido a su pueblo, para muchos, se trata no solo de una conducta justificable, sino necesaria.

Entonces, nos encontramos ante una situación en la que las posturas y opiniones son tan amplias como el número de personas que las tienen. Sin embargo, el verdadero problema que nos aqueja no está en lo sucedido en Venezuela, sino en lo que se insinúa que puede pasar en México. Existen ya varios rumores, avisos y advertencias, como quieran llamarles, de que el presidente Donald Trump y los Estados Unidos de Norteamérica están considerando realizar ataques militares específicos dirigidos a territorios específicos de la República Mexicana en los que predomina la presencia de grupos de delincuencia organizada, a los que Donald Trump llama “terroristas”.

Frente a ello, la respuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido, por decirlo de forma bonita, profundamente pasiva. Pues, ella insiste en privilegiar el diálogo, en no cruzar límites y, por supuesto, en respetar la soberanía nacional. Ahora, el problema no es el discurso y el fondo en sí, sino la forma; después de todo, nuestra presidenta ha transmitido sus ideas con un tono que denota nerviosismo y, sobre todo, temor.

Vayamos al fondo: es un hecho notorio y de conocimiento público, aunque muchos pretendan negarlo, que los Estados Unidos de Norteamérica, como dice el dicho, nunca “dan paso sin guarache”, es decir, que nunca intervienen sin un interés subyacente y de manera pacífica. Es muy ingenuo, incluso estúpido, decir que los Estados Unidos de Norteamérica se manejan bajo un altruismo político internacional. Aun si lograran erradicar, en su mayoría, el narcotráfico y los grupos violentos de la delincuencia organizada (cosa que no estimo pueda realizarse de manera absoluta), tenemos que hacernos una pregunta obligada: ¿Cuál es la finalidad real y qué nos va a costar a los mexicanos?

Reitero, es ingenuo y estúpido pensar que se trata de una intención de “liberación”, y que no hay algún interés por debajo, ya sea territorio, petróleo, agua, control político o cualquier otra, que genere un beneficio arrebatado a la mala.

Sin embargo, sería también particularmente irresponsable ignorar la otra cara de la moneda, pues una parte importante y considerable de la clase política mexicana, sobre todo los miembros que pertenecen al partido en el poder, mantienen vínculos directos y evidentes con el narcotráfico. Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el trato preferencial y la tolerancia (“abrazos, no balazos”) fueron una situación constante y sistemática. Incluso, ya es evidente que existen muchas figuras dentro del círculo más cercano del expresidente que están profundamente comprometidas e involucradas con grupos de delincuencia organizada, como Rubén Rocha Moya, Américo Villareal Anaya y el propio Adán Augusto López. Y nadie hace nada. Se protegen entre ellos y, los demás, se hacen de la vista gorda.

No puedo afirmar con certeza, ni pretendo hacerlo, que nuestra actual presidenta tenga algún tipo de vínculo con la delincuencia organizada, pero no puedo concebir que no sepa de los pactos que existieron en el sexenio pasado; pactos a los que no se entiende si solo los tolera o si les teme. Ya sea su respeto hacia el expresidente López Obrador o su temor, justificado y entendible, a los grupos de delincuencia organizada, condicionan a nuestra actual administración a actuar en consecuencia.

Entonces, ¿qué postura debemos adoptar? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? La respuesta no es absoluta. La política, aunque muchos quisieran, no es una ciencia exacta. Pero tampoco el discurso antipolítico es moralmente superior; al final, no deja de ser un discurso político, pero del extremo opuesto.

Es decir, afirmar que el presidente Donald Trump es “el bueno” implicaría aceptar que un líder extranjero está facultado a violar la soberanía a su conveniencia y sin consecuencias. Afirmar que la presidenta Claudia Sheinbaum es “la buena” supone fingir o autoengañarse con que ella no conoce lo que sucede en su propio país.

La única salida razonable a esta encrucijada es dejar la simulación y la ciega aceptación a lo que los medios nos dicen. México no ha podido, o no ha sabido cómo, erradicar a la delincuencia organizada, pero tampoco puede someterse a un país extranjero. La solución, entonces, debe ser un esfuerzo conjunto, una colaboración real y actual entre Estados, una coordinación verdadera. Que las instituciones de procuración de justicia mexicanas investiguen y proporcionen información completa y veraz sobre quiénes deben ser perseguidos. Que los Estados Unidos de Norteamérica, si así lo desean, sí apoyen, incluso con fuerza operativa, pero dentro de un marco acordado, delimitado y transparente, sin excesos.

Un combate frontal a la delincuencia organizada y “mano dura”, como he dicho siempre, es una solución deseada, histórica y que tiene mucho potencial de éxito, pero únicamente si se hace juntos, con reglas claras y protegiendo que haya el menor daño colateral posible. Todo lo demás, la pasividad temerosa o la intervención violenta unilateral, solo producirá desastre y sufrimiento en inocentes.