Madre recorrió más de 70 kilómetros en moto trasladando el cuerpo de su hijastra para poder sepultar Infobae
La muerte violenta de Roxana Álvarez Rojano ha expuesto una vez más la fragilidad de la respuesta institucional frente a los crímenes en regiones rurales de Colombia y el desamparo de las víctimas.
Yaneth Rojano Mendoza, madre de la joven de 26 años, se vio obligada a recoger el cadáver de su hija asesinada y trasladarlo 70 kilómetros en motocicleta, ante la negativa de la Policía de Pelaya de ejecutar el levantamiento del cuerpo por motivos de seguridad.
Este episodio, ocurrido en una zona rural de Pelaya, Cesar, provocó una ola de indignación y tristeza no solo entre los habitantes de la región, sino en las redes sociales, donde la imagen del desplazamiento de la madre capturó la atención por su crudeza y simbolizó la falta de apoyo estatal.
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En su trayecto, la madre recorrió varias poblaciones: La Floresta, El Burro, Palestina y Tamalameque, hasta llegar a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de El Banco, Magdalena, donde se llevaron a cabo los procedimientos judiciales.
El impacto de este caso se amplificó cuando decenas de usuarios en redes sociales compartieron mensajes de indignación, resaltando la negligencia institucional y el sufrimiento de una madre.
El hallazgo del cuerpo de Roxana Álvarez Rojano en el sector de Los Pinos confirmó la crudeza del asesinato: el cadáver presentaba signos de tortura, múltiples heridas por arma blanca y disparos, de acuerdo con la información difundida por el medio El Universal. Junto a ella fue encontrado el cuerpo de un hombre, lo que vincula el hecho a una situación de violencia persistente en la región y refuerza la percepción de inseguridad.
Las primeras pesquisas apuntan a que Roxana Álvarez Rojano, residente en el barrio Las Palmas de El Banco, Magdalena, fue raptada la noche del 7 de enero por individuos que fingieron ser miembros de la fuerza pública.
Trabajaba en una finca en las proximidades de Las Vegas, entre Pailitas y Curumaní, Cesar. Aunque las autoridades han entregado pocos detalles, no se conocen aún responsables por el crimen. La familia y la comunidad exigen una investigación rigurosa para esclarecer los hechos y determinar si terceras personas están implicadas en la muerte de esta madre de dos niños.
La negativa institucional quedó plasmada cuando —según relató Yaneth Rojano Mendoza a El Universal— la Policía de Pelaya, invocando motivos de seguridad, se negó a retirar el cadáver, lo que precipitó el traslado por parte de la familia.
El asesinato y el posterior abandono estatal han detonado un debate sobre el papel de las autoridades en la protección de las víctimas y la atención oportuna ante hechos violentos que, como este, dejan a familias enteras sumidas en el dolor.
Masacre en Maicao
La masacre registrada en el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, dejó un saldo de cinco hombres asesinados y dos personas heridas durante la noche del 9 de enero.
El hecho ocurrió en el barrio Alto Parrantal, donde desconocidos descendieron de una camioneta y atacaron con armas de corto y largo alcance a un grupo de personas. Hasta el momento, las autoridades locales no han determinado el móvil del crimen, que se suma a una serie de hechos violentos recientes en la región Caribe.
Entre las víctimas identificadas por la Policía figuran Eider Cantillo Melo, Jean Carlos Meza Estrada, Alex Mendoza y Janer Martínez, quienes fallecieron en el sitio del ataque. Un quinto joven, Víctor Jurado, murió mientras recibía atención médica en un centro asistencial. Este episodio dejó además a Francisco José Vidal De la Hoz y Duan Manuel Guerra Ponce con lesiones, conforme a lo registrado por Caracol Radio.
La magnitud de este ataque ha generado preocupación en la comunidad, que reclama respuestas ante la escalada de violencia experimentada en la zona. Hasta ahora, las autoridades no han revelado hipótesis oficiales sobre los móviles, ni se han anunciado capturas relacionadas con el caso.
La Policía, según lo citado por Caracol Radio, continúa las investigaciones y mantiene presencia en la zona para esclarecer los hechos. Aunque existen múltiples versiones, el silencio oficial sobre los autores y las causas refuerza la incertidumbre en Maicao, una de las ciudades fronterizas más afectadas por la criminalidad en La Guajira.
