Captura de MADURO destapó la presunta RELACIÓN del DICTADOR con ORGANIZACIONES CRIMINALES Punto Por Punto

La captura de Nicolás Maduro ha destapado una serie de posibles nexos del dictador con el crimen organizado mexicano. El presidente de Venezuela, de acuerdo con acusaciones judiciales de Estados Unidos, tendría supuestos vínculos con cárteles de México .

• La acusación formal del gobierno estadunidense imputó a Nicolás Maduro; Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia de Venezuela; Cilia Adela Flores de Maduro, esposa del presidente venezolano, y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario.

Nicolás Maduro habría ayudado a narcotraficantes con pasaportes

La acusación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York señala que por más de 25 años, los acusados abusaron “de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones” para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump acusó que Nicolás Maduro transportó cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas.

No solo, sino que incluso proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó aviones utilizados por los blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias del narcotráfico de México a Venezuela.

¿Qué cárteles mexicanos tendrían nexos con Nicolás Maduro?

La acusación formal revela que en diversas ocasiones, cerca de 1999, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín, se asociaron con narcoterroristas.

Entre ellos, con personas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

• El presunto vínculo también se extendió con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, organizaciones criminales en México. Asimismo, con el Tren de Aragua, incluyendo al líder de este, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, de acuerdo con el documento publicado por Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos.

“Maduro Moros y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos en toda la región, para distribuir toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, se lee en el documento.

¿De qué acusaron a Nicolás Maduro? Cargos que enfrentará en EU

La captura de Nicolás Maduro se dio a conocer luego de la serie de explosiones registradas en la madrugada de este 3 de enero de 2026 en Caracas . El gobierno de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro por los siguientes delitos:

• Conspiración de narcoterrorismo

Estados Unidos acusa a Maduro y a miembros de su círculo cercano de liderar una red criminal conocida como el Cártel de los Soles, vinculada con el tráfico internacional de cocaína hacia el país del norte.

• Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos
• Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

La Fiscalía de Estados Unidos también le imputa cargos relacionados con la posesión de armas de uso restringido

• Conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos

Las acusaciones contra Maduro de estar relacionado con grupos criminales venezolanos vienen de tiempo atrás, pero ahora están presentadas ante las Corte para el Distrito Sur de Nueva York, donde el Gran Jurado precisa delitos ejecutados por el Presidente venezolano y miembros de su familia y de su gobierno.

Te contamos cuáles son las acusaciones en contra de Nicolás Maduro que lo tienen privado de su libertad en la prisión neoyorkina Metropolitan Detention Center (MDC, por sus siglas en inglés), mejor conocido como “el infierno de Brooklyn”.

En su dictamen, el Gran Jurado acusa que «durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos».

De acuerdo con las acusaciones, Nicolás Maduro Moros:

Transportó grandes cantidades de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas siendo miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los aviones utilizados por los lavadores de dinero para repatriar el dinero del narcotráfico desde México a Venezuela, siendo Ministro de Relaciones Exteriores.

Como Presidente, permitió que la corrupción impulsada por la cocaína prosperara para su propio beneficio, el de los miembros de su régimen gobernante y el de su familia.

También acusa que «este narcotráfico ha enriquecido y consolidado a la élite política y militar venezolana» y ha concentrado el poder y la riqueza en manos de la familia de Maduro Moros, por lo que señala a implicados:

• Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz.
• Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia.
• Cilia Adela Flores de Maduro, esposa de Nicolás Maduro y supuesta Primera Dama de Venezuela.
• Nicolás Ernesto Maduro Guerra «Nicolasito» o «El Príncipe» hijo de Maduro y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela.
• Héctor Rusthenford Guerrero Flores «Niño Guerrero», líder o colíder del grupo criminal Tren de Aragua.

En el documento se precisa que Maduro y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos en toda la región, para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Ante esto, señala que desde 1999 o alrededor de esa fecha se han asociado con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia («FARC»), el Ejército de Liberación Nacional («ELN»), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua («TdA»), incluyendo al líder del TdA, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero"», señala la acusación.

En la acusación se señala que «Niño Guerrero» ha sido líder por más de una década del grupo criminal Tren de Aragua, período durante el cual miembros y asociados de esta organización criminal han participado en una amplia gama de delitos, incluyendo extorsiones, secuestros, asesinatos, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, tráfico sexual, robos, asaltos a bancos y lavado de dinero en Venezuela, Estados Unidos y otros países.

Maduro se declara ‘prisionero de guerra’ ante tribunal de Nueva York

El mandatario venezolano rechaza los cargos en su contra y reafirma su investidura presidencial en su primera comparecencia judicial, mientras su defensa cuestiona la legalidad de la detención y denuncia que no fue notificado previamente de las acusaciones.

Documentos del Departamento de Justicia revelan que las acusaciones se sustentan en archivos que abarcan los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, periodos marcados por omisiones, corrupción y la expansión del crimen organizado

• Tras la captura de Nicolás Maduro Moros en Venezuela, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal en su contra, así como contra Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra, por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. De acuerdo con información de Baruc Mayen para Milenio, los expedientes judiciales, radicados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, documentan presuntos vínculos con cárteles mexicanos desde finales de los años noventa.

De manera relevante, los documentos abarcan los sexenios en México de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), gobiernos señalados por permitir el crecimiento del narcotráfico, la penetración del crimen organizado en instituciones y una fallida estrategia de seguridad que dejó miles de víctimas y fortaleció a los cárteles.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras su secuestro por comandos especializados del ejército de Estados Unidos en una operación militar ejecutada en territorio venezolano. El mandatario se declaró «prisionero de guerra» y rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra, reafirmando su condición de jefe de Estado legítimo de la República Bolivariana.

«Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas», declaró el líder venezolano ante el juez, describiendo las circunstancias de su detención como una acción militar que violenta su inmunidad presidencial y la soberanía de su país. La declaración establece el marco bajo el cual Maduro interpreta jurídicamente su situación: no como un acusado criminal, sino como un mandatario secuestrado en medio de un conflicto internacional.

La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos en su contra y pidió una visita consular para ella y para el presidente Maduro.

Durante su comparecencia judicial, el presidente venezolano fue contundente al rechazar las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense. «No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país«, afirmó Maduro ante el magistrado, estableciendo una distinción fundamental entre su rol como jefe de Estado electo democráticamente y los cargos que Washington intenta imputarle.

El equipo legal del mandatario venezolano planteó temas pendientes relacionados con la inmunidad presidencial y la legalidad de la detención. Un aspecto jurídicamente crucial durante la audiencia: el presidente señaló no conocer previamente los cargos que le imputaban. Este dato resulta fundamental en términos procesales, ya que según el derecho internacional y las garantías del debido proceso, todo acusado debe ser notificado formalmente de los cargos en su contra antes de ser sometido a detención o comparecencia judicial.

Primera combatiente sin atención médica

La primera combatiente de Venezuela y primera dama, Cilia Flores, quien fue capturada junto al presidente Maduro durante el asalto y bombardeo militar perpetrado por las fuerzas armadas estadounidenses, sufre «lesiones importantes» que no han recibido atención médica adecuada desde su secuestro el pasado sábado en la madrugada.

La información fue divulgada por el abogado de Flores, Mark Donnelly, quien señaló que las lesiones sufridas por la esposa de Maduro «se pueden ver» y describió las heridas como «importantes». La primera dama lleva casi tres días sin asistencia médica, situación que constituye una violación flagrante de más de cuatro convenciones internacionales sobre el trato a personas detenidas y prisioneros.

• Donnelly detalló que Flores podría tener alguna fractura en su cuerpo así como posiblemente un hematoma severo en las costillas, por lo que resulta imperativo que sea sometida a una evaluación física completa. El juez Hellerstein indicó a la defensa coordinar con la fiscalía para garantizar la atención médica necesaria, aunque no se especificó el origen de esas heridas ni se estableció un plazo concreto para la evaluación.
• Las Convenciones de Ginebra y otros tratados internacionales establecen obligaciones claras sobre el trato humanitario a personas capturadas, incluyendo el acceso inmediato a atención médica cuando sea necesario.

El juez ratificó el derecho de ambos detenidos a comunicarse con sus funcionarios consulares, una prerrogativa fundamental establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El presidente Maduro expresó que le gustaría recibir esa visita consular, ejerciendo un derecho básico reconocido internacionalmente para cualquier persona detenida en territorio extranjero.

La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo a las 11:00 horas, estableciendo un plazo de más de dos meses durante los cuales tanto el presidente como la primera combatiente permanecerán bajo custodia estadounidense.

De manera simultanea, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, reiteró la vocación de paz de la nación sudamericana y presentó las solicitudes urgentes: «Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas.»

La primera de ellas insta al gobierno de los Estados Unidos de América a garantizar el respeto pleno de las inmunidades diplomáticas que corresponden al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores. Esta demanda incluye la liberación inmediata de cualquier acción en su contra y su retorno seguro a la República Bolivariana de Venezuela, en apego a las normativas internacionales.

El secuestro del presidente Nicolás Maduro ocurrió el pasado 3 de enero de 2026 cuando comandos especializados del ejército estadounidense ejecutaron una incursión militar en su residencia de Caracas.

• Desde Caracas, las autoridades venezolanas denunciaron inmediatamente la operación como un intento de «descabezar» al gobierno bolivariano, generar una crisis institucional y allanar el camino para imponer un ejecutivo controlado desde Washington. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela respondió ordenando que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumiera todas las funciones presidenciales en condición de encargada, garantizando así la continuidad institucional del Estado.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez presidió este domingo el Consejo de Ministros número 757, demostrando la operatividad plena del aparato estatal venezolano. La sesión ministerial, que contó con la participación de los vicepresidentes sectoriales y ministros de áreas estratégicas, significando la estabilidad y gobernabilidad frente a la agresión externa.

• Según la acusación, el gobierno de Maduro habría protegido y promovido actividades ilícitas, facilitando rutas de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en coordinación con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, además de las FARC, el ELN y el Tren de Aragua. El expediente sostiene que estas redes criminales operaron y se consolidaron mientras México atravesaba sexenios marcados por la corrupción, la impunidad y la simulación en el combate al narco.

En el caso del Cártel de Sinaloa, se detalla que alrededor de 2011, bajo el liderazgo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se financiaron laboratorios de cocaína en Colombia, cuya producción fue trasladada a Venezuela con protección de aliados políticos y militares cercanos a Maduro. Respecto a Los Zetas, los documentos refieren operaciones marítimas entre 2003 y 2011, periodo que coincide con el auge del grupo durante los gobiernos de Fox y Calderón, cuando México se convirtió en un corredor clave del narcotráfico internacional.

Las investigaciones también acusan a Maduro de facilitar pasaportes venezolanos y cobertura diplomática para operaciones de lavado de dinero, reforzando una red criminal transnacional que floreció ante la debilidad institucional heredada de aquellos sexenios en México./Agencias-PUNTOporPUNTO