Congreso simulado Sol Yucatán

• Diputados yucatecos sin formación conforman un Congreso sin capacidad: gastan más de 2 millones de pesos en asesorías para hacer el trabajo que ellos no saben hacer.

José González/Sol Yucatán

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán vive de las apariencias. Hacia afuera presume modernidad, profesionalización y discursos de renovación institucional. Sus redes sociales son una vitrina de imágenes estudiadas, de mensajes vacíos y de gestos ensayados. Pero hacia dentro —en los documentos que firman, en los contratos que autorizan y en los resultados que entregan— se revela la verdadera radiografía del Poder Legislativo: una estructura hueca, vacía de conocimiento, sin capacidad técnica para cumplir su función básica y totalmente dependiente de despachos externos para sobrevivir administrativamente.

No es una exageración. Los contratos lo prueban con frialdad quirúrgica. Tres convenios firmados en enero de 2025 exhiben a un Congreso incapaz de controlar su propio presupuesto, de llevar sus cuentas, de cumplir con su obligación fiscal y, todavía más grave, de defenderse jurídicamente en tribunales. Un Congreso que prefiere gastar 2 millones 38 mil 720 pesos del erario para que otros hagan lo que sus diputados y funcionarios deberían dominar desde el primer día.

Este gasto millonario no es casualidad ni desorden: es síntoma directo de la nula o escasa formación académica de quienes integran la Legislatura. Ningún diputado presume estudios de doctorado. Una parte significativa no acredita públicamente estudios profesionales sólidos. Varios llegaron al cargo desde estructuras partidistas, no desde la academia o desde la experiencia técnica. El resultado es un Poder Legislativo que legisla poco, administra mal, externaliza casi todo y ha renunciado a construir conocimiento dentro de sus propias áreas administrativas.

En la LXIV Legislatura abunda lo que la academia llama “representación popular sin profesionalización”. La ciudadanía eligió a perfiles carismáticos, operativos o partidistas, pero no necesariamente preparados para manejar el aparato legislativo más importante del estado. Y la consecuencia está a la vista en los contratos: un Congreso que funciona gracias a terceros porque quienes deberían sostenerlo simplemente no saben cómo hacerlo.

El primer contrato, identificado como CEY-DGAF-AD-003-2025, por un monto de 560 mil pesos, fue adjudicado a CRL Asesorías Integrales S.C.P. Su objeto, redactado con tecnicismos que intentan ocultar la precariedad, consiste en “control y seguimiento del ejercicio presupuestal 2025”. En palabras simples: el Congreso paga a un consultor externo para entender su propio presupuesto, el mismo presupuesto que debería manejar diariamente la Dirección General de Administración y Finanzas, encabezada por Jesús Jordán Pérez Marfil. El mismo funcionario que, paradójicamente, firma el contrato admitiendo —sin querer— que su oficina opera sin capacidad técnica suficiente para cumplir siquiera con los principios mínimos de control presupuestal.

La asesoría es intangible, remota, con 12 informes mensuales que pueden reciclarse año tras año. No existen métricas de desempeño ni indicadores de impacto. No hay un solo argumento técnico que explique por qué una función tan básica debe tercerizarse. La adjudicación directa se justifica, como siempre, en el “monto del servicio”, fórmula usada para esquivar la competencia pública. Pero en realidad lo que revela es un vacío monumental en la competencia administrativa interna. El Congreso paga más de medio millón de pesos para que alguien externo le explique cómo ejercer los recursos que la propia Legislatura administra. Es una confesión institucional de incompetencia.

La gravedad se profundiza con el segundo contrato. El documento CEY-DGAF-ITP-03-2025, firmado por 918 mil 720 pesos, fue otorgado a FIRMA Abogados S.C.P., y obliga al despacho a contestar demandas, tramitar incidentes, representar al Congreso en audiencias, promover amparos, presentar impugnaciones y llevar la correspondencia procesal. Es decir, debe realizar la esencia misma del trabajo de una Dirección Jurídica. No se trata de una asesoría especializada, sino del reemplazo total de las funciones legales del Poder Legislativo.

La LXIV Legislatura, pues, no cuenta con capacidad jurídica interna. No entiende, no atiende y no litiga sus propios asuntos. Lo que debería ser el trabajo de un departamento jurídico lo absorbe un despacho privado que cobra casi un millón de pesos anuales para sustituir a los abogados en nómina. Con ello queda expuesta la fragilidad del aparato jurídico del Congreso. Si el Poder Legislativo no puede defenderse en tribunales, ¿cómo pretende legislar sobre justicia laboral, derechos administrativos o responsabilidades públicas? ¿Cómo puede fiscalizar al Ejecutivo si no es capaz de fiscalizar ni defender su propia legalidad interna?

Pero la historia llega a su punto más crítico con el tercer contrato. El documento CEY-DGAF-AD-002-2025, nuevamente por 560 mil pesos, otorgado a Domina Asesores S.C.P., obliga al despacho a encargarse del “cumplimiento de obligaciones fiscales y registro contable”. Y aquí aparece el dato más inquietante de todos: este contrato es prácticamente idéntico al primero. Ambos contratan asesoría contable. Ambos incluyen 12 informes.

Ambos justifican la adjudicación directa con argumentos genéricos. Ambos buscan suplir la incapacidad de la Dirección de Administración y Finanzas. Y ambos, por supuesto, cuestan medio millón de pesos cada uno.

El Congreso de Yucatán paga dos veces por lo mismo. Dos despachos diferentes reciben dos contratos separados para funciones contables que deberían cubrirse internamente. No existe ninguna justificación técnica para la duplicación. No se acredita carga de trabajo extraordinaria. No existe un diagnóstico operativo que explique por qué es necesario contratar dos asesorías paralelas para las mismas funciones. Este patrón solo puede explicarse por dos razones: incompetencia interna estructural o duplicación deliberada de contratos para justificar gasto público sin supervisión. Ambas explicaciones son alarmantes. Y en la LXIV Legislatura pueden coexistir sin conflicto alguno.

Los tres contratos suman exactamente 2 millones 38 mil 720 pesos. Dos millones treinta y ocho mil setecientos veinte pesos destinados a suplir la incapacidad legislativa. Dos millones pagados para que el Congreso pueda operar en lo más básico: contar, registrar, administrar, monitorear y defenderse. Dos millones que podrían haberse utilizado para profesionalizar al personal interno, para capacitar a los diputados, para fortalecer áreas críticas, para mejorar procesos administrativos o para crear unidades técnicas especializadas como existen en otros congresos del país. Pero en Yucatán, la Legislatura optó por la tercerización total. Es más sencillo pagarle a terceros que construir un aparato legislativo competente. Es más fácil simular profesionalización que alcanzarla.

Un Congreso que necesita asesorías para controlar su propio presupuesto no puede fiscalizar el presupuesto estatal. Un Congreso que necesita consultores para cumplir con sus obligaciones fiscales no tiene autoridad moral para supervisar la recaudación pública. Un Congreso que no sabe llevar su propia contabilidad no puede cuestionar los estados financieros de ninguna dependencia. Un Congreso que contrata abogados externos para defenderse no está preparado para defender los intereses de la ciudadanía. Y un Congreso que gasta más de dos millones de pesos en suplir su propia incapacidad no es un Congreso funcional: es un cascarón institucional.

Lo más grave es que este fenómeno no es una excepción, sino una pauta. La LXIV Legislatura ha entregado el control de sus áreas técnicas a los despachos privados. En lugar de fortalecer al Congreso, lo han vaciado. Cada nueva asesoría representa un pedazo de poder público entregado a manos externas. Cada contrato firmado es un reconocimiento explícito de que el Poder Legislativo carece de la preparación indispensable para operar. Y mientras eso ocurre, la ciudadanía es bombardeada con discursos de modernización, profesionalización y renovación, narrativas que se derrumban al revisar un solo contrato.

Mientras los diputados dedican su tiempo a tomarse fotografías, grabar videos y mantener presencia en redes sociales, los verdaderos operadores técnicos del Congreso están en oficinas privadas. Son ellos quienes llevan los números, quienes manejan las cuentas, quienes redactan escritos, quienes orientan decisiones presupuestales, quienes representan legalmente al Poder Legislativo y quienes sostienen las funciones esenciales del Congreso.

La ignorancia legislativa no solo se nota. También se paga. Y se paga cara. Más de dos millones de pesos cara. El Congreso del Estado de Yucatán ha demostrado, con documentos oficiales y montos precisos, que no puede hacer su trabajo. Que no tiene el conocimiento, la preparación, la técnica ni la capacidad para cumplir con las funciones que la Constitución le encomienda. La LXIV Legislatura es, en los hechos, un órgano decorativo. Un aparato caro, lento y dependiente que opera únicamente porque terceros lo sostienen.

En Yucatán, la incompetencia legislativa tiene un precio. Y el pueblo lo está pagando.

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