Estados Unidos, que aseguró haber capturado este sábado al presidente venezolano Nicolás Maduro en un ataque al país caribeño, tiene un largo historial de intervenciones militares y apoyo a dictaduras en América Latina.
El difunto presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor Maduro acusaron en varias ocasiones a Washington de apoyar intentos de golpe de Estado, entre ellos el que apartó a Chávez del poder durante dos días en 2002.
Estas son las principales intervenciones estadunidenses en América Latina desde la Guerra Fría:
Guatemala en 1954
En 2003, Estados Unidos incluyó en su historia oficial el papel de la CIA en este golpe de Estado, en nombre de la lucha contra el comunismo.
Cuba en 1956
Del 15 al 19 de abril de 1961, 1.400 anticastristas entrenados y financiados por la CIA intentan desembarcar en la Bahía de Cochinos, a 250 kilómetros de La Habana, sin lograr derrocar el régimen comunista de Fidel Castro.
Los combates se cobran un centenar de muertos en cada bando.
República Dominicana en 1965
En 1965, en nombre del «peligro comunista», Estados Unidos envió marinos y paracaidistas a Santo Domingo para sofocar un levantamiento a favor de Juan Bosch, presidente de izquierdas derrocado por los generales en 1963.
EE.UU. puso al frente del Gobierno al general Antonio Imbert Barrera y en septiembre de 1966 las tropas de Washington abandonaron el país, poco antes de que se celebraran elecciones presidenciales en las que Bosch fue derrotado por Joaquín Balaguer, que había formado parte de la administración del dictador Trujillo y que se mantendría en el poder hasta 1996.
Años 1970: apoyo a las dictaduras del Cono Sur
Washington apoyó a varias dictaduras militares, consideradas un baluarte frente a los movimientos armados de izquierda.
En los años 70 y 80, seis dictaduras (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil) se aliaron para eliminar a los opositores de izquierda en el marco del «Plan Cóndor», con el apoyo tácito de Estados Unidos.
Años 1980: guerras civiles en América Central
En 1979, la rebelión sandinista derrocó al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua.
La guerra civil nicaragüense, que terminó en abril de 1990, se cobró 50 mil vidas.
Reagan también envió asesores militares a El Salvador para sofocar la rebelión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, extrema izquierda) en el marco de una guerra civil (1980-1992) que se cobró 72 mil vidas.
Granada en 1983
El 25 de octubre de 1983, marines y rangers intervienen en la isla de Granada tras el asesinato del primer ministro Maurice Bishop por una junta de extrema izquierda y mientras los cubanos amplían el aeropuerto, presuntamente para acoger aviones militares.
La operación, calificada de «exitosa» por Reagan y ampliamente condenada por la Asamblea General de la ONU, finaliza el 3 de noviembre con más de un centenar de muertos.
Panamá en 1989
En 1989, tras unas elecciones controvertidas, el presidente George Bush decide intervenir militarmente en Panamá, lo que conduce a la rendición del general Manuel Noriega, antiguo colaborador de los servicios secretos estadunidenses y perseguido por la justicia de Washington.
En Panamá se fundó en 1946 la Escuela de las Américas, un centro de formación militar especializado en la lucha contra el comunismo, controlado hasta 1984 por Estados Unidos, donde se formaron numerosos dictadores.
Haití
El 19 de septiembre de 1994 más de 23.000 militares estadounidenses ocuparon pacíficamente Haití para facilitar la transición a la democracia y la vuelta de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente de la isla elegido en unas elecciones democráticas (1990), que había sido derrocado el 30 de septiembre de 1991 por un golpe militar encabezado por el general Raoul Cedras.
Casi una década después, en febrero de 2004, Estados Unidos volvería a desplegar infantes de Marina en Haití, en esta ocasión como parte de una coalición internacional autorizada por las Naciones Unidas, tras una revuelta armada que provocó la salida de Aristide.
Esta intervención pretendía estabilizar el país y crear condiciones favorables para la formación de un Gobierno de transición y la llegada de una fuerza de paz de la ONU (MINUSTAH).
Nicaragua
Nicaragua, el país más poblado de Centroamérica, se convirtió en un punto clave durante las llamadas Guerras del Banano a inicios del siglo XX.
Ulysses S. Grant, quien luego sería presidente de Estados Unidos, lo calificó como “uno de los más injustos jamás librados por una nación fuerte contra una más débil”, una sombra que aún persiste sobre este capítulo de la historia.
¿Es legal que EU atacara a Venezuela para detener a Nicolás Maduro?
La madrugada del 3 de enero de 2026 Estados Unidos realizó una intervención militar en Venezuela, la cual resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa. ¿Esto es legal? El derecho internacional establece límites, aunque también habla sobre casos excepcionales.
¿Qué dice el derecho internacional sobre la intervención de EUU en Venezuela?
De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, disponible a consulta pública, el derecho internacional establece límites sobre las intervenciones en cualquier Estado.
¿Qué pasa con el ataque militar? El mismo artículo prohíbe explícitamente el uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza contra la independencia política de cualquier nación. Asimismo, prohíbe intervenir en asuntos que son de jurisdicción interna de cada uno, es decir, que la situación política interna de Venezuela debe ser resulta por los nacionales.
¿Cuáles son las excepciones del derecho internacional?
La Carta de la ONU contempla algunas excepciones legales en las que se explican dos escenarios donde se permitiría una acción armada o coercitiva, más no se entiende como una intervención unilateral por voluntad propia.
Es así que, la intervención de Estados Unidos en Venezuela que no fue solicitadas por el gobierno del segundo y que no está autorizada explícitamente por el Consejo de Seguridad de la ONU luego de haber determinado una amenaza a la paz internacional, sería entonces considerada una violación de la igualdad soberana y del principio de no intervención en los asuntos internos del país latinoamericano.
El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina
El ataque militar llevado a cabo por el ejército estadounidense en territorio venezolano y la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa, abre una nueva era en las relaciones de Estados Unidos en la región. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración de Donald Trump, publicada a principios de diciembre, ya adelantaba que la nueva prioridad será el continente americano, en detrimento de Europa o de Oriente Próximo.
De hecho, en el documento, Trump advierte a Europa de la “desaparición de su civilización en los próximos 20 años o menos”. Más allá del aviso sobre la supuesta decadencia de Viejo Continente, Washington rescata la vieja doctrina Monroe, que durante el siglo XIX marcó una era de intervencionismo de Washington en América Latina dirigido contra gobiernos de izquierda, pero ahora con tintes trumpistas.
El ataque de Estados Unidos en Venezuela, tras un acoso político y militar desde el pasado verano, forma parte de la nueva estrategia. La presión e incluso injerencia electoral como en el caso de Argentina o Honduras en favor de gobiernos y políticos afines es otro ejemplo.
El objetivo principal durante estos primeros meses de su mandato ha sido Venezuela. Washington cree que en este país y en el régimen chavista confluyen todos los factores de interés estadounidense: abundantes recursos naturales incluido el petróleo, delincuencia transnacional, emigración masiva, un régimen que estaba en las antípodas ideológicas con buenas relaciones con China y Rusia y un presidente, Nicolás Maduro, que Washington Europa, y otros gobiernos de la región consideraban ilegítimo, en especial tras el fraude electoral de julio de 2024. Ahora, tras el ataque terrestre y la captura de Maduro, se abren numerosas incógnitas sobre el futuro del país y las consecuencias del ataque del ejército estadounidense.
El ataque militar sobre el terreno y la captura de Maduro es el último episodio de un plan de escalada que se ha prolongado desde el pasado verano. Se produce tras meses de hostigamiento, con continuas amenazas de Trump para lanzar la campaña militar en cualquier momento, hasta este sábado.
La presión sobre el régimen chavista comenzó con una primera fase en la que la Administración Trump consideró a Venezuela un narcoestado y a Maduro un líder criminal.
El ejército estadounidense ha bombardeado, sin orden judicial ni mandato del Congreso, una treintena de supuestas narcolanchas que surcaban aguas del Caribe y el Pacífico junto a las costas de Venezuela y Colombia. En estas operaciones, ha asesinado a 107 personas. Además, ha interceptado y se ha incautado de la carga de dos petroleros que navegaban en aguas del Mar Caribe.
La doctrina “Donroe”
En lo que la Casa Blanca define como “el corolario Trump a la doctrina Monroe”, y que ya ha comenzado a denominarlo jocosamente como doctrina Donroe (por la D de Donald), América Latina se percibe como una región de donde emanan algunos de los problemas más graves de Estados Unidos, y que es conminada a colaborar para que Washington cumpla sus metas: el recorte drástico de la migración, la “neutralización” de los carteles de la droga y la delincuencia transnacional, y la desaparición de las inversiones de China que florecen en la región. Por las buenas —mediante incentivos de colaboración económica—, o por las malas: el documento deja claro que el gran despliegue naval en el Caribe ante las costas de Venezuela permanecerá allí un buen tiempo.
“Queremos garantizar que el Hemisferio Occidental permanece lo suficientemente bien gobernado y razonablemente estable para impedir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos; queremos un Hemisferio en el que los gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los carteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que se mantenga libre de incursiones hostiles extranjeras y de posesión foránea de activos clave, y que apoye las cadenas de suministros fundamentales; y queremos garantizar nuestro acceso continuado a localizaciones estratégicas clave”, proclama la Estrategia de Seguridad.
El contenido de la nueva Estrategia no constituye una sorpresa. Desde su regreso a la Casa Blanca, la retórica de Donald Trump y de su Administración ya había suscitado denuncias de neoimperialismo y comparaciones con la doctrina Monroe de 1823, que evoca la política hegemónica de Estados Unidos en la región y agita el fantasma de sus episodios más atroces; desde apoyos a golpes de Estado y dictadores como el general Augusto Pinochet en Chile a intervenciones militares, la última de ellas en Panamá hace apenas tres décadas.
“Todo lo que hemos visto en los últimos meses apunta a una especie de diplomacia de las cañoneras versión 2.0. No hay que pensar demasiado para saber que la Administración de Trump no concibe lo que solíamos llamar poder blando y piensa que el único poder que existe es el de la fuerza, y obligar a la gente a elegir estar de tu bando”, opina John Walsh, director para los Andes y la política antidrogas de la ONG Oficina de Washington para las Américas (WOLA, en sus siglas en inglés).
Primera prueba de fuego
La primera prueba de fuego para la nueva estrategia está marcada por Venezuela. La caída del chavismo le puede dar puntos políticos internos muy valiosos en lugares como Florida, pero también puede ofender a su base de votantes MAGA (Make America Great Again), cansada de que Trump preste más atención a los problemas externos que a los domésticos.
“Esta idea es más bien de Marco Rubio de que podría generar un efecto dominó entre los regímenes autoritarios de izquierda en la región. Tendrías una Venezuela completamente al servicio de Estados Unidos, porque el nuevo Gobierno le debería su existencia a la intervención. Y después Nicaragua, y la joya de la corona para Rubio: Cuba”, sostenía Walsh, antes del ataque en Venezuela.
El panorama de una Venezuela sin Maduro no está exento de riesgos. El precedente de Irak es un claro recordatorio de que los cambios de régimen tienden a ser sangrientos, complicados y —muy importante para Trump— extremadamente caros.
“Otros países en América Latina pueden empezar a pensar de manera muy diferente, en términos de su propia soberanía y de estar bajo el puño o a las órdenes de otro, incluso si están más alineados políticamente con Washington, dada la larga historia de intervenciones de EE UU y cómo, con frecuencia, han acabado horrendamente mal”, advertía también Walsh.
Recompensas para los afines
Lo que sí hace el documento es codificar esa reordenación de una política en la que Trump no ha dudado en intervenir en ayuda de sus aliados o para tratar de perjudicar a quienes percibe como hostiles, en la que ya no se alude a la democracia como valor imprescindible, no se hace mención alguna a la corrupción y se prometen “recompensas” para los afines.
También reconoce la necesidad de colaborar con los gobiernos de orientación “distinta” que estén dispuestos a cooperar en asuntos de interés común. Pero para los recalcitrantes, como Venezuela, hay un aviso: “despliegues selectivos” de una fuerza militar que va a aumentar su presencia y que podrá recurrir “a la fuerza letal donde sea necesario”.
Trump se ha reunido en el Despacho Oval con Nayib Bukele de El Salvador; ha rescatado a la Argentina de Javier Milei con un paquete de 20.000 millones de dólares [unos 17.178 millones de euros]; ha recortado aranceles a esos dos países y al Ecuador de Daniel Noboa.
Su Administración se ha deshecho en elogios hacia el nuevo presidente derechista en Bolivia, Rodrigo Paz. Y ha intervenido en procesos electorales, algo que parecía ya era cosa del pasado: condicionó la ayuda a Argentina al triunfo de Milei en los comicios del 26 de octubre. Y puso patas arriba las elecciones de Honduras al expresar su apoyo al candidato de la derecha Nasry Asfura, quien acabó ganando las elecciones.
El republicano dio el golpe de gracia al indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía en Estados Unidos una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico. Algo que contradice sus declaraciones de que su hostigamiento a Venezuela tiene la lucha contra la droga como razón de ser.
“Estados vasallos, esto está buscando” Washington, opina el exministro y antiguo embajador de Chile Jorge Heine. “Y lo dice abiertamente en esta Estrategia de Seguridad Nacional. Que va a tratar con los países con los que tiene afinidad ideológica y no con los otros. Es una cosa muy cruda”, agrega este catedrático investigador de la Universidad de Boston.
Heine apunta, entre otras cosas, a los apartados en el documento que especifican que los países latinoamericanos —“especialmente aquellos que dependen más de nosotros, y sobre los que, por tanto, tengamos más capacidad de presión”— tendrán que adjudicar contratos a las compañías de Estados Unidos sin necesidad de concurso público. O que Washington hará “todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región”, una alusión a China, cuyas corporaciones levantan desde puertos como el de Chancay en Perú al sistema de metro en Bogotá.
EE.UU. intervino en América Latina para cambiar gobiernos
Un artículo de la universidad estadounidense de Harvard de 2005 repasó los episodios en los que EE.UU. intervino en América Latina para cambiar gobiernos, concluyendo que de 1898 a 1994 había ocurrido hasta en 41 ocasiones: una vez cada 28 meses.
«[Las intervenciones] generaron un resentimiento innecesario en la región y cuestionaron el compromiso de EE.UU. con la democracia y el estado de derecho en los asuntos internacionales», escribió John H. Coatsworth, historiador y autor del artículo.
Atendiendo a este estudio de Harvard, en BBC Mundo recordamos los países de América en los que intervenciones «directas» (que desplegó fuerzas militares o fueron organizadas por sus agentes de inteligencia) dieron un giro radical a su política nacional.
Cuba, inmersa en su guerra de independencia de los españoles desde 1895, vio cómo EE.UU. se sumaba a su contienda contra los europeos tres años más tarde.
El motivo oficial de su intervención fue el hundimiento del acorazado estadounidense Maine frente a La Habana, de lo que acusó a España aunque esta lo negara.
El conflicto, conocido como guerra hispano-estadounidense de 1898, acabó con la derrota de España y su pérdida de Cuba, junto a otras colonias como Puerto Rico, Filipinas y Guam.
Aquel gobierno militar estadounidense en la isla duró cuatro años, hasta el momento en que Tomás Estrada Palma asumió como presidente de una Cuba recién independizada.
Pero la influencia de Washington, que estableció entonces su base naval en Guantánamo, era cada vez mayor.
En 1906, Estrada Palma solicitó la presencia de fuerzas militares estadounidenses por el estallido de una crisis interna y de insurrección contra su gobierno.
Aquella segunda intervención estadounidense en Cuba, que se prolongó por tres años, terminó con la elección de José Miguel Gómez como segundo presidente del país caribeño.
En 1917, los marines volvieron a desembarcar en Cuba ante un clima de gran inestabilidad, lo que dificultó el correcto funcionamiento de las instituciones nacionales y fomentó la idea de solicitar una intervención extranjera en cuanto la situación en la isla no era como sus políticos habían previsto.
En 1903, la intervención de Washington fue determinante para que el país centroamericano (por aquel entonces un departamento de Colombia) lograra la separación.
A cambio, Panamá firmó el Tratado Hay-Bunau Varila por el que cedía a EE.UU. 16 km. de ancho en la zona del Canal a perpetuidad, lo que dejó el país dividido físicamente en dos hasta que recuperó la soberanía de su territorio a finales de 1999.
Diez años antes, en 1989, EE.UU. bombardeó Ciudad de Panamá en un intento de capturar al general Manuel Antonio Noriega, gobernante de facto del país, y a quien la justicia estadounidense acusaba de narcotráfico.
Distintas fuentes cifran entre 500 y 4.000 las muertes de civiles. Especialmente dramática fue la operación sobre El Chorrillo, un barrio popular donde se encontraba el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa y las oficinas de Noriega, y que quedó destruido casi por completo entre grandes incendios.
Juan José Estrada Morales, gobernador de la región con capital en el municipio costero de Bluefields (centro de las inversiones estadounidenses en Nicaragua), impulsó un alzamiento contra Zelaya apoyado por EE.UU.
La ejecución por parte de las autoridades de Nicaragua de dos ciudadanos estadounidenses acusados de participar en el alzamiento precipitó que, en 1910, marines desembarcaran en los municipios costeños de Corinto y Bluefields con la justificación de proteger a sus ciudadanos y sus propiedades en el país.
Zelaya sucumbió a la presión política estadounidense y huyó del país. En 1910, Estrada Morales se convirtió en presidente de Nicaragua con el reconocimiento oficial de Washington, que inició así una larga influencia sobre Nicaragua durante décadas.
Los enfrentamientos entre los conservadores representados por los gobiernos nicaragüenses respaldados por EE.UU. y los liberales continuaron.
En 1912, el presidente Adolfo Díaz solicitó a Washington que interviniese en el país asegurando que no podía garantizar la seguridad ni de los ciudadanos de EE.UU. ni de sus propiedades en Nicaragua.
Las tropas de Washington tomaron entonces el control del ferrocarril que unía el puerto de Corinto con Granada (clave para los intereses de Washington) y condenando al fracaso cualquier intento de alzamiento por parte de los liberales, que acabaron rindiéndose.
La presencia militar estadounidense continuó en Nicaragua por más de una década, hasta 1925.
Guerra civil
Tras las elecciones celebradas un año antes, los liberales habían conseguido volver al gobierno a través de una alianza con los conservadores, lo que causó discrepancias entre ellos.
Pocos después de la salida de EE.UU., el general conservador Emiliano Chamorro dio un golpe de Estado, obligó a rescindir la coalición gubernamental con los liberales y se juramentó como presidente en 1926.
EE.UU., sin embargo, no avaló su nombramiento. Estalló un levantamiento que desencadenó en una guerra civil y EE.UU. volvió a enviar soldados en 1927 que se enfrentaron al movimiento guerrillero de Augusto César Sandino, contrario a la ocupación estadounidense.
El respaldo de liberales y conservadores a Juan Bautista Sacasa, ganador de las elecciones de 1932, ayudó a llegar a un acuerdo que puso fin a la rebelión de Sandino y a la retirada de EE.UU. en 1933.
Washington dejó al militar Anastasio Somoza como comandante de la Guardia Nacional creada por EE.UU. como única fuerza armada del país. Sandino fue asesinado en 1934 y en 1936 Sacasa fue derrocado por Somoza, quien permaneció en el poder durante casi dos décadas con el respaldo de EE.UU.
Sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle le sucedieron y controlaron el poder hasta 1979.
EE.UU., que envió a la zona varios barcos para proteger a sus ciudadanos y sus intereses, criticó la detención por parte de soldados federales de algunos de sus marines que habían entrado a un área de acceso restringido.
Washington consideró de extrema gravedad este incidente y se sintió ofendido por el gobierno del presidente mexicano Victoriano Huerta.
Días después, EE.UU. ocupó la ciudad de Veracruz, en el Golfo de México, con el objetivo de evitar la llegada de un gran cargamento de armas destinado al ejército mexicano y apoyar así al general Venustiano Carranza, quien estuvo al frente del ejército constitucionalista hasta el fin de la Revolución mexicana.
Tras el bombardeo y toma del puerto de Veracruz, la intervención estadounidense culminó con la salida de sus tropas siete meses después.
En 1915, tras una revuelta que acabó con el brutal linchamiento del presidente Jean Vilbrun Guillaume Sam, EE.UU. temía la posible subida al poder de Rosalvo Bobo, quien quería frenar las inversiones de Washington y dejar de pagar la deuda contraída con bancos estadounidenses.
En 1915, cientos de marines desembarcaron en Haití. Su intervención militar garantizó que EE.UU. asumiera el control de las aduanas y principales instituciones económicas haitianas, lo que le permitió recuperar parte de sus préstamos al país caribeño.
La intervención de EE.UU. en el que hoy es el país más pobre de América Latina se prolongó durante casi dos décadas hasta 1934.
Haití fue también escenario de la última «intervención directa» por parte del ejército estadounidense hasta la fecha, según el estudio de Harvard.
En 1991, un movimiento militar encabezado por el general Raoul Cédras derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide, elegido en las elecciones de ese mismo año.
Con el gobierno de facto, el país vio aumentar la pobreza y los casos de corrupción, al igual que la inmigración de haitianos a otros países como EE.UU.
En 1994, Washington lideró una coalición internacional y sus fuerzas militares invadieron Haití. Horas más tarde de la llegada de sus primeros efectivos, se alcanzó un acuerdo para que la cúpula militar haitiana renunciara al poder y en 1995 se celebraran elecciones.
Años antes, EE.UU. había asumido las deudas aduaneras dominicanas con la firma de un acuerdo mediante el que se le cedía la administración de las aduanas del país caribeño. Washington justificó que esa inestabilidad en el país ponía «en riesgo» el pago aduanero y que República Dominicana incumplía sus compromisos financieros.
En este escenario, Washington planteó la intervención militar como única salida a la crisis del país latinoamericano. Su ejército obligó a Arias a abandonar Santo Domingo y los marines comenzaron la ocupación.
Jimenes renunció y EE.UU. instauró un gobierno militar bajo el mando del contralmirante Harry Shepard Knapp. La ocupación terminaría en 1924.
Décadas más tarde, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) estuvo implicada en el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó con mano de hierro República Dominicana desde 1930 hasta su muerte en 1961.
Aunque durante la mayor parte de su gobierno mantuvo un buen trato con EE.UU., la relación se torció hasta el punto de que Washington cerró su embajada en 1960. Una de las causas de este cambio fue el intento de asesinato patrocinado por Trujillo contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt.
EE.UU. había aprobado un plan de contingencia para eliminar a Trujillo y entregó previamente tres fusiles a los autores de su asesinato para que reforzaran su arsenal para llevar a cabo su atentado.
Sin embargo, tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba el 17 de abril de 1961, Washington intentó detener sin éxito los planes en República Dominicana temeroso de que el complot contra Trujillo también fracasara.
Tras el asesinato y varios intentos de los familiares de Trujillo por mantenerse el poder, el país celebró elecciones en 1962 en las que salió elegido Juan Bosch.
Inestabilidad política
Militares conservadores y parte de la élite de la oligarquía dominicana descontenta con las medidas del nuevo gobierno de Bosch impulsaron un golpe de Estado que lo derrocó en 1963 y que desembocó en una guerra civil.
Los dos años siguientes estuvieron marcados por una fuerte inestabilidad política con numerosas huelgas y conflictos entre quienes apoyaban restituir a Bosch en el poder y los militares que respaldaban el Triunvirato presidido tras el golpe por Donald Reid y apoyado por EE.UU.
Washington, ante el temor de una posible expansión comunista en el Caribe más allá de Cuba, decidió intervenir militarmente en 1965 y ordenó a sus tropas restaurar el orden en República Dominicana.
La presencia militar estadounidense se mantuvo hasta un año después, cuando se celebraron elecciones y Joaquín Balaguer se impuso a Juan Bosch, quien nunca llegó a recuperar el poder.
Árbenz puso en marcha políticas que el espionaje estadounidense consideraba comunistas y que despertaban su preocupación, así como una excesiva influencia en el gobierno nacional del Partido Guatemalteco del Trabajo.
Una de las principales políticas fue la reforma agraria y en condiciones de expropiación que afectaban a la poderosa compañía bananera estadounidense United Fruit Company, que declinó seguir en el país centroamericano ante las condiciones de Árbenz, que se negaba ampliar sus concesiones.
Bajo la justificación de supuestos vínculos del presidente con la Unión Soviética, EE.UU. apoyó la toma del país por parte del teniente coronel guatemalteco Carlos Castillo Armas con el apoyo de aviones estadounidenses.
Nueve días después de la entrada de las tropas, Árbenz anunció su renuncia.
EE.UU. justificó su acción por la inestabilidad política en un país tan cercano a sus fronteras, así como por la presencia de estudiantes de medicina estadounidenses en una universidad granadina.
Además, Washington había acusado a Granada de construir instalaciones para ayudar a la militarización del Caribe en favor de los gobiernos de Cuba y la Unión Soviética, algo que las autoridades de la isla negaban.
La invasión estadounidense, durante la que se enfrentaron a soldados granadinos y cubanos durante cuatro días, terminó con la victoria de Washington y el nombramiento de un nuevo gobierno por parte del gobernador general de Granada./Agencias-PUNTOporPUNTO
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