Corrupción a Cultur Sol Yucatán
- Con David Escalante sale a la luz un presunto esquema millonario de desvíos, descuentos irregulares y uso de información privilegiada dentro de CULTUR, operado junto con Clemente Escalante Alcocer
Redacción / Sol Yucatán
Sol Yucatán publicó en exclusiva el pasado 18 de diciembre que a principios de enero de este año harían oficial el nombramiento de David Escalante como director de Cultur, un operador sin perfil ni relación con el INAH, justo cuando abrirá el megaparador de Chichén Itzá
Hoy, Escalante Lombard fue nombrado por el gobernador Joaquín Díaz Mena como director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR). Hasta ahora era director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE).
La podredumbre que dejó la pasada administración de CULTUR vuelve a alcanzar la superficie. Documentos y testimonios filtrados revelan un esquema millonario de desvíos, favoritismos y privilegios operado bajo el mando de Clemente Escalante Alcocer y su cercano colaborador, David Escalante Lombard, este último director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones (FIDETURE).
Según la información, ambos habrían montado una maquinaria privada disfrazada de política pública, utilizando los recursos y espacios del Centro de Convenciones Siglo XXI para beneficiar a la empresa DMC Amigo Yucatán, propiedad de David Escalante. El negocio funcionaba con descuentos imposibles de justificar: rebajas del 60% al 90% en la renta de salones, simuladas como “eventos oficiales” o “cortesías del Gobierno”, dejando fuera a banqueteras y productores locales que jamás recibieron trato preferencial.
Pero lo más grave vino después. La operación interna tenía una segunda capa aún más oscura. Cristóbal Broca Abreu, empleado de CULTUR y originario de Tabasco, era —según las fuentes— la pieza clave: filtraba a David Escalante cada contrato en proceso. Con esa información privilegiada, Amigo Yucatán contactaba a los clientes, les ofrecía rebajas de miles de pesos y los convencía de romper su contrato con el Estado para contratar directamente con la empresa privada.
El golpe final recaía otra vez en CULTUR: ya con el cliente en sus manos, David Escalante pedía un descuento interno del 80%, haciendo que el Estado cobrara apenas 200 mil pesos por eventos cotizados originalmente en un millón. Así, mientras Amigo Yucatán aseguraba los contratos, el erario perdía alrededor de 800 mil pesos por cada operación.
La magnitud del daño está lejos de conocerse. Lo revelado apenas sería la “punta del iceberg” de un esquema que operó durante un año a espaldas de los yucatecos, dejando un hueco financiero que podría ascender a varios millones de pesos. Hoy, el llamado ciudadano es claro: urge una auditoría profunda y una investigación real que determine cuánto se desvió y quiénes más fueron parte de esta red.
La salida de Clemente Escalante del Patronato CULTUR coincide con los movimientos recientes del gobernador Joaquín Díaz Mena, quien aseguró que los ajustes en su gabinete apenas comienzan. Aunque el argumento público es “honestidad y transparencia”, lo cierto es que estos reacomodos también buscan deslindar al gobierno actual de los operadores que hoy se encuentran bajo la sombra de un presunto saqueo.
Mientras la administración estatal intenta recomponer su equipo, los yucatecos exigen cuentas claras. El daño patrimonial ya está a la vista. Falta saber quiénes van a responder.
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