Cierre a un negociazo “pafo” de cinco años Diario.mx
La Columna de
El Diario
-Cierre a un negociazo “pafo” de cinco años
-Quería más y más tiempo Lazo 5 Puntos
-Impuestos y presiones sobre la inflación
-La bomba de tiempo de las pensiones
En medio del temblor que ayer por la mañana sacudió a la Ciudad de México, y que hasta asustó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la primera conferencia matutina del año, retumbó el anuncio de que concluye la regularización de los autos “chuecos” en el país.
En el Diario Oficial de la Federación, en la edición vespertina del 31 de diciembre, quedó abrogado el acuerdo por el que se permitía la importación de vehículos usados y su regularización en 16 entidades del país, entre ellas Chihuahua.
El documento expuso que, de acuerdo con las cifras del Registro Público Vehicular, fueron regularizados dos millones 987 mil 839 vehículos hasta el corte del 25 de noviembre pasado. Con ello, dice, “se dio certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía y contribuyó a garantizar la seguridad pública, al contar con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos…”.
Se supone que los fondos excedentes de esa regularización, más de siete mil 400 millones de pesos, se usaron para pavimentar calles en municipios de cada estado.
Por décadas, desde finales del siglo pasado, en Chihuahua fue un tema que involucró a los gobiernos estatales, obligados por la presión social a abrir etapas de regularización, ya que el Gobierno Federal solo amagaba con los decomisos.
Fueron décadas de movilizaciones de las organizaciones “pafas” y El Barzón, bloqueos, engomados, transas, una gran corrupción aduanera y un negociazo “chueco” validado durante los últimos cinco años. Veremos si ahora es el final definitivo.
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Con la decisión de la administración Sheinbaum hay un reconocimiento tácito de que el decreto para regularizar autos de procedencia extranjera nació como una medida social y terminó como un grave problema de Estado.
Su abrogación confirma en parte que regularizar lo ilegal no equivale a ordenar, por más que haya quienes le quieran poner más significados y conceptos al diccionario político mexicano.
Los millones de vehículos “blanqueados” a bajo costo fueron un beneficio inmediato para miles de familias, sobre todo en la frontera, pero el impacto fue más profundo: distorsión del mercado automotriz, presión sobre vialidades, más contaminación y un mensaje peligroso a la sociedad de que la ilegalidad, con el tiempo, se perdona.
El cierre del programa devuelve el discurso del orden, pero deja un vacío operativo. Nadie sabe cuántos trámites quedaron inconclusos ni qué pasará con quienes se quedaron a medias. El decreto terminó; ahora sigue la incertidumbre.
Sheinbaum manda también una señal política importante de no querer cargar con decisiones heredadas. Pero también debe saber que si hay demanda de “chuecos”, habrá quienes estén dispuestos a satisfacerla, haya o no entrada decretada por la frontera.
Así, cerrar la puerta a los “chuecos” es fácil con un decreto. Lo difícil sigue siendo abrir una vía legal, justa y sostenible para la movilidad de las personas.
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En un denso comunicado, Guillermo Antonio Sánchez Barrón, presidente de Lazo 5 Puntos, la concesionaria de la BRT-2, no aclara el problema de fondo que enfrenta con el Gobierno del Estado; únicamente lo confirma.
En su intento por desmentir a la Secretaría General de Gobierno y a la Subsecretaría de Transporte, la empresa termina por aceptar, sin querer, que ha operado una troncal estratégica bajo el argumento de que el Sistema Integrado de Transporte (SIT) “no existe” plenamente.
Es decir, que la segunda troncal del Juárez Bus funcionó, pero siempre a medias. La empresa cobró sus utilidades, pero bajo una lógica provisional que le prestaba los camiones comprados con el erario; y falló, pero amparada en la etapa “preoperativa”.
La defensa central de la empresa es jurídica, no ciudadana. Asegura que cumplió su concesión porque el SIT no ha entrado en operación efectiva y que, por tanto, podía operar incluso con una sola unidad. El argumento puede ser debatible en tribunales, pero resulta un insulto en términos de servicio público.
Operó masivamente la troncal por 18 meses, en la actual administración, e hizo papelones desde tiempos del corralato para mantenerse con la concesión. Pero todo en fase de prueba, supuestamente.
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El lema morenista de “primero los pobres” empieza a desdibujarse cuando se observa desde la frontera. Los incrementos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los nuevos gravámenes a productos de países sin acuerdo comercial y las retenciones a ventas en línea no son abstracciones macroeconómicas, sino aumentos directos al gasto diario de miles de familias que viven al día.
Un estudio del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM advierte que la inflación podría superar el cuatro por ciento en el primer trimestre de 2026, por encima de la meta del Banco de México.
En ciudades como Juárez, ese punto extra de inflación se traduce en menos comida, menos ropa y menos margen para cualquier imprevisto.
El primer golpe llega por la vía de los llamados impuestos saludables o castigos al pecado. Suben las bebidas azucaradas bajo el argumento de desalentar su consumo, pero se omite el incómodo detalle de que para muchas familias de la periferia esas bebidas siguen siendo más accesibles que el agua potable.
El impacto estimado es de unos 50 pesos adicionales por integrante en una familia promedio, dinero que en la frontera suele salir del gasto en transporte o en alimentos.
El segundo impacto en el Índice de Precios al Consumidor vendrá de impuestos de hasta 50 por ciento a productos importados de países sin tratado comercial.
Vestidos, textiles, ropita accesible y barata de fast fashion, electrónicos y artículos básicos —que se compran en tianguis, tiendas de descuento o por internet— subirán de precio. Son productos que no consume la clase alta, sino quienes buscan estirar cada peso. El aumento salarial del 13 por ciento simplemente no alcanza para compensarlo.
A esto se suman las nuevas retenciones a plataformas digitales. Comprar en línea, una alternativa para ahorrar, también dejará de serlo. Los precios subirán y el golpe será silencioso, pero constante.
Nada de esto viene en la letra grande de los nuevos impuestos, pero ya está en el recibo, en el ticket y en la despensa. Y, como suele pasar, pega más fuerte en el norte. Y en los que menos tienen.
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El incremento en las pensiones y los apoyos a los adultos mayores han sido un factor clave en el empoderamiento de la 4T y en la popularidad de sus dos últimos mandatarios morenistas. Sin embargo, en el mediano plazo podría ser una pesada losa para la economía mexicana.
Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhiben que, hasta noviembre de 2025, el gasto en pensiones alcanzó un billón 512 mil 412 millones de pesos, monto acumulado que supera el billón 340 mil 314 millones de 2024.
Mientras los ingresos públicos aumentaron 2.3 por ciento en los primeros 11 meses de 2025, los conceptos ineludibles de pago crecieron a mayor velocidad. Son los casos de las pensiones contributivas, que avanzaron 8.7 por ciento; las participaciones para estados, que aumentaron 5.7 por ciento, y el pago de la deuda pública, que escaló 11.2 por ciento.
Las pensiones en 2025 representaron 18 de cada 100 pesos erogados por el sector público. Aumentaron casi cuatro veces más que los ingresos públicos y casi duplicaron el gasto conjunto en educación y salud, en un país con una fuerza laboral mayoritariamente joven.
De acuerdo con los estimados más recientes del Consejo Nacional de Población, actualmente las personas adultas mayores representan alrededor del 12.8 por ciento de la población en México, pero en 2070 serán al menos una tercera parte.
De ahí se explican los esfuerzos de la 4T por buscar más ingresos apostando a los impuestos indirectos, mayor deuda y promover la inversión. Las pensiones son bombas de tiempo que pegan en todos los países; se complica si además las convierten en su principal política pública y en su eslogan partidista.
