Rafael Lafita López y otros casos de periodistas en Veracruz SDP Noticias
El caso del periodista Rafael Lafita López, reconocido por su trabajo en la cobertura de hechos de nota roja en Veracruz, nos ha tenido atentos y atentas. Y al gremio periodístico, entre la indignación y el coraje.
No hablo solo de los colegas jarochos. Este asunto nos debe ocupar y preocupar a todos y todas en México.
Rafael ha sido objeto de investigaciones por parte de la fiscalía estatal, que habría interpretado su capacidad para llegar temprano a escenarios de violencia o accidentes como un indicio de actividades ilícitas.
Lafita fue detenido el pasado 24 de diciembre de 2025 y pasó la Nochebuena y la Navidad acusado de varios delitos, entre ellos, terrorismo.
El código penal de Veracruz, en su artículo 311, dice lo siguiente sobre ese delito:
“A quien utilizando explosivos, substancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a treinta años de prisión, multa hasta de setecientos cincuenta días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años”.
Algo entendió mal la Fiscalía de aquel estado, pues la práctica de contar con redes de informantes —integradas en este caso por taxistas, barrenderos y vecinos— es común en el periodismo policiaco, no solo de ahí, de diversas regiones del país.
Lafita no es un terrorista, cuenta con fuentes confiables que le dan el pitazo y suelen ser el primer eslabón para que pueda acceder a información oportuna y llevar a cabo su labor de informar a la sociedad sobre situaciones que afectan la seguridad pública.
Lo que ha generado preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación es que, según estas instancias, el juez asignado al caso habría continuado el juego de la Fiscalía de Veracruz, permitiendo que las investigaciones avanzaran sin tener pruebas prácticamente de nada. Obviamente, hubo quien revictimizó al comunicador, incluso lo declararon culpable desde la comodidad de su sillón, sin saber nada de nada.
La presidenta habla del tema
No fue la primera vez que la presidenta Sheinbaum abordó este penoso asunto.
Hace unos días dijo que se debía investigar qué había pasado y recalcó que debía aclararse por qué se le acusaba de terrorismo.
Ayer viernes, en su primera conferencia de este movido 2026, la presidenta federal Claudia Sheinbaum subrayó que la libertad de expresión es un valor fundamental que está por encima de todo, y en ese contexto anunció una medida clave: los periodistas que enfrentan procesos penales podrán acceder al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin importar su situación judicial.
El Mecanismo de Protección, adscrito a la Secretaría de Gobernación, tiene como misión proteger a comunicadores y defensores que sufren agresiones por su labor. Sin embargo, el acceso a este recurso estaba limitado en algunos casos a quienes no tenían cargos judiciales pendientes, por lo que la nueva disposición representa un avance significativo en la protección del periodismo en México.
Debemos celebrar esta medida, sobre todo, porque hay un preocupante aumento de casos en los que comunicadores han sido investigados o imputados por ejercer su trabajo.
La represión duartista
El caso de Rafael Lafita López no es aislado en la historia de Veracruz. Ese estado ha sido escenario de múltiples episodios que han puesto en jaque la libertad de expresión desde varios años atrás.
En 2011, dos usuarios de redes sociales fueron acusados de terrorismo por difundir mensajes sobre presuntos ataques del crimen organizado a escuelas en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río. Una de las acusadas era la reconocida periodista Maruchi Bravo Pagola, fallecida en 2021. La comunicadora fue perseguida y acosada durante el gobierno de Javier Duarte, preso desde 2018 en el reclusorio Norte y, ese agosto de 2011, parecía que Javidú había logrado, al fin, quitarla de su camino.
Bravo Pagola y el otro detenido, Gilberto Martínez Vera, vivieron un verdadero periplo, pero tuvieron el respaldo de organizaciones internacionales de derechos humanos y periodísticos, que señalaron que se trataba de un intento claro de intimidar el ejercicio de la libertad de expresión. Fue tanto el escándalo que la acusación fue retirada un mes después y los detenidos quedaron en libertad.
Veracruz se ha consolidado como uno de los estados más peligrosos para el ejercicio periodístico en México, con cifras preocupantes de agresiones contra comunicadores y casos de desaparición y homicidio que aún permanecen sin esclarecer.
Estos antecedentes ponen en perspectiva el caso de Lafita López, ya que muestran un patrón de tensión entre las autoridades, la seguridad pública y el derecho a informar y ser informado. Las organizaciones que han seguido la situación en Veracruz destacan la necesidad de garantizar que las acciones de las instituciones no conduzcan a la criminalización del periodismo ni a la restricción de la libertad de expresión.
Censuran a 50 medios comunitarios
En otro orden de ideas, pero dentro del tema de censura a los comunicadores, también en Veracruz está ocurriendo algo que debemos conocer en todo el país debido a su importancia.
Más de 50 medios comunitarios, indígenas y organizaciones están levantando la voz contra el uso indebido de la figura de Violencia Política en Razón de Género (VPG) por parte de partidos políticos, quienes la estarían utilizando para censurar y criminalizar su trabajo periodístico.
Algo peor: esto ocurre pese a que los tribunales electorales ya han determinado que en ninguno de estos casos se configura la conducta que la norma busca sancionar.
Esto es terriblemente grave, ya que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz), por sus pistolas (o porque le da la gana, pues), pretende utilizar la figura de la violencia política contra las mujeres para silenciar medios de comunicación y periodistas.
La VPG representó un hito fundamental para el movimiento feminista en México. Con las reformas aprobadas en 2020, la figura jurídica permitió por primera vez reconocer, nombrar y aplicar sanciones a la violencia ejercida contra mujeres candidatas o que desempeñan cargos públicos, motivada exclusivamente por su género.
No obstante, las organizaciones denuncian que actualmente esta herramienta está siendo desviada de su fin original, convirtiéndose en un mecanismo de presión desde las esferas del poder hacia la ciudadanía, con un impacto particular en las y los periodistas que realizan investigaciones o reportajes sobre temas incómodos.
Según datos de la organización Artículo 19, el uso indebido de la VPG se concentra principalmente en Veracruz, donde se han documentado más de 10 casos durante este año.
Los afectados destacan que estas acciones buscan generar un efecto intimidatorio, limitando la libertad de expresión y el derecho de la población a recibir información veraz y oportuna sobre la gestión pública.
La censura y la violencia contra los periodistas debilitan el escrutinio social y la democracia, ya que la población no puede tomar decisiones informadas. Esto de por sí ya es grave, y si le sumamos el mal uso de figuras importantísimas como la VPG para silenciar voces, mucho peor.
En México ser periodista es parecido a caminar sobre un campo minado, donde decir la verdad puede ser fatal.
Algo va a cambiar, debe cambiar. No perdamos de vista lo dicho por la presidenta ayer en la mañanera.
