Caso Ruta 20: 2 años sin justicia ni reparación para víctimas en León Periódico Correo
León, Gto.- A casi dos años del accidente provocado por el conductor de un camión de la ruta 20 del transporte público, que provocó la muerte de Eduardo Morales Aguirre y lesiones discapacitantes a Rafael Rodríguez, la familia no ha logrado el acceso a la justicia ni la reparación de los daños, pese a que ya cuentan con dos resoluciones institucionales reconociendo que hubo omisiones por parte de la Policía Vial de León, que obstruyeron la investigación.
La familia recientemente obtuvo el reconocimiento de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que derivó en 4 recomendaciones para el municipio de León. Además, la Comisión de Honor y Justicia sancionó a uno de los elementos con 30 días de suspensión sin goce de sueldo, por haber facilitado la fuga del chofer el día de los hechos, impidiendo que fuera debidamente procesado ante el Ministerio Público para determinar su nivel de responsabilidad en el accidente, además de conducir por encima del límite de velocidad permitido.
Los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en la colonia Cerrito de Jerez, cuando Eduardo de 24 años y su tío Rafael de entonces 35, se trasladaban hasta su trabajo en una motocicleta conducida por el joven. En el cruce de la calle Volcán de Jorullo con Cerro de Patambán, su vehículo fue embestido por un camión de la Ruta 20 con el número de unidad LE-967, conducido por José Antonio N.
Según el expediente 0657/2024, resuelto por la PRODHEG el 13 de noviembre de este año, los policías viales que intervinieron ese día en el accidente permitieron que el chofer se retirara del lugar sin ser debidamente procesado por el Ministerio Público, y luego declararon falsamente ante la prensa que éste había sido detenido y puesto a disposición ante la Fiscalía, pese a que éste nunca fue presentado ante la autoridad competente.
Los agentes fueron identificados como Fidencio Camarillo Teherán y Juana Alejandra Navarro Guevara, quienes acudieron como primeros respondientes al lugar de los hechos, además de Jesús Rafael Horta Barroso, quien participó como apoyo tras la alerta de que el conductor se había dado a la fuga.
En sus declaraciones ante la PRODHEG, Jesús Rafael admitió haber localizado al chofer unas calles más adelante, quien le pidió ayuda ante las amenazas de ser golpeado por familiares del joven fallecido y trataron de impedir su escape, por lo cual lo resguardó en la patrulla y lo volvió a trasladar al lugar de los hechos, donde Fidencio autorizó su liberación inmediata responsabilizando al conductor de la motocicleta de ocasionar el percance. Y lo dejaron ir bajo la aclaración de que después sería citado a declarar como testigo.
Por estos hechos la PRODHEG determinó que ambos policías omitieron salvaguardar el derecho humano a la seguridad jurídica de las dos víctimas del accidente, por lo cual se recomendó proporcionar la atención psicológica tanto de Rafael como de las dos familiares directas de Eduardo, continuar con el procedimiento disciplinario iniciado contra los uniformados, así como incluir la resolución en sus expedientes personales y proporcionarles una capacitación institucional.
Mientras que en el proceso disciplinario, iniciado por la Secretaría Técnica de Honor y Justicia bajo el expediente 121/24-PV, se determinó que solo Jesús Rafael Horta Barroso cometió una falta administrativa grave, por la cual el Consejo de Honor y Justicia ordenó una suspensión de 30 días sin goce de sueldo, según la resolución emitida el 31 de octubre de este año.
La defensa legal de las víctimas informó que desde el 21 de agosto de este año, la Fiscalía regional de León dictaminó el no ejercicio de la acción penal en contra de los policías, la cual fue recursada por inconformidad el 22 de octubre, por la cual se llevó una Audiencia de Control Judicial este 18 de diciembre, solicitando la vinculación a proceso de los policías señalados por la omisión en el proceso, la cual sigue en trámite.
Según el representante jurídico Juan de Dios Hernández, la concesionaria de transporte Línea Centro-Américas-Deportiva S.A. de C.V. sigue negándose a reparar los daños por la muerte de Eduardo y las lesiones discapacitantes provocadas a Rafael, pese a que el peritaje acreditó que la responsabilidad fue del chofer por haber excedido el límite de velocidad permitido de 30 km/h, circulando a 38, lo que le impidió frenar a tiempo para evitar arrollar a los tripulantes de la motocicleta.
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