Juicio por la expropiación de YPF: Burford anticipó que le pedirá a la jueza Preska que declare a Argentina en desacato Infobae

Ayer, 24 de diciembre, Burford Capital, el principal beneficiario de la condena en primera instancia contra el Estado argentino por haber expropiado mal a YPF, en 2012, anticipó que le pedirá a la jueza Loretta Preska –quien dictó la sentencia– que declare al país en desacato y la sancione.

“Los acreedores de la sentencia de YPF notificaron a la jueza Loretta Preska el miércoles su intención de solicitar sanciones y un fallo de desacato contra la república, alegando la supuesta omisión de Argentina de presentar ciertas comunicaciones off-channel que, según el Gobierno, escapan a su control. Los acreedores solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026”, destacó un paper de Latam Advisors de ayer.

Según se desprende del cronograma de la presentación, es poco probable que se dicte sentencia sobre ese pedido antes de fines de marzo.

“Argentina se ha opuesto al cronograma propuesto, argumentando que los acreedores buscan una audiencia probatoria indefinida y prematura. La República sostiene que los demandantes no han especificado el alcance, las cuestiones ni los posibles testigos asociados con dicho procedimiento”, resumió la consultora de Sebastián Maril.

Y con respecto a las posibles sanciones, el experto aseguró: “No está claro qué va a pedir Burford. El abanico es muy amplio. Podría solicitar que los funcionarios que se rehúsan a entregar sus dispositivos móviles no pueden ingresar a EEUU. Desconozco si será eso, pero no lo descarto. Luego Preska deberá decidir al respecto”.

Los motivos

La sentencia “madre” de Preska, que condenó al Estado hace dos años a pagar USD 16.000 millones (más de USD 18.000 millones ahora, con los intereses que corren a diario) por haber expropiado mal la petrolera, fue apelada y tuvo su audiencia en octubre. Habrá novedades de ese fallo central el año que viene.

Pero como las sentencias en EEUU pueden ejecutarse mientras corre la apelación, Burford intenta desde el año pasado cobrar. Para eso interpuso varias acciones en el tribunal de Preska, como intentar quedarse con las acciones que el Estado tiene en la petrolera (51%) o demostrar que el Gobierno argentino y la empresa son lo mismo (alter ego).

Como parte del proceso del último punto mencionado, Burford pidió que el Estado entregue mails y chats de funcionarios de este gobierno y del anterior. Luis Caputo y Sergio Massa, entre varios otros. El bufete inglés compró los derechos a litigar en esta demanda hace más de una década y busca demostrar, entre otros cosas, que la empresa y el Gobierno “son lo mismo”.

Argentina argumentó que se trata de información personal y, además, que es muy difícil de rastrear.

En su momento, el Gobierno, por medio de la Procuración del Tesoro, expresó que bajo el derecho estadounidense solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios. Y agregó que según la ley local, esas comunicaciones son propiedad inviolable de sus titulares, y que no tiene acceso a ellas.

Prometió colaborar, pero nunca lo hizo al nivel que el demandante y el tribunal pretendían.

Días atrás trascendió la lista de los funcionarios de este Gobierno (algunos ya no están en el cargo) de los que se pidieron datos:

• Luis Caputo, Ministro de Economía (desde el 10/12/2023)
• Pablo Quirno Magrane, ex Secretario de Finanzas y actual Ministro de Relaciones Exteriores (desde el 28/10/2025)
• Carlos Jorge Guberman, Secretario del Tesoro
• María Carmen Tettamanti, Secretaria de Energía
• Mariela Beljansky, ex Subsecretaria de Planeamiento Energético
• Franco Hernán Mogetta Prevedello, ex Secretario de Transporte
• Luis Octavio Pierrini, Secretario de Transporte
• Hernán Adrián Gómez, Subsecretario de Transporte Aéreo
• José Luis Daza Narbona, Vice Ministro de Economía y Secretario de Política Económica
• Horacio Federico Veller, Subsecretario de Combustibles Líquidos
• Susana Beatriz Casillas, Directora Nacional de la Oficina de Crédito Público
• Jorge Horacio Domper, Tesorero General de la Nación
• Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, ex Secretario de Energía
• Luis Francisco De Ridder, ex Subsecretario de Hidrocarburos
• Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete
• José Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete
• Damián Eduardo Sanfilippo, Subsecretario de Planeamiento Energético
• Antonio Milanese, Subsecretario de Planeamiento Energético
• Guillermo Alberto Francos, ex Jefe de Gabinete
• Eduardo Oreste, ex Asesor de la Secretaría de Energía
• Maggie Luz Videla Oporto, ex Subsecretaria de Hidrocarburos

Además, figuran en el pedido 14 exfuncionarios de la administración anterior. Además, de Massa, por caso, Agustín Rossi (ex Jefe de Gabinete) y Flavia Gabriela Royón (ex secretario de Energía y actual senadora), entre otros. Muchos de ellos entregaron algunos datos, pero Burford puso el foco en dos que, según ellos, aún no lo hicieron: el ministro Caputo y el ahora Canciller Quirno.

Se trata de una causa extensa y enrevesada de la que hay novedades casi todos los días en las varias “capas” y derivaciones que acumuló con los años. En las últimas horas, por caso, Preska tomó una decisión administrativa que benefició a YPF.

¿Declarará la jueza en desacato al país? Es difícil saberlo ahora y habrá que ver cuál es la solicitud final que presentará Burford.

Dos datos. La jueza dice estar “cansada” de estrategias de dilación que, según su criterio, lleva adelante Argentina. Así lo manifestó varias veces en sus escritos y fallos.

Por otro lado, por esos días de marzo, cuando deberá tomar una decisión, se hará en Nueva York la Argentina Week, un evento en Wall Street que contará con la presencia del presidente Javier Milei y con el que se buscará presentar la nueva agenda de inversiones, reformas y oportunidades de su gestión.

No sería nada favorable para esa estrategia que, frente a los grandes inversores de EEUU y el mundo, el país sea declarado un desacato y sancionado por la justicia americana.