Derrames de petróleo: Congreso amplía padrón de damnificados y endurece la fiscalización ambiental Infobae
El Congreso de la República aprobó una nueva ley que amplía el registro de personas afectadas por derrames y fugas de hidrocarburos en el país y refuerza los mecanismos de fiscalización ambiental, en un contexto marcado por conflictos socioambientales no resueltos, deudas pendientes con comunidades costeras y amazónicas, y nuevos episodios de contaminación registrados durante 2025.
En el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, la norma —Ley N.º 32534— modifica la Ley 32190, que creó el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames o Fugas de Hidrocarburos, con el objetivo de precisar su ámbito de aplicación, cerrar vacíos legales y fortalecer la supervisión del Estado frente a emergencias ambientales vinculadas a la actividad petrolera.
¿A quiénes alcanza el registro de afectados?
Con la incorporación de los artículos 3 y 4, la ley establece que el registro se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos ocasionados por empresas del sector que cuenten con autorización sectorial vigente.
De manera excepcional, la norma también permite la inscripción retroactiva de afectados por derrames ocurridos en la costa peruana desde el 1 de enero de 2022, siempre que estos hayan sido declarados en emergencia ambiental. Esta disposición apunta directamente a casos emblemáticos como el derrame de crudo ocurrido en enero de 2022 en la refinería La Pampilla, operada por Repsol.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) será la entidad encargada de proceder con estas inscripciones excepcionales, ampliando el universo de personas reconocidas oficialmente como afectadas.
OEFA asume la fiscalización del cumplimiento de la ley
La norma también refuerza el rol del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que será responsable de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la ley y su reglamento, en concordancia con la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Esto implica que el OEFA podrá verificar no solo el registro de los afectados, sino también el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas responsables de derrames, así como las acciones de respuesta y remediación ejecutadas tras estos eventos.
Reglamento deberá adecuarse en un plazo de 30 días
Como disposición complementaria final, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá adecuar el reglamento de la Ley 32190 en un plazo máximo de 30 días calendario desde su entrada en vigor.
Este ajuste normativo deberá precisar el procedimiento de inscripción para los casos excepcionales —como los derrames ocurridos desde 2022— e incluir condiciones claras, mecanismos transparentes y un protocolo de compensación para las personas afectadas, con el fin de garantizar un proceso justo y verificable.
Respuesta obligatoria ante derrames en el transporte de hidrocarburos
La norma también introduce una modificación clave al Decreto Legislativo 1147, incorporando el artículo 10-A, que obliga a propietarios, armadores y operadores de naves, embarcaciones e instalaciones acuáticas que transporten o comercialicen hidrocarburos a contar con mecanismos de operación o respuesta ante derrames.
Estos mecanismos deberán permitir acciones inmediatas para controlar la fuente de contaminación, contener el derrame y recuperar el contaminante, conforme a planes de contingencia y lineamientos de la Autoridad Marítima Nacional. La ley reconoce como equivalente la certificación internacional de organizaciones de respuesta a derrames de petróleo (OSRO).
Pescadores afectados por Repsol vuelven a exigir reparación integral
La promulgación de la ley ocurre en medio de un renovado reclamo de pescadores artesanales del litoral norte, afectados por el derrame de crudo del 15 de enero de 2022. Organizaciones de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay anunciaron nuevas acciones colectivas, incluida una demanda constitucional por presunta violación de derechos humanos.
Los dirigentes denuncian que, a casi cuatro años del desastre, no existe una reparación integral ni una respuesta estatal efectiva, y cuestionan acuerdos impulsados por la empresa que —según afirman— fueron aceptados bajo presión económica y sin información completa.
Deudas millonarias y remediación ambiental pendiente
Informes de organizaciones como CooperAcción y Oxfam revelaron que, a inicios de 2025, Repsol mantenía más de S/ 2.600 millones en deudas con pescadores y trabajadores de la cadena productiva. Cerca de 5.000 pescadores empadronados tendrían pagos pendientes equivalentes a más de un año de compensaciones, mientras que unos 12.000 trabajadores no reconocidos no habrían recibido indemnización alguna.
En paralelo, reportes técnicos advierten que hasta el 60 % del petróleo vertido en 2022 aún permanecería en el ecosistema marino, lo que equivale a más de 7.200 barriles dispersos en fondos marinos y zonas rocosas. Además, el Minem rechazó 18 planes de rehabilitación ambiental presentados por la empresa por deficiencias técnicas, mientras que entidades como el OEFA, Sernanp y Serfor estiman que la recuperación natural podría tardar entre 5 y 23 años.
Durante el 2025 se registraron nuevos derrames de hidrocarburos en distintas regiones del país. En julio, vecinos de Lobitos (Piura) alertaron sobre un presunto derrame en un pozo de Petroperú que afectó playas turísticas. En abril, el OEFA inició una supervisión por un derrame en el Oleoducto Norperuano, en Amazonas, para determinar responsabilidades e impacto ambiental.
