Saqueo deportivo en Yucatán Sol Yucatán

• Armin Lizama convierte al IDEY en la caja chica de empresas fantasma creadas por funcionarios públicos. Entrega un contrato de más de 2 millones a Maykino, empresa vinculada al auditor superior, Rubén Arjona

• Sus socios, Christopher y Eva Yazmín Castillo Vega, no tienen ninguna relación con la seguridad privada, no aparecen en padrones de experiencia, no cuentan con certificaciones, historial ni infraestructura.

• Ha convertido a la institución en un corredor privado de contratos millonarios que terminan en manos de empresas ligadas a políticos, funcionarios y prestanombres del auditor

Redacción/Sol Yucatán

El saqueo deportivo en Yucatán ya no requiere sombras, se ejerce sin pudor alguno, como si la impunidad fuera un certificado de funcionamiento y el desprecio por los ciudadanos, un requisito administrativo.

Bajo esa lógica opera Mauro Armin Lizama Córdova, director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), quien ha convertido a la institución en un corredor privado de contratos millonarios que terminan en manos de empresas ligadas a políticos, funcionarios y prestanombres, mientras los espacios deportivos se desmoronan, abandonados, vandalizados y sin vigilancia real.

La cínica manipulación de recursos, exhibida en el contrato IDEY-005-2025, no solo desnuda una red que opera con absoluta tranquilidad desde los escritorios del poder, sino que también muestra el profundo desprecio por los yucatecos, por los deportistas, por las familias y por quienes deberían encontrar en los espacios públicos un refugio seguro, no un terreno fértil para la corrupción.

En las últimas semanas, usuarios de canchas, gimnasios, unidades deportivas y estadios han denunciado robos constantes de cableado, luminarias arrancadas, baños destruidos, paredes grafiteadas y zonas enteras sometidas a abandono crónico. En lugares como Villa Palmira, Kukulcán, los polifuncionales y las unidades del norte y el sur de Mérida, el deterioro ya es parte del paisaje cotidiano.

La respuesta del Instituto del Deporte ha sido tan cínica como calculada: no existe voluntad real de reforzar la vigilancia ni de impedir que los espacios deportivos sigan deteriorándose. Lo que sí existe, y en abundancia, es la disposición para simular contratos de seguridad, blindados con lenguaje burocrático, firmados con solemnidad y pagados puntualmente, pero sin un solo guardia adicional en campo. La operación de engaño es perfecta: mientras el vandalismo crece, el IDEY finge contratar protección.

La pieza central de esta simulación es Servicios Empresariales de la Península Maykino, S.A. de C.V., una empresa que resulta sospechosa desde el nombre y más aún cuando se revisan sus orígenes. Fue constituida en 2019 ante el notario Luis Silveira Cuevas, un nombre que aparece, con inquietante frecuencia, detrás de la creación de empresas sin trayectoria vinculadas a contratos públicos.

Su domicilio fiscal es una casa común en Residencial Pensiones, uno de los indicios más recurrentes que delatan empresas fachada creadas para facturar servicios que jamás se prestarán. Sus socios, Christopher y Eva Yazmín Castillo Vega, no tienen ninguna relación con la seguridad privada, no aparecen en padrones de experiencia, no cuentan con certificaciones, historial ni infraestructura.

Y, sin embargo, han logrado adjudicarse contratos millonarios. La explicación, inevitablemente, aparece al escarbar: ambos han sido señalados como prestanombres del auditor superior del estado, Rubén Arjona Ortiz, quien arrastra su propio historial de empresas creadas para vender servicios inflados a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY). Maykino es parte de ese entramado, una pieza más en una maquinaria diseñada para extraer dinero público bajo fachadas perfectamente legalizadas.

A pesar de carecer de cualquier capacidad operativa real, esta empresa recibió un contrato por 2 millones 142 mil 288 pesos para supuestamente vigilar más de veinte espacios deportivos en un plazo de apenas tres meses. Un monto desproporcionado que, al dividirse mensualmente, implica un gasto superior a los setecientos mil pesos al mes.

El contrato establece turnos de vigilancia que requerirían decenas de elementos operativos por día, distribuidos en horarios que, en la práctica, demandarían una plantilla robusta, vehículos, radios, uniformes, supervisores y reportes de actividad. Nada de eso existe. Los usuarios cotidianos de los espacios deportivos lo confirman: no hay guardias adicionales, no hay patrullajes, no hay presencia visible de personal de seguridad. Lo único que existe es el papel.

La simulación funciona con precisión matemática: se factura un servicio inexistente, el IDEY lo sostiene como si fuera real y la empresa vinculada al auditor superior cobra por vigilar espacios donde el vandalismo sigue ocurriendo sin que nadie intervenga.

Lo más grave no es solo que Maykino no preste los servicios. Lo verdaderamente insultante es que el director del IDEY lo sabe. Mauro Armin Lizama Córdova firmó personalmente el contrato, habilitó la adjudicación directa, autorizó el desembolso y permitió que una empresa sin antecedentes ni personal obtuviera un contrato millonario para cuidar instalaciones que, a simple vista, están totalmente desprotegidas.

Su actuación no es producto de ingenuidad ni de incompetencia: es la señal inequívoca de que forma parte de un circuito más amplio donde el dinero fluye hacia empresas amigas, empresas fachada, empresas creadas al vapor o empresas prestadas para la operación política y económica de quienes deberían garantizar honestidad, no violarla.

Las conexiones entre el IDEY y la ASEY, aunque en apariencia pertenecen a esferas distintas, se entrelazan en este caso con la naturalidad de quienes han perdido el pudor. Mientras Rubén Arjona encabeza el órgano que debe fiscalizar las finanzas del estado, su nombre aparece detrás de empresas como Maykino que venden servicios al propio gobierno estatal.

Y mientras Mauro Lizama se presenta como promotor del deporte y la actividad física, sus decisiones benefician a esas mismas empresas vinculadas a funcionarios en activo. No hay error administrativo, no hay descuido, no hay omisión. Lo que hay es un mecanismo aceitado de desvío de recursos.

El vandalismo, que debería ser la prioridad del Instituto del Deporte, se ha convertido en el telón de fondo perfecto para justificar contratos que solo existen en el papel. No importa que los jóvenes entrenen entre instalaciones destruidas o que vecinos eviten acudir a las unidades deportivas por miedo a robos y agresiones.

No importa que las luminarias no funcionen, que los baños estén clausurados, que el pasto crezca sin control o que las canchas permanezcan en penumbra. Lo único que importa es crear la apariencia de una solución contractual, aunque esa solución sea una mentira documentada con firma y sello.

Lo que pasa en el IDEY bajo la dirección de Mauro Lizama es un reflejo claro del deterioro institucional que se ha normalizado en Yucatán. El deporte es solo una fachada más, una bandera que se enarbola en discursos oficiales mientras en la práctica se convierte en vehículo de negocios privados.

Los deportistas no importan, los entrenadores no importan, las familias no importan. Lo que importa es mantener el flujo de contratos hacia empresas que forman parte de una red de intereses políticos. Y en ese camino, las instalaciones deportivas se convierten en ruinas útiles: sirven de pretexto para justificar contratos inflados y al mismo tiempo de recordatorio para la ciudadanía de que la corrupción tiene rostro, tiene nombre y tiene domicilio.

Maykino no es un error, es un síntoma. Lizama no es un desliz, es un engrane. El vandalismo no es un problema, es un argumento. Y el IDEY no está siendo administrado: está siendo saqueado. El mensaje para los yucatecos es tan claro como ofensivo: el deporte no es prioridad, pero sí es negocio.

Y mientras las empresas ligadas a políticos y funcionarios se reparten contratos millonarios, el deterioro de los espacios deportivos continúa a la vista de todos, sin vigilancia real, sin mantenimiento y sin vergüenza.

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