Desplazamiento en Cúcuta por choques en Catatumbo: Defensoría pide atención urgente y alerta por hostilidades Infobae
La ciudad de Cúcuta recibió en la mañana del 23 de diciembre de 2025 a 11 familias, integradas por al menos 30 personas, que se desplazaron desde la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.
El traslado forzado se produjo en medio de enfrentamientos registrados en la región del Catatumbo entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidencias del Frente 33 de las antiguas Farc, según información conocida por autoridades locales.
Las familias llegaron a la capital del departamento buscando protección ante el deterioro de las condiciones de seguridad en su zona de origen. De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos de violencia incluyeron hostilidades armadas que generaron temor entre la población civil, lo que motivó la salida de los hogares hacia un entorno considerado más seguro.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades municipales la activación inmediata de los protocolos de atención humanitaria.
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La entidad pidió garantizar alojamiento temporal, acceso a alimentación, acompañamiento psicosocial y verificación de derechos para las personas desplazadas que arribaron a la ciudad.
En un pronunciamiento oficial, la Defensoría señaló: “Solicitamos a la Alcaldía de Cúcuta ofrecer atención humanitaria inmediata a estas familias. Nuevamente hacemos un llamado para que el ELN y las disidencias del Frente 33 desescalen las hostilidades en el Catatumbo, más ahora en una época en que las familias deberían tener algo de paz”. El mensaje fue difundido tras la confirmación del ingreso de los núcleos familiares al casco urbano.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también se refirió a los hechos a través de su cuenta en la red social X. En su declaración, puso en duda el alcance de los anuncios de cese al fuego realizados por los grupos armados que operan en la región. “Este desplazamiento que se presenta hoy en el Catatumbo evidencia por qué los ceses al fuego anunciados por el ELN, así como por las disidencias del Frente 33 son muy insuficientes, pues no se extienden a las hostilidades que se desarrollan entre estos dos grupos”, expresó.
Marín Ortiz explicó que el riesgo principal para las comunidades no proviene únicamente de enfrentamientos con la Fuerza Pública, sino de las disputas entre organizaciones armadas ilegales que buscan control territorial. “Un factor de riesgo serio y real para la población no es tanto las hostilidades entre la Fuerza Pública y estos grupos, sino entre los grupos ilegales”, indicó en su mensaje.
Las familias desplazadas fueron ubicadas inicialmente en espacios dispuestos por las autoridades locales mientras se adelanta la caracterización oficial. Funcionarios municipales y organismos de socorro verificaron el estado de salud de los integrantes de los hogares, incluidos menores de edad y adultos mayores, con el fin de establecer necesidades prioritarias.
El Catatumbo es una de las regiones con mayor complejidad en materia de orden público en el nororiente del país. En varios municipios, la presencia simultánea de distintos actores armados ha generado restricciones a la movilidad, amenazas a líderes comunitarios y desplazamientos recurrentes. Habitantes de la zona han reportado que, en algunos sectores rurales, la población evita salir de sus viviendas por temor a quedar en medio de confrontaciones.
La Defensoría reiteró que la protección de la población civil es una obligación de todos los actores, y recordó que el Derecho Internacional Humanitario establece límites claros frente a las hostilidades en zonas donde residen comunidades. En su pronunciamiento, la entidad insistió en la necesidad de que las instituciones estatales mantengan presencia permanente en los territorios más afectados.
Desde Cúcuta, organizaciones humanitarias locales señalaron que el flujo de personas desplazadas hacia la ciudad ha sido constante durante el año, aunque en fechas de fin de año se incrementa la demanda de atención social. Los albergues temporales y escenarios deportivos han sido utilizados en ocasiones anteriores para recibir a familias provenientes del Catatumbo.
La situación registrada este 23 de diciembre se suma a otros episodios de movilidad forzada documentados en Norte de Santander durante 2025, en un contexto marcado por disputas armadas, economías ilegales y control de corredores estratégicos. La Defensoría del Pueblo advirtió que, sin medidas efectivas de protección y sin reducción de las hostilidades entre los grupos armados, persisten los riesgos para las comunidades rurales del Catatumbo.
