MICHOACÁN sigue atrapado entre CÁRTELES y atentados; especialistas alertan que estrategia de SEGURIDAD no da resultados Punto Por Punto

En la última década cerca de once coches bomba han explotado en comandancias, oficinas de gobierno y hasta cárceles; sin embargo, la reciente explosión de un auto bomba en la estación de policía de Coahuayana, municipio de Michoacán que dejó 5 personas fallecidas y al menos 10 más heridas de momento, encendió las alarmas y generó pánico, al grado de que las autoridades reconocen que se trató de un acto de terrorismo.

• Aunque los últimos años los ataques ocurrieron en un promedio de uno por año, desde hace 17 años los michoacanos no vivían un atentado de tal magnitud, tal como el ocurrido aquel 15 de septiembre de 2008 en el Zócalo de Morelia — cuando en pleno Grito de Independencia— la Familia Michoacana atacó con granadas a los asistentes y lanzó explosivos contra el edificio de Gobierno, donde estaba Leonel Godoy Rangel, entonces gobernador.

Según las cifras oficiales, ese día ocho personas perdieron la vida y otras 132 resultaron heridas, de ahí que las autoridades federales y locales, calificaron el ataque como un acto de terrorismo, en el contexto de la guerra contra el narco.

Si bien la explosión del coche bomba en Coahuayana, este fin de semana —supuestamente planeado por el Cártel Jalisco Nueva Generación— no es el primero en el país, llama la atención que la Fiscalía General de la República —ahora a cargo de Ernestina Godoy— investigue el hecho como “delito de terrorismo”, tal como el ocurrido en 2008.

Otto René Cáceres Parra, experto en seguridad, comentó que este tipo de ataques vulnera la seguridad interior del país, pero indicó que se debe esperar a las investigaciones oficiales para determinar si la explosión en Coahuayana se trató de un acto “terrorista” o “narcoterrorista”.

“En el Código Penal Federal se establece en el Artículo 139, que efectivamente un elemento como el ocurrido en estos días, responde a un acto terrorista ya que produce alarma, temor entre la población y finalmente población civil resultó afectada con ello”, acotó.

¿Cuál es la diferencia entre terrorismo y narcoterrorismo?

El terrorismo son actos violentos, provocados por personas desde una ideología, esto con la intención de generar terror entre la población y con fines políticos. Mientras que, el narcoterrorismo son actos cometidos por grupos criminales para fines del tráfico de droga, explicó Cáceres Parra.

“El ataque al Grito de Independencia del 2008 en Michoacán, se trató de un hecho terrorista, porque arrojar granadas a la plaza pública , es un ataque dirigido contra la población civil. En el caso de Coahuayana, evidentemente no se buscó atacar a civiles, pero sin duda la explosión del coche bomba tiene repercusiones en la población y en ese sentido puede catalogarse como narcoterrorismo”, acotó.

• Asimismo, el experto en seguridad, recordó que en 2024, el crimen organizado realizó un ataque con coches bomba al penal de Tula, Hidalgo, esto como un operativo del crimen para liberar a nueve internos, entre ellos Artemio “N”, alías “El Michoacano”, líder del grupo Pueblos Unidos.

“Los coches explotan y luego entra el convoy al penal, facilitando así la fuga de varios reos. También, en Guanajuato el año pasado, explotó un coche bomba en la comisaría, dañó automóviles, edificios y una persona fue trasladada al hospital”, recordó.

Atentados con coches bomba en México:

• Guanajuato – El 29 de junio de 2024, en la comunidad de El Sauz de Villaseñor, un vehículo cargado con explosivos fue detonado, mientras elementos de la Guardia Nacional estaban inspeccionando el automotor.
• Guanajuato – El 24 de octubre de 2024, afuera de la Comisaría de Seguridad, explotó un vehículo y la onda expansiva dañó un edificio, a la vez que tres policías resultaron heridos.
• Tamaulipas – El 30 de junio de 2012, un vehículo explotó frente a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, dejando un saldo de siete personas fallecidas y las autoridades informaron que el hecho sería parte de un conflicto entre grupos criminales.
• Nuevo León – Fue el pasado 17 de diciembre del 2010, cuando un automóvil estalló frente a la comandancia de Zuazua, ataque que dejó un saldo de dos personas lesionadas y varios vehículos dañados.

Coahuayana

La Fiscalía General de la República investiga la explosión como un posible acto “terrorista”, y es que hace apenas un mes el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado y en respuesta el Gobierno de México activó el Plan Michoacán.

Los hospitales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas fueron puestos en alerta para recibir a quienes requieran atención especializada, a la vez que varios lesionados fueron trasladados a centros médicos de Morelia.

Este domingo la FGR informó que en se abrió una carpeta de investigación por el delito de “delincuencia organizada” y ya no por el “delito de terrorismo” por este caso, sin embargo, no brindaron las razones de dicho cambio.

• Heridos – 10
• Fallecidos – 5

Drones, minas y coches bomba agravan la crisis de inseguridad

Michoacán es uno de los laboratorios de la violencia más cruda y sofisticada del país: grupos criminales han desplegado drones cargados con explosivos, minas antipersona enterradas en caminos rurales, artefactos improvisados, bloqueos con vehículos incendiados y emboscadas contra fuerzas comunitarias, municipales y federales.

Municipios como Aguililla, Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán han documentado el uso sistemático de estas tácticas de “guerrilla urbana”, y Coahuayana, que lleva varios años resistiendo el asedio del Cártel Jalisco —tal y como Animal Político documentó en esta crónica—, se suma a ese mapa de violencia explosiva.

El coche bomba que los criminales detonaron en ese pequeño municipio del Pacífico confirma una tendencia: la guerra criminal en la región ha escalado del control territorial al uso de armamento artesanal con capacidad de producir daños masivos, en un contexto donde la presencia estatal es insuficiente y las comunidades atrapadas entre los grupos en pugna se ven obligadas a huir.

“Definitivamente, en este 2025 ha habido un incremento de la violencia con uso de drones, minas y explosivos en Michoacán”, subraya una persona integrante del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, que pide anonimato por seguridad.

El Observatorio ha documentado al menos 26 eventos de violencia explosiva —incluyendo minas terrestres y drones— en la región de Apatzingán, entre 2022 y lo que va de este año. Esos eventos dejaron 33 personas muertas (14 de ellos militares) y otras 46 lesionadas, incluyendo un niño de apenas dos años en la localidad de Chandio, en Apatzingán.

Además, el uso cada vez más frecuente de drones cargados con bombas artesanales y de minas antipersona que entierran en caminos rurales —hasta mayo, se habían registrado 10 víctimas por minas explosivas, una cada 14 días— también está generando numerosos episodios de desplazamientos forzados.

Al corte de este diciembre, el Observatorio lleva registrados diez casos activos de comunidades que fueron abandonadas por sus pobladores en 2025, debido a que se convirtieron en territorios minados y en disputa por tierra y aire: Guanajuatillo, Las Anonas, la Salatera, Acatlán, El Capire, El Alcalde, El Guayabo, Cerro Blanco, El Morado y El Mirador.

Sobre el uso cada vez más frecuente de drones y minas, advierte que cada vez es más evidente que existe “una carrera armamentística” entre los al menos 17 grupos criminales que operan en varias regiones de Michoacán, especialmente en Tierra Caliente.

Están desarrollando “tecnología de guerra” y reclutando a “mineros” (especialistas en “plantar” minas antipersona) y “droneros” (operadores de drones), como parte de esa “carrera” por alzarse con la mayor cantidad de armamento de alto poder.

El uso de drones, al alza

Preguntado acerca de por qué esta carrera se está produciendo principalmente en Michoacán, el consultor y experto en seguridad David Saucedo lo explica de la siguiente manera: “en Michoacán, junto con Guanajuato, las mafias locales han ofrecido más resistencia en contra del avance del Cártel Jalisco. Esas mafias locales han contestado a ese avance con una estrategia de utilización de drones cargados con explosivos, minas antipersona, y ahora, como se ha visto en Coahuayana, con la utilización de coches bomba. Y, obviamente, el Cártel Jalisco también está haciendo uso de esas mismas herramientas”.

En el caso de los drones, Saucedo señala que los cárteles descubrieron que pueden hacer ataques a distancia contra sus rivales y contra el Ejército y las autoridades, sin que quienes los operan se pongan en riesgo.

“Además, los drones tienen la característica de que son de bajo costo, pues tanto los aparatos, como las cargas explosivas, pueden construirse de manera artesanal, hechiza”.

“Antes —añade—, se utilizaban como ‘bombas voladoras’. Es decir, se enviaba el dron a estrellarse directamente contra el objetivo. Ahora, los drones pueden soltar las cargas desde el aire y ser recuperados. Además, son muy difíciles de detectar, sobre todo cuando hacen vuelos nocturnos”.

El Observatorio coincide: los drones son el recurso explosivo más empleado, aunque no hay datos precisos sobre cuántos circulan. Identifican focos de uso constante en Buenavista, Paredes del Ahogado, La Ruana y otros poblados fronterizos entre Tepalcatepec y Jalisco, como El Olivo y Cholula.

David Saucedo remarca que, si bien el uso de explosivos y de armas de grado militar, es algo que los grupos del crimen organizado llevan empleando desde años atrás —especialmente organizaciones delictivas, como Los Zetas, de corte paramilitar—, en la actualidad se está convirtiendo en una práctica cada vez más recurrente.

“Antes, solo los ‘diamantes’ de seguridad de narcotraficantes de alto perfil contaban con personal altamente capacitado, con soldados de élite y armas de grado militar. Pero, ahora, ya no es una guardia pretoriana utilizando este tipo de herramientas explosivas, sino que ya las utilizan también las tropas regulares”.

“Además —agrega—, hay una variante en todo esto, y es el uso de esas armas en contra de la población civil, como se ha visto en Coahuayana con el coche bomba. Esto ya forma parte de una estrategia de ‘narcoterrorismo’ que están aplicando algunos cárteles”.

Las exigencias al Estado
El Observatorio Regional expresa preocupación porque ni el gobierno estatal de Alfredo Bedolla ni el gobierno federal de Claudia Sheinbaum han delineado una estrategia explícita para frenar esta “tecnología de guerra”.

“No vemos líneas de trabajo serias. Y el nuevo Plan Michoacán no dice nada explícitamente sobre esta situación”, señala la persona consultada del Observatorio, que plantea tres demandas al Estado.

En primer lugar, “cero tolerancia a las actividades criminales que implementan tecnología de guerra en los territorios de Michoacán”.

“Se necesita una política que haga efectiva la promesa de inteligencia para rastrear las líneas de suministro de los insumos para fabricar estos artefactos explosivos, y de esta manera garantizar que no se van a seguir produciendo en el territorio”.

Violencia vuelve a Uruapan

Una recicladora de plásticos fue atacada e incendiada en Uruapan, Michoacán, en un nuevo hecho de violencia en la localidad azotada por el asesinato de su alcalde, Carlos Manzo, en noviembre pasado.

• Los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Uruapan este lunes 22 de diciembre, luego de que presuntamente un grupo criminal lanzara bombas molotov en contra de la recicladora.
• Los reportes indican que el ataque pudo haber ocurrido debido a que los hombres que lanzaron las bombas molotov anteriormente intentaron extorsionar a la empresa; sin embargo, las autoridades aún no brindan una versión oficial sobre los hechos.

Tras el ataque y el incendio a la recicladora de plásticos, la planta quedó prácticamente destruida.

Los bomberos trabajaron por horas en las instalaciones ubicadas en la colonia 12 de Diciembre, en la Perla de Cupatitzio, y tras terminar sus labores no reportaron víctimas del ataque.

Durante las labores de los cuerpos de auxilio, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para resguardar el perímetro y brindar seguridad al personal de emergencia.

• Luego del fuerte incendio en la recicladora, las investigaciones iniciaron para deslizar responsabilidades. Ahora, fuerzas del orden se mantienen desplegadas en busca de los responsables del incendio.

En Uruapan se mantienen la estrategia Paricutín tras el asesinato de Carlos Manzo, cometido el pasado 1 de noviembre en una plaza pública.

Sin embargo, los hechos delictivos —extorsiones, homicidios y robos— no se han logrado frenar.

Los grupos delictivos operan en la región donde se produce la mayor cantidad de aguacate del país, esto pese a que desde hace semanas se implementó el ‘Plan Michoacán’ para contener la violencia, ya que los cárteles se disputan “la plaza” a sangre y fuego, dejando un clima de inseguridad y violencia.

Detienen a 16 personas en diversos municipios de Michoacán

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con autoridades locales, detuvieron a 16 personas y aseguraron un importante arsenal en Michoacán.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el operativo se confiscaron:

• 27 armas de fuego
• 50 cartuchos
• 16 cargadores
• 8 artefactos explosivos improvisados
• 9 vehículos

Aunado a esto, se realizaron recorridos a pie y visitas a empacadoras e industrias cítricas en diversos municipios, incluyendo Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

Las autoridades informaron que, del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, se han detenido a 241 personas, se han asegurado 118 armas de fuego, 9,350 cartuchos, 484 cargadores, 212 vehículos, 176 artefactos explosivos improvisados, 53 kilos de material explosivo, 75 kilos de marihuana, 764 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, además de la inhabilitación de 16 campamentos y 39 tomas clandestinas.

SSP desactiva dos artefactos explosivos

En una acción coordinada entre autoridades federales y estatales, se desactivaron dos artefactos explosivos en Buenavista, Michoacán, mediante el esquema preventivo del Plan Paricutín, contra la violencia en Uruapan.

Los elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con el personal de la Guardia Nacional (GN), atendieron una denuncia ciudadana en la localidad de Paredes del Ahogado, sitio donde detectaron los citados dispositivos.

Los agentes especializados de manera inmediata implementaron un cerco de seguridad para evitar accidentes mayores.

Y posteriormente neutralizaron con éxito los explosivos improvisados, mismos que contenían una carga de alrededor de seis kilogramos de pólvora cada uno.

Violencia, interrupciones y rezago marcan 2025 en educación en Michoacán

El sistema educativo michoacano cierra 2025 con un panorama alarmante: miles de estudiantes vieron vulnerado su derecho a aprender debido a cierres escolares provocados por la violencia del crimen organizado, paros magisteriales prolongados y una infraestructura educativa deficiente. A esto se suma la desaparición de las evaluaciones educativas y un presupuesto que, aunque aumentó nominalmente, sigue priorizando la asistencia sobre el aprendizaje real.

En comunicado de prensa la organización Mexicanos Primero dicta que el sistema educativo de Michoacán atendió a 1 millón 247 mil estudiantes. Sin embargo, el acceso a una educación universal, inclusiva, laica, gratuita y de excelencia continúa siendo un desafío estructural en la entidad.

Durante 2025, Michoacán fue uno de los estados más afectados por cierres escolares relacionados con hechos de violencia. Registramos suspensiones de clases en los municipios siguientes:

• Zinapécuaro
• Zitácuaro
• Zacapu
• Uruapan
• Queréndaro
• Tepalcatepec
• Tacámbaro
• Buenavista – Tomatlán.
• Erongarícuaro
• Coalcomán
• Coahuayana
• Apatzingán

La cifra más devastadora es que, durante el Ciclo Escolar 2024-2025, medios de comunicación documentaron al menos 120 menores de edad asesinados en Michoacán, según reportes de análisis independientes. Esta tragedia humana representa vidas truncadas y un sistema que no logra garantizar la seguridad de sus estudiantes.

El ciclo escolar 2024-2025 estuvo marcado por múltiples interrupciones causadas por movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los paros magisteriales se anunciaron desde que la Sección XVIII amenazó con no iniciar clases y se extendieron de manera intermitente durante todo el año.

Según análisis que realizamos con base en notas publicadas en medios locales, al menos 20 municipios enfrentaron graves incidencias que incluyeron suspensión de clases, falta de docentes y condiciones de inseguridad. El paro más prolongado ocurrió en mayo de 2025, cuando las dos facciones de la Sección XVIII paralizaron las escuelas durante 15 días hábiles, afectando a más de 900,000 estudiantes de nivel básico.

A pesar de que las autoridades educativas estatales declararon haber completado 180 días de clases, organizaciones de la sociedad civil cuestionan esta afirmación, argumentando que se instruyó a los directivos cerrar los planteles «cuando lo consideraran oportuno», evidenciando una simulación administrativa que oculta el incumplimiento real del calendario escolar.

La infraestructura escolar en Michoacán continúa siendo una de las principales barreras para el aprendizaje efectivo. Según datos recopilados por Mexicanos Primero Michoacán, al menos dos de cada tres escuelas en la entidad no cuentan con servicios básicos y conectividad completas.

Miles de planteles operan con techos que gotean, baños que no funcionan, aulas sin ventilación adecuada y ausencia de materiales didácticos básicos. La brecha digital se ha profundizado, dejando a comunidades enteras sin acceso a herramientas tecnológicas esenciales para la educación contemporánea.

Aunque el gobierno estatal, en la propaganda de su cuarto informe anunció la realización de 1,900 obras en instituciones educativas con una inversión de 2,000 millones de pesos a lo largo de cuatro años, los 590 millones destinados a infraestructura para 12,000 planteles escolares representan menos de 50,000 pesos por escuela, una cantidad insuficiente para atender las carencias estructurales que enfrentan las comunidades escolares michoacanas.

La extinción de Mejoredu y de los órganos constitucionales autónomos implicó la pérdida de más de dos décadas de información sobre evaluación educativa. Durante el ciclo escolar 2024-2025, no se aplicó ninguna de las tres evaluaciones diagnósticas que promovía Mejoredu, dejando al sistema educativo michoacano sin herramientas para medir los aprendizajes reales de los estudiantes.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) no ha garantizado hasta el momento el acceso público a los archivos del INEE y de Mejoredu, manteniendo a Michoacán en la opacidad sobre el verdadero estado de los aprendizajes estudiantiles. Esta ausencia de evaluaciones imparciales impide diseñar políticas educativas basadas en evidencia y mantiene en la incertidumbre el nivel real de preparación de las y los estudiantes michoacanos.

Los indicadores educativos de Michoacán se ubican consistentemente por debajo de la media nacional. Según datos del INEGI, el 6.1% de la población michoacana de 15 años y más no sabe leer ni escribir, cifra superior al promedio nacional de 4.7%. La matrícula en educación preescolar y primaria continúa en descenso, y la tasa de abandono escolar supera el promedio del país.

Las trayectorias educativas revelan que de cada 100 niñas y niños que ingresaron a primaria en 2010, se estima que solo 18 concluirán sus estudios superiores para 2026-2027. La escolaridad promedio en Michoacán alcanzó los 9.0 años, según datos oficiales, pero esta cifra, que no pasa de ser una estimación, oculta profundas desigualdades entre zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes grupos socioeconómicos./Agencias-PUNTOporPUNTO