El Supremo concede al general Augusto Heleno cumplir su condena por golpe de Estado en arresto domiciliario Infobae
El juez del Tribunal Supremo Brasil Alexandre de Moraes ha concedido al general Augusto Heleno Ribeiro --antiguo ministro del Gabinete de Seguridad durante el mandato de Jair Bolsonaro--, cumplir su pena de 21 años de prisión por golpe de Estado en arresto domiciliario debido a que padece alzhéimer.
Ribeiro, de 78 años, acusado de formar parte del "núcleo crucial" liderado por Bolsonaro para mantenerle en el poder a pesar de su derrota en las elecciones de octubre de 2022, fue detenido a finales de noviembre y enviado en un principio a dependencias militares donde estaba previsto que cumpliera su condena.
Sin embargo, De Moraes, instructor de la macrocausa que por el momento ha sellado unos 500 años de penas de prisión para la treintena de personas que participaron en la organización de la trama golpista, ha dado como buenas las alegaciones de la defensa sobre el precario estado de salud del general brasileño.
Ribeiro había alegado durante un examen médico tras su detención que vivía con alzhéimer desde 2018, un año antes de llegar al gobierno de Bolsonaro. No obstante, sus abogados contravinieron esta versión en un escrito enviado al magistrado del Supremo en el que explicaron que se le confirmó la enfermedad en enero de 2025.
Asimismo, a Ribeiro deberá portar una tobillera electrónica, se le suspenderán todos sus permisos para almacenar y portar armas de fuego y solo podrá recibir visitas de sus abogados, médicos, y de otras personas con el aval del tribunal.
De igual forma tampoco podrá comunicarse por teléfono ni utilizar redes sociales. De Moraes ha advertido de que en caso de incumplir algunas de estas medidas, será enviado de inmediato a cumplir la condena en régimen cerrado.
El único del llamado "núcleo central" de la trama en entrar en prisión ha sido el exministro de Justicia Anderson Torres, quien cumple una pena de 24 años en la cárcel de Papuda. El resto, incluido Bolsonaro, han sido encerrados en dependencias de la Policía y las Fuerzas Armadas en base a su condición de militares.
